El café para todos

Acaba de pasar la celebración del Día de Andalucía. Un 28 de febrero que este año marcaba un aniversario con fecha redonda: 35 años desde que Andalucía conquistó su autonomía por derecho propio. Y digo “conquistó”, porque en principio no estaba previsto.

España es un Estado autonómico políticamente descentralizado. Existen diecisiete Comunidades Autónomas, cada una con su propio Estatuto de Autonomía, y dos ciudades autónomas, entes con una gran diversidad desde la perspectiva territorial. Hay dos comunidades insulares: Canarias y las Islas Baleares; dos ciudades autónomas situadas en el continente africano: Ceuta y Melilla; siete comunidades que están formadas por una sola provincia: Asturias, Cantabria, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Islas Baleares, La Rioja y Región de Murcia; y otras nueve comunidades pluriprovinciales: Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia y País Vasco.

Sin embargo, esta distribución territorial no la encontramos en la Constitución que dejó abierta la posibilidad del acceso a la autonomía en el 78.[1] El texto constitucional sólo dice que «España se compone de municipios, provincias y comunidades autónomas».[2] La administración municipal es la unidad administrativa más pequeña, gobernada por el Ayuntamiento. En el siguiente escalón encontramos la administración provincial, constituida por una agrupación de municipios representados en la Diputación. Actualmente en España hay 50 provincias, las únicas unidades territoriales que aparecen identificadas en la Constitución. Por eso les correspondía la iniciativa efectiva del proceso autonómico, a pesar de que los titulares del derecho a la autonomía eran las nacionalidades y regiones.[3] De esta forma, cada provincia decidía si deseaba o no la autonomía y, sobre todo, con quien la deseaba.

Un proceso que, como veremos, se completó entre 1979 y 1983, para el que la CE ofrecía dos vías de acceso –el artículo 143 CE y el 151 CE- cada una de ellas desglosada en dos fases: una de «pronunciamiento» y otra «estatutaria».

La principal diferencia está en que, a través del artículo 151, las funciones no expresamente reservadas al Estado pueden ser asumidas por la Comunidad Autónoma de forma inmediata, mientras que la vía del 143 exigía un periodo de rodaje de cinco años para después reformar el Estatuto e incluirlas.Cruz Villalón sostiene que «entre ambos procedimientos lo que había era una diferencia de ritmo. En el proceso rápido, el Estatuto de Autonomía es formal y materialmente un acto legislativo del Parlamento estatal, que da sobradamente contenido definitivo a un Proyecto de Estatuto presentado por la Comunidad Autónoma en formación. Sin embargo, la fase estatuyente del procedimiento extraordinario, si bien concluye con un acto formal de ratificación de las Cortes Generales, va precedida de un laborioso pacto –acuerdo- entre la futura Comunidad Autónoma y dichas Cortes Generales». [4]

La vía del 151 estaba pensada para las llamadas nacionalidades históricas –Cataluña, Galicia y País Vasco- El resto de los procesos autonómicos estaba previsto que se hicieran por el artículo 143 CE, sin embargo, Andalucía logró sumarse al primer grupo en lo que se conoció como Café para todos.[5]

Los Estatutos de Asturias y Cantabria fueron los siguientes en promulgarse, los primeros por la vía lenta, la regla a seguir a partir de ese momento. Además, la única diferencia, que era el volumen de competencias asumidas, será sólo transitoria. Se permitió, para tranquilizar a las Comunidades Autónomas, que los Estatutos no tuvieran que respetar los límites competenciales establecidos en el artículo 148 CE, pudiendo asumir competencias que, según la CE, sólo habrían podido adquirir pasados cinco años.

La flexibilidad del modelo así configurado permitía, como explica Cruz Villalón, hacer frente a varios objetivos: primero, devolver la autonomía política a las nacionalidades históricas; segundo, posibilitar la regionalización (en principio como descentralización administrativa) del Estado, y tercero, conseguir el máximo respaldo político, también en este aspecto, para la Constitución. Sin embargo, esta desconstitucionalización no implica ausencia de garantía, ya que la descentralización española es un camino de dirección única, sin posibilidad de vuelta atrás. El proceso autonómico tiene un carácter irreversible. Esto es así porque la Constitución de 1978, a diferencia de la del 31, carece de un mecanismo que permita a los territorios que han obtenido el régimen de autogobierno regresar al régimen de centralización.

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Referencias:

[1] La desconstitucionalización de la estructura del Estado; la inexistencia de una estructura de Estado constitucionalmente garantizada. Véase CRUZ VILLALÓN, Pedro (2007), La curiosidad del jurista persa, pp: 388 y 389.

[2] Véase el Artículo 137 CE: «El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses».

[3] El Artículo 2 CE: «reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones». Mientras el Artículo 143 CE establece que «…las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas».

[4] Véase CRUZ VILLALÓN, Pedro (2007) Op. cit., pp: 405-413.

[5] Expresión que pronunció el ex ministro de UCD Manuel Clavero Arévalo, cuando dejó su cartera en el Gobierno y se unió a defender la autonomía plena de Andalucía. Fue el punto de inflexión que posibilitó que el resto de comunidades accedieran al mismo techo de competencias previsto en un principio para Cataluña, País Vasco y Galicia. Así, los pactos autonómicos de 1981 recondujeron el proceso para aplicar el artículo 143 con una transferencia sucesiva de todas las competencias.

Ana Galdámez Morales

Sevilla, España. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla, Máster en Derecho Constitucional también por la Universidad de Sevilla y Estudiante de Doctorado por la UNED. Ámbito de interés: Libertad de Información y Nuevas Tecnologías.

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