El pleito de los regidores perpetuos

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El litigio que derivó en las primeras elecciones celebradas por sufragio universal en España.

El origen del pleito de los Regidores Perpetuos lo encontramos en el real auto promulgado en el año 1766 por el entonces rey Carlos III de España, por el cual en aquellos municipios que tuvieran más de dos mil habitantes, éstos podían ejercer de manera temporal dos cargos, conocidos como Diputado del Común, nombre del defensor del Pueblo de la Comunidad Autónoma de Canarias, y Síndico Personero del Común, en un intento de que la plebe tuviera cierta representatividad.

La oligarquía concejil, durante los siglos XVI y XVII, había visto reducidas muchas de las prerrogativas de las que habían gozado hasta ese momento. Eso, unido a una muy precaria situación económica, provocó el surgimiento y ascenso de nuevos grupos sociales, una burguesía agraria y mercantil, frente a las cuales se manifestó un fuerte rechazo por parte del poder preestablecido, como lo demuestra el recurso entablado por el Cabildo de La Palma ante la elección del Síndico Personero de la Isla, Dionisio O’Daly con motivo del miedo a perder el poder, ya que llevaban mucho tiempo desfalcando dinero de las arcas públicas,  como luego se comprobó. De hecho, el Cabildo palmero lo había intentado inhabilitar para el ejercicio de cualquier cargo y evitar así el ascenso de los comerciantes al control municipal.

El procedimiento se incoó alegando como excusa el origen irlandés del comerciante. La dirección del pleito fue encargada al archiconocido abogado Anselmo Pérez de Brito por el comerciante O’Daly.

A pesar de esta virulenta oposición de la vieja oligarquía terrateniente, realmente fueron cediendo paso a la nueva burguesía sin poder evitarlo, en un nuevo movimiento liderado por los anteriormente mencionados, que gozaban de una posición social y económica privilegiada.

Es en el Cabildo de La Palma donde, según consta en el Auto Acordado con fecha de  5 de mayo de 1766, debían elegirse por nombramiento popular dos Diputados del Común a los que se añadiría un Síndico Personero.

El proceso de elección constaba de dos fases, siendo en la primera de ellas en la que los vecinos de cada parroquia elegían a sus compromisarios electores, y en una segunda fase ya éstos últimos eran lo que elegirían a los diputados y al Síndico Personero.

Fue en las segundas elecciones, que se efectuaron en el año 1767, cuando resultaron electos como diputados Mariano Martínez y Domingo Albertos y para Síndico Personero el señor O’Daly,

Tras una serie de acusaciones por parte de los regidores del Cabildo palmero, y las sucesivas réplicas interpuestas por este comerciante ante la Audiencia de Canaria y el Supremo Consejo de Castilla, éste último determinó que se le reintegrase en su cargo de Síndico Personero. Nada más tomar posesión de su cargo, O’Daly planteó un aparatoso pleito acusatorio contra los regidores perpetuos del Cabildo, a quienes acusa de graves faltas en la administración de los fondos municipales, comercio de Indias, gobierno político, etc.

La situación se resolvió a favor del Síndico Personero por sentencia ejecutoria del Consejo de Castilla de 3 de diciembre de 1771, por la cual además de ser castigados los regidores perpetuos con fuertes multas y el pago de las costas, fueron separados de sus cargos prohibiéndoseles además tener cualquier intervención en los caudales públicos.

El Real Consejo decidió que se “aboliera el gobierno de los Regidores perpetuos, destituyéndolos, y disponer que en lo sucesivo fuera elegidos con carácter bienal, por sufragio”.

Fue el 2 de enero de 1773 cuando los regidores por fin cesaron de sus cargos. “El día anterior, se reunieron los vecinos para designar los 24 electores que habían de elegir a los regidores bienales”

Los depuestos regidores vitalicios y sus descendientes siguieron luchando por el apego de sus anteriores cargos pero ninguno pudo volver a obtener título alguno de regidor perpetuo.

Fue pues en La Palma donde las reformas administrativas acometidas por Carlos III hicieron peligrar gravemente el control político-administrativo de los regidores sobre el resto del territorio insular. También es donde mayor vehemencia adquiere la oposición de los mismos a los nuevos cargos municipales, algo entendible teniendo en cuenta la importancia de la isla en ese momento y las fortunas que por allí pasaban. No en vano, en 1558 y por decisión de Felipe II, se creó en Santa Cruz de La Palma el primer Juzgado de Indias. Todos los buques españoles que iban en comercio hacia las colonias americanas eran obligados a registrarse en el mismo.

Sin duda alguna la consecución de los nuevos cargos municipales puede ser considerada una gran victoria para la burguesía palmera, dando lugar a la elección de regidores bienales, frente a los regidores perpetuos que existían hasta ese momento, y derivando en las que se convirtieron en las primeras elecciones que se celebraron por sufragio universal en España.

Este hito histórico-político ocurrido en una isla alejada de los centros del poder centralizado, aunque en la que era la principal ruta comercial y cultural de Europa, goza de una gran relevancia al ser un indicativo de la crisis del Antiguo Régimen, vinculándose así  con la Revolución Francesa de 1789 y las Cortes de Cádiz de 1812.

No en vano señala Domínguez Ortiz al respecto que se trató de una “reforma de indudable cuño democrático” porque las “elecciones se acercaron mucho al tipo de sufragio universal (masculino, naturalmente) que después sirvió de norma en las elecciones a diputados en las Cortes de Cádiz”.

 

 

Bibliografía

 

Domínguez Ortiz, Antonio (2005) [1988]. Carlos III y la España de la Ilustración. Madrid: Alianza Editorial. ISBN 84-206-5970-3.

Calatrava Escobar, J. (1980). Estudios sobre la Revolución Francesa y el final del Antiguo Régimen. Madrid: Akal.

http://www.eldia.es/2009-04-19/palma/palma0.htm

Alberto Jiménez Gallardo

Sevilla, España. Licenciado en Derecho en la Universidad Pablo de Olavide. Master en International Business Operations en la Cámara de Comercio de Sevilla. Experto universitario en Economía del Trabajo. Experto en Community Management. Actualmente ejerce como abogado. Áreas de interés: Nuevas tecnologías, Políticas Públicas, Derecho Mercantil y Derecho Civil.

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