Perfiles Jurídicos de las Guerras Carlistas, la Cuestión Foral (I)

Nos hallamos ante la primera de las entregas de una serie de artículos que tienen por objeto analizar uno de los ámbitos jurídicos más relevantes de los conflictos carlistas,  las dos guerras civiles que asolaron el estado español a lo largo del siglo XIX. Ese ámbito, es el relacionado con el problema de integración de las instituciones vascas en el  incipiente Estado liberal español del  siglo XIX, lo que tradicionalmente se ha dado en llamar Cuestión Foral. Para ello vamos a acompañar el desarrollo cronológico, del breve análisis de los textos normativos jurídico-públicos dirigidos a regular importantes aspectos de las Provincias Vascongadas y Navarra, siendo  publicados por la Gaceta de Madrid. Hecha esta breve presentación, ya nos encontramos en disposición de afrontar el desarrollo de los acontecimientos.

En septiembre de 1833 muere Fernando VII, monarca que a lo largo de sus más de veinte años de reinado había alternado breves periodos de modelo de “estado liberal” con el absolutismo propio del Antiguo Régimen, según la constitución histórica de la monarquía: sus antiguas leyes fundamentales y lo establecido en la Novísima Recopilación. Su testamento, hecho público el 3 de octubre nombraba Regente hasta la mayoría de edad de la futura Isabel II, a su cuarta y última esposa, María Cristina de Borbón[1].

Este testamento encontrará la frontal oposición de los partidarios del Infante Carlos María Isidro, hermano de Fernando, quien reclamará la corona acogiéndose al orden sucesorio que Felipe V había establecido en un Auto acordado de 1713 al que se conoce como ley Sálica por alusión a un término de origen franco. Dicho texto había establecido entonces “que fuesen preferidos todos mis descendientes varones por la línea recta de varonía a las hembras y sus descendientes, aunque ellas y los suyos fuesen de mejor grado y línea”. [2]

Años después, en unas Cortes celebradas en septiembre de 1789 para jurar como heredero a Carlos IV, se acuerda su derogación y el restablecimiento del tradicional sistema sucesorio contenido en las Partidas (ley 2, título 5, Partida 2ª) y que se limitaba a dar preferencia al varón sobre la hembra pero solo dentro de la misma línea. El acuerdo pasa al Consejo Real para su publicación pero esta no llega a realizarse, recordemos que la fecha coincide con la Revolución  Francesa, y el panorama político europeo era tremendamente inseguro. Sin embargo es Fernando VII quien se encarga de promulgarlo mediante pragmática sanción del 29 de marzo de 1830. Tras esto, y aprovechando que el monarca cae enfermo en otoño de 1832 el sector más reaccionario de su propio gobierno lo fuerza a que por medio de decreto de 14 de septiembre de 1832 derogue la pragmática, sin que este decreto sea público, disponiendo el texto del mismo que “se conserve reservado en la Secretaría del Despacho de Gracia y Justicia sin darle publicidad y sin ejecución hasta el instante de mi fallecimiento, revocando lo que contra esto disponga en el testamento escrito”. [3]

Por suerte para el sector “Cristino”, desde la expulsión de los ministros más integristas del gobierno, y la toma de otras medidas de similar cariz, como la expulsión del propio Infante Don Carlos, el bando liberal había comenzado a posicionarse muy cercano a la causa monárquica, arrastrando a estas posiciones a la gran mayoría de los liberales españoles.

Por el contrario Don Carlos María Isidro llevaba años aglutinando tras su figura a numerosos realistas descontentos con las derivas liberales que en los últimos años de la Década Ominosa había sufrido el gobierno absolutista de Fernando VII. En la primera rebelión realista, en la conocida como Guerra de los Agraviados en 1826, es donde se escucha por primera vez el famoso grito, ¡Viva Carlos V! [4]

Retomando el punto de partida de la exposición, al no reconocer el archiduque Carlos a su sobrina Isabel II como reina, el 3 de Octubre se autoproclama Rey de  España bajo el nombre de Carlos V, dando comienzo la Primera Guerra Carlista, cruenta guerra civil que desgarrará España en los siguientes siete años, y cuyo matiz foral nos sirve de objeto de estudio central del presente trabajo.

Hagamos un paréntesis en el desarrollo cronológico de acontecimientos, para tratar de arrojar un poco de luz sobre el movimiento y los postulados Carlistas. Es un movimiento muy heterogéneo, compuesto fundamentalmente por tres ramas que se interrelacionan, pero que no tienen necesariamente que confluir en todos los sujetos e intereses que defiende la causa carlista.

En primer lugar nos encontramos con el componente dinástico, observamos en este punto el conglomerado de sujetos e instituciones que buscan se guarde la que entienden como legitimidad sucesoria, esgrimiendo un derecho histórico consumado que curiosamente apenas cuenta con cien años de existencia.[5]

El segundo componente, la defensa del Antiguo Régimen, es a nuestro entender el más fuerte, y el que más presión ejerce, e intereses representa, siendo la pugna entre estos conceptos bastante distantes entre sí de entender la realidad social, económica y política, lo que se convierte en el motor fundamental de las dos grandes guerras civiles que acontecen en España en el Siglo XIX. La lucha entre el Antiguo Régimen enmarcado en la monarquía absoluta, y la renovación que propone el liberalismo.

La segunda pata de este conglomerado heterogéneo que compone el carlismo está compuesta por los integristas defensores del Antiguo Régimen. Un modelo de Estado de súbditos en el que todos los poderes del mismo confluyen en uno solo y este es detentado por el monarca. Una concepción social y jurídica que sigue girando en torno a la figura de Dios como centro del Universo, y que sigue entendiendo el derecho no como un poder de creación detentado por la nación sino como un modelo de explicación, de aplicación de la verdad ya revelada a los hombres por el mismo Dios todo-poderoso, que establece ese Estado de realidades inamovibles. Este fuerte componente del movimiento se traduce en un bajo clero ultramontano y rural, una baja nobleza anclada en el Régimen de Explotación Feudal, y un campesinado que rehúye del modelo de explotación económica y de la tierra, que propone el máximo exponente del liberalismo, la incipiente burguesía.

La última de las ramas que componen esta triada de defensa Carlista, es la que más nos interesa en el presente estudio, la Cuestión Foral, y no es tan intrínseca al movimiento ni tampoco tan temprana, lo que se deduce, por un lado porque es una reivindicación que incorporan los carlistas por primera vez en un Discurso de Don Carlos en 1834[6], y al contemplar que es un asunto que puede estimular su causa comienzan a introducirlo en sus  proclamas a partir de 1836, tercer año de la guerra. Por otro lado, el hecho de que entre 1834 y 1836, los liberales hubieran tomado algunas medidas unificadoras, fue aprovechado por los Carlistas para reunir apoyos a su causa.

Continuemos ahora acercando a la exposición el contenido teórico que sirve de fundamento al complejo entramado Foral de las Provincias Vascongadas y Navarra, para luego volver al discurrir cronológico que hemos dejado aparcado en los primeros años de guerra carlista.

Hemos de comenzar remontándonos a los Decretos de Nueva Planta, mediante los cuales Felipe V unificó políticamente los territorios de la Corona de Aragón, manteniendo en su totalidad los de las Provincias Vascongadas y Navarra. Es importante para entender la autonomía que en el siglo siguiente llegan a tener estos territorios en cuanto a autocontrol se refiere, traer a colación la  fundamentada opinión del profesor Portillo Valdés, para el cual “en la segunda mitad del siglo XVIII las provincias vascas lograron consolidar el espacio provincial como un ámbito de auto-administración controlado por sus propias elites a través de instituciones- juntas, diputaciones y corregimiento- y derechos propios. Si fue con el primer Borbón que Guipúzcoa vio sancionado por el monarca su derecho provincial, conformado por ordenanzas y privilegios varios, cual si de un fuero de Vizcaya se tratara, el mismo trato alcanzó la provincia de Álava en los años setenta y ochenta para su centón de “fueros de la provincia”. A partir de ahí pudo desenvolverse con cierta comodidad un discurso jurídico-político que presentaba a los territorios “exentos” como espacios republicanos adheridos a la monarquía española. La conformación de esta literatura sobre el republicanismo provincial vasco obedecía a la necesidad de imaginar aquellos espacios como territorios jurisdiccionalmente inmunes a una extensión de la capacidad de control del espacio de la monarquía. Esto fue sobre todo exitoso en sus consecuencias prácticas pues sirvió como fundamento sólido a la promoción de una idea de las provincias exentas como espacios también jurisdiccionalmente exentos dentro de la monarquía. A las puertas de la crisis de la misma entre finales de 1807 y comienzos de 1808 puede decirse que se había perfectamente consolidado la noción de jurisdicción provincial. Se trata de un principio que las diputaciones vascas venían insistentemente manejando desde las décadas finales del setecientos y que se demostró enormemente eficaz para consolidar la idea del derecho propio o Fuero como un patrimonio jurídico-político comunitario cuya tutela debía reconocerse en las autoridades propias.” [7]

Entendemos como básico este planteamiento para hacernos una idea aproximada de porque es tan elemental la defensa Foral que tiene en pie de guerra sobre todo a las Provincias Vascongadas en la segunda mitad del siglo XIX. Cuán profundas y robustas han de ser las raíces de estos determinados Fueros para convertirlos en una cuestión tan irrenunciable es la problemática que estamos tratando de soliviantar en estas líneas. Del planteamiento del profesor Portillo se deriva una razón más de literatura proyectada e intencionada que  busca dar vigor a esta jurisdicción provincial irrenunciable, que un verdadero sustrato de costumbres asentadas, que constituyan una esencia inalterable de la organización política-administrativa de las provincias. No queremos decir con esto que ese fuerte substrato foral no exista, sino que se busca dotarlo de unas características jurisdiccionales proto-democráticas que podríamos calificar incluso de anacrónicas, con el objetivo de hacerlo perdurable e irrenunciable pese a que en el resto del Estado se puedan estar proyectando avances en la mayoría de los casos mucho más cercanos a una conformación de un Sistema Constitucional si bien todavía no democrático, pero  sí aceptablemente más próximo a este.

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Bibliografía:

[1] RICO LINAGE, Lecciones de Historia del Derecho Constitucional: El Estatuto Real. (Minerva, Sevilla, 2010)  p.59.

[2]Op. Cit., supra.

[3] RICO LINAGE, Lecciones de Historia del Derecho Constitucional: El Estatuto Real. (Minerva, Sevilla, 2010)  p.59.

[4]Especialmente recomendado para la comprensión de estas circunstancias el visionado del documental Memoria de España: Por la senda liberal, y la consulta del documento de Radio Nacional de España, Las Guerras Carlistas.

[5] RICO LINAGE, Lecciones de Historia del Derecho Constitucional: La Constitución de 1837. (Minerva, Sevilla, 2010)  p.85.

[6]CLEMENTE, JOSÉ CARLOS. Documentos RNE: Las Guerras Carlistas.

[7] PORTILLO VALDÉS,  La jurisdicción contencioso administrativa en España. Una Historia de sus orígenes. Capítulo 8 Fueros Vascos Y Autoadministración. Consejo General del Poder Judicial: Cuadernos de Derecho Judicial. Madrid, 2008. Pgs 295-296.

Antonio Luque Reina

Sevilla, España. Graduado en Derecho por la Universidad de Sevilla. Cursando Máster en Derecho Constitucional en la misma Universidad. Alumno interno del área de Historia del Derecho y de las Instituciones del Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas de la US. Me interesa tanto el presente que me afano en estudiar el pasado.

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