Donde Henry murió sin ser libre: Reforma penitenciaria en República Dominicana (IV/IV)

Cuarta parte:
Disenfranchisement: La última extensión pendiente al sufragio universal

Nota preliminar:

Cerraremos este cuarteto de artículos deteniéndonos en un aspecto muy puntual, que preocupa a los abanderados de los derechos de la persona privada de libertad y que ha quedado -gravemente- olvidado: el derecho al voto de la persona condenada penalmente.

Haremos una excepción parcial. No hablaremos exclusivamente de la República Dominicana, porque el mal del disenfranchisment aqueja a las personas privadas de libertad en la mayoría de los países del mundo, incluyendo en Quisqueya. No obstante, debe señalarse que este tema no ha sido escogido al azar para cerrar esta serie de artículos. El disenfranchisment es una preocupación importante que desajusta la tranquilidad de la comunidad más preocupada por la vida democrática en sentido general y por la vida intra muros. 

En República Dominicana, la privación del derecho al voto de las personas privadas de libertad es de naturaleza dual: legal (aunque cuestionable), en el caso de las personas condenadas penalmente [1], y completamente ilegal, en el caso de la personas recluidas en condición preventiva. Ni a las personas condenadas ni a las preventivas se les gestiona adecuadamente el ejercicio del derecho al sufragio activo. Ello entraña, en ambos casos, la causa principal de la casi irremediable expulsión del tema penitenciario de la agenda de los agentes de la alta política, lo que ha representado una resistencia casi total a proveer a la reforma de los recursos mínimamente necesarios porque el mejoramiento de la vida de las personas privadas de libertad, en tanto ciudadanos democráticamente invisibles, resulta muy poco viable desde el punto de vista electoral, sobre todo si a ello se suma un contexto de populismo vengativo (por llamarlo de alguna manera). Todo ello sin olvidar que esto es, en sí mismo, una vulneración a un derecho fundamental, que no encuentra asidero en los principios de razonabilidad e igualdad, como veremos más adelante. 

Disenfranchisement: La última extension pendiente al sufragio universal.

La pérdida de los derechos políticos de las personas condenadas parece encontrar sus inicios en la Antigua Grecia, donde se les imponía a los castigados el régimen de timoria que consistía en “una forma colectiva de olvidar” a un individuo y requería que el ciudadano “desapareciera de la polis para que su acto cesara de contaminar el honor colectivo” (Pettus, 25 y 31)[2]Todo parece indicar que este concepto emigró a la Antigua Roma bajo el nombre de infamia, un régimen político cuyos titulares estaban bajo la prohibición de ocupar cargos públicos y votar (Schall 2006, 54)[3].

Con la inmigración e influencia romana en Europa, se exportó hasta el viejo continente la noción y el uso de la pérdida de los derechos políticos. Más tarde, con la colonización de nuestro continente, esta practica llegaría a América (Schall, 2006, 54-58). Una vez en el continente americano, y bajo la influencia de la filosofía política lockiana, y las teorías de Rousseau y Hobbes, el disenfranchisement fue justificado y sustentado haciendo uso, entre otras, de la teoría del Contrato Social.

Desde entonces, y hasta la fecha,  en los argumentos a favor de su validez y en el recuento de los fundamentos de la figura se ha hecho referencia al Segundo Tratado de John Locke.[4]  Tal ha sido el caso en la sentencia Green v. Board of Elections of the City of New York, en la que el Juez Friendly justificó la medida estableciendo que “la temprana exclusión de los condenados de la franquicia por muchos estados pudo bien haber descansado en el concepto de Locke, tan influyente en esos tiempos, de que al entrar en la sociedad ‘cada hombre autoriza a la sociedad […] la legislatura de la misma, para hacer leyes en nombre de él, como lo requiera el bien común de la sociedad, a la ejecución de lo cual […] se debe.’ De un hombre que incumple las leyes que ha autorizado a su agente a hacer para su propia gobernanza, podría creerse justamente que ha abandonado el derecho a participar en la administración de [la sociedad].”[5]

Las ideas de Rousseau y otros contractualistas también han sido formuladas como fundamento de las normas de disenfranchisement. Se ha hecho referencia sobre todo a la idea de que “cualquier malhechor, atacando el derecho social, se hace por sus maldades, rebelde y traidor a la patria; violando sus leyes deja de ser uno de sus miembros; y aun se puede decir que le hace la guerra” pues ha violado el Contrato Social y por ello no debe considerarse más miembro del Estado.[6]

En la sentencia del caso Shepherd vs. Trevino, el Tribunal estimó que aquellas personas que han “manifestado una antipatía fundamental a las leyes criminales del Estado o de la nación, violentando aquellas leyes suficientemente importantes como para ser clasificadas como delitos graves […] han incumplido el contrato social y, como personas dementes, han suscitado dudas sobre su habilidad de votar responsablemente.”[7]

Sin embargo, resulta difícil, a lo menos, sostener la figura del disenfranchisement sobre cimientos liberales. En este sentido, Jeffrey Reiman ha señalado, entre otras cosas, que las teorías del disenfranchisement basadas en las ideas liberales antes expuestas, solo pueden encontrar anuencia bajo dos “caminos” posibles pero solo aparentes. El primero es aquel que indica que el criminal parece haber retractado su decisión de suscribir el contrato, y al retractarse pierde el rol otorgado a él por el contrato para la determinación de las leyes. Mientras que el segundo “camino” es aquel que comprende que el delincuente se pone a él mismo en estado de naturaleza o en estado de guerra. Debido a que “no hay autoridad política en el estado de naturaleza, y la autoridad política es al menos inefectiva en el estado de guerra” es necesario deducir que la persona ha perdido su propio derecho a participar “en la dirección de esa autoridad” (Reiman 2005, 10). [8]

No obstante, bien indica Reiman (2005) que el primer argumento parte de una suposición errónea cuya equivocación radica en que “romper una promesa no es lo mismo que negar que la promesa era vinculante, ni viceversa”. En este orden de ideas, para este autor “violar el contrato no es negar que era vinculante”[9], y, consecuentemente, no equivale a retirar el acuerdo o suscripción del contrato. Por su parte, el segundo argumento es, a su juicio, bastante débil pues  considera que el retorno al estado de naturaleza ha sido sugerido por Locke únicamente para el crimen de matar a otro y recuerda que es el mismo Locke quien señala que cada transgresión puede ser castigada tan solo al grado y con la severidad que sean estrictamente necesarios para que el ilícito sea un “mal negocio” para el transgresor de la ley, para darle motivos para arrepentirse y para disuadir a otros de la comisión del acto. Por ello, Reiman ha interpretado que la vuelta al estado de naturaleza consiste, desde el punto de vista liberal y contractual, en una de las penas más gravosas, aceptada por la teoría lockiana únicamente si cumple con los fines antes mencionados y con la exigencia de proporcionalidad, de lo que se deriva que no todo ilícito penal debe conllevar disenfranchisement, sino únicamente, desde el punto de vista estrictamente lockiano, aquellos que realmente lo ameriten en base a un criterio de necesidad (Reiman 2005, 10). Sin embargo, en cuanto a este particular otros han razonado que, tal y como indicaba la sentencia del caso Shepherd vs. Trevino, la perdida de los derechos resultante del incumplimiento del contrato social es proporcional al incumplimiento en si, pues una decisión de ignorar las leyes resulta en una exclusión del sujeto del proceso de hacerlas (Schall 2006, 77).

De todas formas, Schall reconoce, en una cita que, aunque extensa, vale la pena transcribir, que:

A pesar de su atractivo inicial, el uso de la teoría del contrato social para defenderse del disenfranchisement es en realidad engañoso. Bajo un régimen de disenfranchisement, un individuo que viola el contrato social sigue siendo obligado por los términos del contrato, incluso después de haber sido despojado de la posibilidad de tomar parte en las decisiones políticas. Sin embargo, la doctrina del contrato no permite que la parte perjudicada forcé al violador del contrato el cumplimiento de sus obligaciones contractuales sin que el lesionado viole el contrato él mismo.

El contrato puede ser terminado o la parte perjudicada puede aceptar la representación, pero la parte perjudicada no puede limitarse a recoger y elegir qué términos se mantendrán y cuáles no. Dicho recurso carece de fundamento y es, en esencia, lo que el juez Friendly ratifica con su argumento. Cuando un individuo incumple con el contrato social mediante la comisión de un delito grave, “paga daños y perjuicios” al soportar el castigo asociado con el crimen en particular. Pero el delincuente queda sujeto a las leyes de la sociedad, lo que necesariamente significa que el contrato sigue (o es inmediatamente renovado).

Según Locke, una persona sólo está sujeta a las leyes de una comunidad si ella entra en forma explícita o implícita en el contrato social.  Los que no forman parte de la comunidad mantienen la libertad que disfrutaban en el estado de naturaleza, mientras que los que los que sí forman parte de la comunidad tiene voz en la toma de decisiones políticas realizadas por la sociedad. Locke no habla de un estatus intermedio mediante el cual se tiene las restricciones propias de un miembro de la sociedad, sin un papel de acompañamiento en la determinación de las restricciones: ‘la libertad del hombre, en la sociedad, es estar bajo ningún otro Poder Legislativo, mas que el establecido, por consentimiento, en el Commonwealth. . . .’ El que se somete a las leyes de una sociedad sin haber tenido la oportunidad de participar en el proceso legislativo vive bajo el dominio de los que tienen la franquicia. La privación del sufragio consigna a los criminales a una situación no prevista por la teoría del contrato social por la cual son gobernados sin su consentimiento.” (Schall 2006, 77-78)

Otros autores han expuesto su inconformidad con la idea de fundamentar el disenfranchisement por condena utilizando las teorías del contrato social, por considerarlo “inapropiado y obsoleto” (Levine 2009, 224)[10] así como por entender que bajo estos términos el Contrato Social sería “unconscionable” (excesivo e irrazonable) puesto que sería exageradamente favorable para una parte y a la vez una opción significativamente excluyente para la otra (Jhonson-Parris 2003, 132-138)[11], y que, como ha señalado la Corte Europea de Derechos Humanos, “no puede simplemente asumirse que todo el que cumple una condena ha incumplido el contrato social” (Corte Europea de Derechos Humanos 2005, 30).[12]

Otras teorías han sido empleadas para favorecer el disenfranchisement por condena, esta vez  sobre cimientos republicanos, es decir, sobre la idea  de que, contrario a la creencia de enfoque inidividualista, propia de los liberales, los lazos cívicos (“civic bonds”) que unen a los miembros de determinada sociedad, deben primar frente a los intereses y derechos individuales (Schall 2006, 84). En palabras de Gordon S. Wood (1969, 1051), los republicanos tienden a ver al ciudadano democrático como un cuerpo que se mantiene unido por el interés común, como una única pieza orgánica y no como un individuo aislado.[13]

De manera más puntual, la teoría republicana podría argumentarse a favor del disenfranchisement en el sentido de que las personas condenadas por ilícitos penales han demostrado no tener la intención de situar el interés público sobre el propio, supuesto este que los descalifica para la participación en el debate político (Schall 2006, 88).

Por otra parte, dentro de la interpretación republicana, se destacan dos teorías: la de la pureza de las urnas o “the purity of the ballot box” y la de el voto subversivo o “subversive voting”. En resumidas cuentas, estas teorías sugieren que la pureza de las urnas debe ser preservada y que para hacerlo es necesario que a las mismas no tenga acceso el voto de personas que no tienen en cuenta el bien común. Adicionalmente, en el caso de la teoría del voto subversivo, se alega que mediante el disenfranchisement se pretende evitar que el condenado haga uso del voto para promover leyes y políticas tendentes a perjudicar a la sociedad. Sin embargo, la doctrina mayoritaria ha terminado por decantar ambas teorías estableciendo que la naturaleza de los supuestos sugeridos por la doctrina de la pureza de las urnas es casi mítica y poco razonable y que la teoría del voto subversivo carece de fundamento toda vez que resulta difícil establecer realmente si el voto del condenado sería tendente a lastimar el bien común y que privar a alguien de su derecho al voto basándonos en cómo podría votar es una negación de los principios más básicos de cualquier sistema democrático.[14]

Por último, otros teóricos republicanos como Thomas Pangle, sugieren que el disenfranchisement es una forma de educación cívica sobre el voto responsable, pero esta teoría es descartada por estudiosos como Reiman (2005, 8) que argumenta que “la inclusión de los condenados en el proceso político puede proveer también una lección cívica valiosa al público en general.”[15]

Precisamente por la fortaleza de todos los contra argumentos anterioremtne expuestos, a nivel mundial, los vientos parecen soplar a favor de la reconsideración de la valides de las normas relativas al disenfranchisement.

En Europa, países como Albania, Azerbaiyán, Croacia, Republica Checa, Dinamarca, Finlandia, Lituania, Eslovenia, España, Suecia, y Suiza,  permiten que la persona condenada ejerza su derecho al voto, sin importar la naturaleza de la infracción, ni el tiempo de prisión a que fue condenado. Otros países como Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Islandia, Malta, Holanda, Rumania, Eslovaquia y Turquía han aprobado normativas de disenfranchisement para algunos condenados, usualmente aquellos cuya infracción resulta más grave o es relativa a asuntos electorales y democráticos o constituyen infracciones al Derecho Internacional Humanitario. En el caso de Andorra, Armenia, Bulgaria Estonia, Georgia, Hungría, Liechtenstein y Rusia existe una prohibición total ya sea de naturaleza legal o de facto a la participación de los condenados en los procesos democráticos (White 2013, 47).[16]

En América, se aplica disenfranchisement permanente, haciendo del derecho al voto uno irrecuperable una vez cumplida la pena privativa de libertad, en países como Chile, Jamaica y Uruguay (en el caso de ciertas ofensas). Por su parte, países como Costa Rica, Cuba y Surinam dejan la decisión a discreción judicial, mientras que El Salvador solo aplica la medida de disenfranchisement por la comisión de delitos relativos a fraude electoral (Guevara y O´Connor 2007, 122).[17]

Cabe destacar que países como Canadá y Suráfrica han expandido el derecho al voto para incluir a las personas condenadas. En la sentencia Sauvé la Corte Suprema canadiense estableció que “negar a ciudadanos el derecho al voto,  niega la base de la democracia legitima… si aceptamos que el poder del gobierno en una democracia fluye desde sus ciudadanos, es difícil entender cómo el poder puede ser utilizado legítimamente para disenfranchise a los mismos ciudadanos de quienes emana el poder del gobierno.”[18] Similarmente, la Corte Constitucional de Suráfrica (2004), en el caso CCT 03/04, declaró carente de validez y contrarias a la Constitución las normas relativas al disenfranchisement  de los condenados, ordenando que se garantice el derecho al voto de toda persona privada de libertad que cumpla con los requerimientos necesarios para el ejercicio el sufragio. [19]

Es justo señalar que despojar a una persona de su derecho al voto es una práctica muy antigua y obsoleta, que carece cada vez más de solidez, cuyo peso ha caído siempre sobre los hombros de la persona condenada penalmente. De hecho, todo parece indicar, que en muchos países de nuestro continente, y del mundo, estar preso y haber sido olvidado, tal y como se definía la timoria en la Antigua Grecia, ha significado lo mismo por demasiado tiempo. No queremos con ello negar los esfuerzos recientes que se han realizado, sobre todo en América Latina, para mejorar la calidad de vida de los internos en las prisiones del continente. Cabe citar, por ejemplo, la reforma penitenciaria que se lleva a cabo en República Dominicana, que ha sido objeto de estudio durante el transcurso de las entregas anteriores de este trabajo, y los esfuerzos de dignificación realizados especialmente por Ecuador y El Salvador, en los últimos años.

No obstante, el problema del abandono y la indiferencia en la que se encuentran sometidos los internos de nuestra región, no se resuelve del todo mejorando solamente en aquellos aspectos en los que es evidente que el ordenamiento jurídico exige una atención y un seguimiento de mayor calidad. Debe plantearse la cuestión de si el ordenamiento que rige la vida de la persona privada de libertad es verdaderamente justo. Al menos en un aspecto, el relativo al derecho al sufragio, este trabajo pretende haber hecho exactamente eso: cuestionar la validez del despojo del derecho al voto que sufre la persona condenada penalmente.

Sin embargo, el tema de este cuarto artículo no ha pretendido centrarse exclusivamente en abogar por un sistema penitenciario más justo y humano, sino también en abogar por democracias más solidas e inclusivas, por que se reconozca que el sufragio no puede considerarse universal aún y que para ello habría que continuar por el camino de las extensiones al derecho al voto. En fin, a que el abuso carcelario y las democracias pálidas, precisamente las causas que ultimaron a Henry Segarra -que murió sin ser libre- queden atrás, en otro mundo y en otros tiempos.  Es necesario que la historia se siga escribiendo, que mañana se relate la crónica de las democracias y del derecho al voto y se diga: primero votaban los hombres propietarios; luego todos los hombres sin importar su condición económica; eventualmente se ganó la batalla por el sufragio femenino; y, posteriormente, se alcanzó –ahora sí– el sufragio universal, permitiendo que la persona condenada penalmente participara en los procesos democráticos en los que resultarían electos sus representantes, los mismos que emitirían legislaciones y políticas publicas que regirían su vida aun tras las rejas de la penitenciaría.

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Referencias:

[1] Ver artículo 24.1 de la Constitución Política de la República Dominicana, proclamada el 26 de enero. Publicada en la Gaceta Oficial No. 10561, del 26 de enero de 2010 y más de treinta artículos en los que se condena al infractor a “degradación cívica” en el Código Penal de la República Dominicana vigente a noviembre de 2014.

[2] Pettus, Katherine, Irene. FelonyDisenfranchisement in America: Historical Origins Institutional Racism and Modern Consequences. LFB scholarly publish LLC. La traducción es nuestra.

[3] Shall, Jason. (2006).  The consistency of felon disenfranchisement with citizenship theory. Harvard Blackletter law journal. Vol 22. Pag. 54. Sobre esta particular ver también Op. cit., Pettus (pág. 36 y siguientes.)

[4] ver Locke, John. Segundo Tratado sobre gobierno civil.

[5]Green v. Board of Elections of City of New York, 380 F.2d 445, 451 (2do Cir. 1967).

[6]Rousseau, Jean-Jaques. (Versión digital). El contrato social. Capítulo V. Disponible en: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/bas/utopia/html/rousseau.htm

[7]Shepherd v Trevino, 575 F. 2d 1110, 1115 (5to Cir. 1978).

[8]La traducción es nuestra.

[9] La traducción es nuestra.

[10]Levine, Eli L. (2009). Does the Social Contract justify felony Disenfranchisement? Washington University Jurisprudence Review 193. Disponible en:  http://digitalcommons.law.wustl.edu/jurisprudence/vol1/iss1/5

[11]Jhonson-Parris, Afi S. (2003) FelonDisenfranchisement: The Unconscionable Social Contract Breached. Virginia Law Review, Vol. 89, No.1 (Marzo de 2003), 109-138.

[12]Hirst v. The United Kingdom (No.2) [6 de Octubre de 2005] (Solicitud no. 74025/01) Gran Camara, Corte Europea de Derechos Humanos, Estrasburgo, 7 (b), p.30.

[13] Wood, Gordon S. (1969). The Creation of the American Republic 1776-1787, 58, citado por Ewald, Alec C. (2002). Civil Death: The Ideological Paradox of Criminal Disenfranchisement Law in the United States. Wisconsin Law Review 1045, 1060, a su vez citado por Op. Cit., Schall 2006, 84.

[14] Bien lo ha señalado Schall (2006, 81): “Nothing could be more aborrent to a liberal-democratic system tan for certain individuals to be excluded from the franchise based n how they would vote.”

[15] La traducción es nuestra.

[16] White, Isobel (2013). Prisioners Voting Rights. House of Commons Library. Reino Unido. Disponible en: http://www.parliament.uk/briefing-papers/SN01764

[17] Guevara, Marisa y O´Connor, Dan (2007). Barriers to Democracy: A Petition to the Inter-American Comission on Human Rights for a Tematic Hearing on Fellony Disenfranchisement Practices in the United States and the Americas. The Sentencing Project and The International Human Rights Law Clinic, Washington College of Law, American Univeristy. Disponible en: https://www.aclu.org/sites/default/files/pdfs/humanrights/iachr_request_thematic_hrg_disenfranchisement.pdf

[18] Suprema Corte de Canadá (2002). Sauvé v. Canada (Director General de Elecciones), 3 S.C.R. 519, 2002 SCC 68. La Traduccion es Nuestra.

[19]Corte Constitucional de Suráfrica (2004). CCT 03/04. Minister of Home Affairs versus National Institute for Crime Prevention and the Reintegration of Offenders (NICRO). Disponible en: http://www.nicro.org.za/wp-content/uploads/2013/07/NICRO-ConCourt-Judgement.pdf

Carolina Santana Sabbagh

Santo Domingo, República Dominicana. Abogada (Magna Cum Laude); Magíster en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla; y cursa estudios de Maestría en la Facultad de Derecho de la Universidad de Havard, enfocándolos en política y gobierno. Sus áreas de trabajo e investigación abarcan la gerencia y regulación de (a) la gestión pública, (b) la comunicación pública, y (c) la participación político-democrática.

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