El fantasma del Derecho Contractual Europeo

Money in a roll

El gran proyecto de integración europea no se encuentra en su mejor momento. La crisis económica que azotó y sigue azotando gran parte de la Unión Europea ha dejado maltrechos los ideales de integración que buscaban el bien común a través de la armonización. El auge de los partidos anti-europeos es innegable, a pesar de que su poder sea limitado.

A pesar de esta realidad muchos esperamos que la Unión Europea, de una forma u otra, continúe avanzando y evolucionando. Desde el punto de vista legal uno de los grandes obstáculos que quedan por superar es la redacción de un Derecho Contractual Europeo que sea compartido por todos los estados miembros, y que facilite las relaciones comerciales transnacionales dentro de la Unión Europea. La armonización del derecho contractual en el conjunto de la Unión Europea representaría un gran paso adelante en el proyecto de integración, y más específicamente en la integración de los mercados. Es innegable que si se pretende estimular el comercio entre los estados miembros y la movilidad del ciudadano europeos, es esencial dar una respuesta jurídica adecuada y eficaz a los contratos de carácter internacional, y no 27 diferentes.

Aunque la Comisión Europea ha apostado por la armonización del derecho contractual, sus poderes son limitados, y, por lo tanto, también lo son sus resultados.  Sin apoyos la Comisión no puede proponer legislación vinculante sobre los estados miembros. La colaboración del Consejo de la Unión Europea en representación de los gobiernos de los estados miembros es esencial y el reto es inmenso.

El derecho contractual de cada uno de los estados miembros ha evolucionado de manera más o menos independiente desde el final del siglo XVII, cuando el ius commune fue sustituido por los grandes códigos que ayudaron a los impulsos centralizadores de los grandes estados-nación. Ha esto se suma la importancia de la terminología en esta rama del derecho. Cada detalle, palabra o coma puede ser interpretado de una manera diferente. Con el transcurso de los años, en incluso los siglos, cada sistema ha desarrollado frases y palabras características en los que se encapsulan conceptos y definiciones.

Un claro ejemplo de esto es la idea de buena fe, good faith o bonne foi. A primera vista parece que es una idea común compartida por las tradiciones legales de todos los estados occidentales. Nada más lejos de la realidad, la idea de buena fe, los conceptos legales subyacentes en ella y su aplicación a la realidad difieren de tal manera entre los diferentes sistemas legales europeos que sería contrario a derecho su equiparación como meras traducciones.

Otro buen ejemplo son las reglas y la codificación de la solidaridad contractual, tanto activa como pasiva, que también divergen en cada estado miembro, incluso entre aquellos que, como España y Francia, comparten una parte substancial de su derecho codificado. De esta manera, solidaridad, solidarité y joint and several liability distan mucho de ser una traducción aceptable de un mismo término.

Esta complejidad hace necesaria la adopción de nuevos términos bien diferenciados de aquellos arraigados en las tradiciones legales de los estados miembros. El reto es, de nuevo, inmenso. No solo sería necesario que todos los estados miembros se pusieran de acuerdo en una serie de términos de nuevo cuño, sino que deberían rechazar la terminología que han estado usando durante años o siglos. No es arriesgado prever resistencia a este cambio desde multitud de sectores, y hemos de conceder que en algunos casos estaría justificada.

Esta selección de nuevos términos lejos de ser un ejercicio puramente legal implicaría, en muchos casos, un proceso de decisión política que tuviese como resultado un compromiso entre los estados miembros. Sería necesario, por ejemplo, llegar a un acuerdo respecto al poder de los tribunales a la hora de defender a la parte débil de la relación contractual contra las consecuencia de su propia estupidez o ignorancia, ya que en cada estado miembro estos poderes son diferentes.

La repercusión que estas decisiones pueden tener en las legislaciones nacionales no ha hecho más que aumentar la reticencia de muchos estados miembros a este proyecto de armonización. A la cabeza de los que se oponen a este tipo de reforma encontramos, como no podía ser de otra manera, al Reino Unido. La Baronesa de Ashton of Upholland sintetizaba con mucho tino la postura del gobierno británico.

Según la Baronesa, el gobierno británico no ve ninguna necesidad acuciante de implementar un derecho contractual común europeo. Desde el punto de vista británico la mejor opción sería usar el principio de subsidiariedad, dando preferencia a las legislaciones nacionaled para resolver en los casos de carácter internacional. De esta manera, los diferentes sistemas nacionales lejos de ser un obstáculo son vistos como una diversidad positiva que no hace más que incrementar la prosperidad de la Unión Europea. Otro de los argumentos británicos de peso se apoya en un hecho bien conocido, la common law de Inglaterra y Gales es la ley elegida mundialmente en un gran abanico de campos comerciales, incluyendo el mundo financiero, los seguros y el transporte de mercancías.

No todo son malas noticias. En la actualidad existen varios instrumentos que han supuesto un notable avance hacia la creación de un verdadero Derecho Contractual Europeo. Uno de los ejemplos más significativos son los Principios de Derecho Europeo de los Contratos (PDEC). Los PDCE han sido creados por académicos del derecho contractual de toda Europa. Suponen un esfuerzo por sintetizar las reglas básicas de derecho contractual que son compartidas, hasta cierto punto, por todos los miembros de la Unión Europea. La punta de lanza de este grupo de académicos fue la Comisión Lando, al frente de la cual estaba el reputado Ole Lando. El objetivo de la Comisión Lando era crear una serie de reglas generales diseñadas para proveer una máxima flexibilidad y, por lo tanto, acomodar los subsecuentes progresos en el derecho contractual europeo. A pesar de que los PDEC no son de aplicación directa sobre ningún contrato, las partes pueden decidir someter su contracto a los PDEC. Esto es particularmente útil cuando no se llega a un acuerdo respecto a cuál legislación nacional debería aplicarse al contrato.

Los PDCE abren la puerta a la opción preferida por muchos, incluyendo Inglaterra: armonización sí, pero no forzosa. De esta manera, el objetivo sería crear un código contractual europeo cuya implantación total o parcial en las legislaciones nacionales serían opcional para los estados miembros. Si el nuevo código europeo funciona y es realmente eficiente, el propio mercado se encargará de forzar su introducción en las legislaciones nacionales.

Por último, es necesario mencionar que se ha producido cierta armonización en ámbitos de derecho contractual europeo. La protección de los consumidores desde el plano europeo es apoyada casi unánimemente, tanto desde el plano público, por razones obvias, como desde el ámbito privado, donde se opina que esta protección incrementa las oportunidades de negocio para las empresas en el ámbito transnacional.

En conclusión, parece que no tendremos un derecho contractual europeo común en el futuro cercano, y mucho menos un código civil europeo. Sin embargo, iniciativas como los PDEC y avances en campos como la protección al consumidor hacen que el objetivo de la armonización se vea lejano pero no imposible.

Juan Sánchez Pueyo

Sevilla, España. Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Pablo de Olavide. Máster en Commercial and Company Law en la Universidad de Rotterdam. Ámbito de Interés: Transporte de Bienes por Mar, Derecho Comercial, Derecho Internacional Privado, Arbitraje Comercial y Resolución de Disputas, Geopolítica. No creo en verdades absolutas.

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