Perfiles jurídicos de las guerras carlistas: La cuestión foral (III)

Caricatura publicada en la revista satírica La Flaca el 10 de septiembre de 1870

Por Antonio Luque Reina

Los tres años de gobiernos progresistas con los que concluíamos la segunda entrega de la serie nos arrojan un saldo bastante positivo en lo relativo al amejoramiento foral en Navarra. A este periodo corresponde la fundamentalísima  Ley de 16 de Agosto de 1841 que organiza la administración general de Navarra, que en palabras de José Yanguas y Miranda venía a podar el orden foral navarro de todos los resquicios feudales y lo actualizaba para su funcionamiento en el contexto constitucional español de 1837.[1]

En lo tocante a la estructuración de la administración foral vascongada, no podemos decir que corrieran igual suerte las iniciativas progresistas encabezadas por el general Espartero, las cuales no habían llegado a ningún puerto cuando en 1843 el movimiento moderado, apoyado en parte por una facción su propio partido, lo obliga a exiliarse. El importante cambio (viraje moderado-conservador) de pensamiento político imperante en las Cortes y el Gobierno conlleva un necesario redimensionamiento del marco constitucional, incluyendo el otorgamiento de una nueva Carta Magna en 1845, la más raquítica del siglo, y que se traduce por supuesto, en un cambio total de perspectiva con respecto a la Cuestión Foral, lo que ya podemos adelantar que únicamente  va a contribuir en dilatar, y engrandecer la problemática que rodea al asunto objeto de nuestro estudio.

En un nuevo sistema político que, pese a ser de signo liberal, evidencia claros síntomas de desconfianza hacia el fortalecimiento de un verdadero Estado constitucional, es fácilmente deducible que no se va a ejercer por parte del gobierno moderado una presión direccionada a conseguir una verdadera implementación constitucional de las provincias Vascongadas. En otras palabras, cómo va a trabajar en la línea de la integración constitucional de las provincias, un pensamiento político dominante que no confía si quiera en que ese modelo de Estado funcione en el resto de las provincias. La primera consecuencia de esa voluntad contra-constitucional de los moderados, es la elaboración de lo que según el profesor Clavero no es más que un simple anuncio de bases para la forma de gobierno sin mayor transcendencia como documento jurídico político[2], es decir, la Constitución de 1845.

Para ver como se busca engarzar la Cuestión Foral en ese nuevo sistema, seguimos una vez más al profesor Portillo, según el cual: “Desde  que en 1844 los moderados se hacen con el mando de la situación, la cuestión foral se encaminará por la senda de tratamiento administrativo y de consolidación de la idea de jurisdicción provincial que tanto defendieron durante la tramitación de la ley de 1839”.[3]

La idea de “jurisdicción provincial” que tan bien acogen los foralistas vascos, se fortalece sobremanera tras la aprobación del Real Decreto de 4 de Julio de 1844 disponiendo que se proceda a la formación de un proyecto de ley que deberá presentarse a las próximas Cortes para hacer en los fueros de las Provincias Vascongadas las modificaciones que se previenen en la ley de 25 de Octubre de 1839. Este decreto sigue la línea moderada, de interpretación de la ley de 1839 como única exigencia constitucional posible al entramado foral vasco, quedando todo lo demás sujeto a posibles negociaciones del gobierno de la Monarquía con el de cada una de las provincias, pero en una posición de aparente igualdad estructural que parece estar todavía bastante vinculada al pactismo más propio del Antiguo Régimen.

El Decreto moderado trata de someter a las Juntas Generales de las provincias a un mínimo control gubernamental, situando al jefe político como presidente de las mismas, para que este estudie por qué en ellas se decide sobre lo contenido en el Decreto, y no sobre otras materias. Si hasta el momento entendemos que tenemos suficientes motivos para prever una verdadera disfuncionalidad en la integración de las provincias en la administración general del Reino, con la introducción de la dicotomía entre la administración foral, y la común con el resto de las provincias, se tiene además que aceptar esta dualidad a nivel local, dando por bueno también esta situación, con la simultanea existencia de ayuntamientos provinciales y forales, es lógico deducir que la problemática del control administrativo de las provincias por parte del gobierno central del Reino se incremente exponencialmente.

Esta forma de tratar la Cuestión Foral por parte de la élite moderada dominante dio pie definitivamente al desarrollo de un completo sistema de administración colonizado por los poderes forales. Siguiendo de nuevo al profesor Portillo, constatamos una consecuencia lógica de esta colonización foral del sistema de administración, y es que cuando son publicadas las leyes de ayuntamientos y diputaciones provinciales, era palpable que no iban a ser estas aplicadas a las provincias vascas, y ante la negativa de la diputación vizcaína a que ninguna autoridad fiscalizara gastos y arbitrios de sus ayuntamientos, una Real Orden de 7 de febrero reconocía la imposibilidad de una aplicación sistemática de la legislación general en las provincias vascas y la necesidad de “una instrucción que las acomodara”.[4]

Estamos ya en situación de poder ir más allá de las meras presunciones para afirmar que el gobierno moderado, con sus políticas forales, estaba dando lugar a una realidad legal provincial completamente distinta a las del resto de España, y que iba a necesitar para la introducción de cada cuestión de una previa adaptación a las provincias forales. Todas las medidas emprendidas por el gobierno con el fin de aplicarlas en toda la nación eran susceptibles de ser foralizadas, y por tanto requerían negociación política para su extensión y ejecución en las provincias vascongadas. Las provincias vascas, aprovechando la permisiva y confiada interpretación moderada de la ley de 1839, habían conseguido una suerte de nuevo uso o pase foral que seguía obedeciendo a los mismos fines que este, someter a control de la élite vasca cada una de las medidas que eran aplicadas de forma homogénea en el resto de territorios del Reino.

Añade en el análisis de esta cuestión el profesor Portillo que el Ministro Pidal, “el mismo que había sentado las bases para el reforzamiento administrativo del régimen foral el año anterior, se daba entonces cuenta de la envergadura que podía tomar el hecho de que se entendiera todo el espacio administrativo provincial como un ámbito de inmunidad administrativa en manos forales. La idea del gobierno, por decirlo así, era que constituyera espacio foral, pero en manos de la administración y no de poderes territoriales”. Y esto último fue lo que realmente ocurrió.

Como era de prever, una vez elegidos, los comisionados encargados de la negociación encaminada a llevar a las Cortes el proyecto contemplado en el Decreto comentado, demoraron el arreglo en todo aquello que no les beneficiaba. Y la tenaz oposición de los mismos, unida a la inestabilidad política que caracterizó a prácticamente todos los gobiernos el reinado de Isabel II, paralizaron todas las medidas que como hemos visto no pasaban el visto bueno de las élites forales que controlaban que se respetara la “jurisdicción provincial”.[5]

Siguiendo con el desarrollo cronológico que guía nuestro camino, llegamos al bienio progresista (1854-1856), que a juicio de la profesora Rico Linage, dada su brevedad y las convulsiones políticas que lo rodearon, no introduce grandes cambios en el estudio de la cuestión.  La década moderada que sucede al bienio progresista, no reporta tampoco grandes cambios en la nueva situación foral que había quedado delimitada con la entrada en juego de los postulados moderados en 1844. En palabras de la profesora Ayerbe Iribar, “las Juntas consiguieron subsistir así, como un régimen foral mutilado, dando lugar a una «nueva foralidad», caracterizada por la amplitud de acción de las Diputaciones forales, vinculándose el fuero con la autonomía administrativa.”

La siguiente etapa que acontece en el convulso siglo XIX es el sexenio revolucionario, que se extiende desde 1868 a 1874, en el seno de la cual, se recrudece el conflicto objeto de nuestro estudio, hasta un punto tal, que vuelve a estallar una nueva Guerra Civil Carlista.    

L os profesores Portillo y Ortiz de Orruño coinciden en destacar que a finales de la década de los sesenta, pese a que eran necesarias reformas y revisiones en la administración foral vasca que había resultado de los proyectos moderados de la década de los cuarenta, reinaba en las mismas un importante consenso social Los mismos profesores coinciden a su vez en situar el detonante de la profunda inestabilidad social y política en el derrocamiento de Isabel II, lo que dividió a la sociedad vasca en dos bandos irreconciliables.[6]

Las instituciones forales vascas pese a haber sido, a nuestro juicio, capaces de mantener buena parte de su estructura y peculiar funcionamiento, se encuentran en continua disputa con el gobierno moderado de la nación, que si bien en un primer lugar se mostró confiado y permisivo con respecto a la cuestión foral, a finales de los sesenta, la presumible tendencia centralizadora  del mismo, había motivado un cambio en buena parte de sus políticas lo que necesariamente conllevaba una erosión considerable en las relaciones.

Es por tanto, fácilmente derivable de lo hasta aquí expuesto, que tras conocerse el derrocamiento, las autoridades forales van a tender a posicionarse dando apoyo a los revolucionarios -unionistas, progresistas y demócratas- siguiendo una tendencia lógica de albergar la esperanza de que con el nuevo sistema constitucional que se vislumbraba se llegará a ver protegida su causa. No obstante, y como era de esperar, muy pronto comienzan a aparecer los primeros recelos en unos fueristas en su mayoría ultra católicos, y conservadores, que vieron con preocupados ojos como se realizaban las primeras elecciones constituyentes con sufragio universal masculino en nuestro país, sin duda un signo inequívoco de avance y progresismo.

Buena muestra del consiguiente poco éxito que las políticas progresistas y demócratas tuvieron en las provincias Vascongadas se percibe analizando los resultados de estas elecciones, ya que de los dieciséis escaños en juego, solo dos fueron a parar a los artífices de la revolución. El resto de los diputados, todos carlistas, se opondrán en sede parlamentaria al anteproyecto constitucional, negando el refrendo a la Carta Magna, y oponiéndose especialmente a la libertad religiosa del art.21 de la misma.[7] Esta  contundente oposición a, lo que la mayor parte de los fueristas entendían como, deriva anticlerical, fue teniendo una importante repercusión en la prensa y en la calle, creando el caldo de cultivo perfecto para que se fueran dando los primeros conatos de disturbios y enfrentamientos, protagonizados por los exaltados Carlistas que volvían a pedir abiertamente la entronización del nuevo pretendiente, Carlos VII.

Se había insistido tanto en la sociedad vasca en identificar fueros y religión, que se entendían como realidades indisociables, y todo lo que amenazara a una de ellas se convertía irremediablemente en enemigo de la otra. A la preocupación religiosa se sumaba además un temor estrictamente político, ya que buena parte de la clase política vasca creía incompatibles la continuidad de las formas de vida y cultura tradicionales, sacralizadas en la fórmula Dios y Fueros, con un Estado democrático y laico.[8]

El auge del tradicionalismo coincide con el descalabro moderado que supuso el derrocamiento de Isabel II tras la Gloriosa. Como hemos apuntado en alguna ocasión en el desarrollo del estudio, la facción liberal moderada había ejercido desde el final de la primera contienda carlista, un papel de lugar común aglutinador de pensamientos y posicionamientos, en muchos casos todavía cercanos al Antiguo Régimen, y que sin duda, habían observado siempre con mucho recelo a la vertiente más progresista y propiamente democrática del liberalismo. Ante el hundimiento de la facción moderada, muchos fueristas y asimilados vascos ven en el renacido carlismo la única vía de posible defensa de su causa. Este heterogéneo movimiento se lanza al camino de la insurrección armada en la primavera-verano de 1872.[9]

El carlismo toma fuerza aprovechando el caos generalizado que impera en España producto de la proclamación de la República, que trituró la coalición revolucionaria, y las posteriores desavenencias entre los propios republicanos que condujeron al país a  la situación de sublevación cantonal e indisciplina que a su vez termino haciendo insostenible la primera experiencia republicana.

En 1875, el pretendiente carlista se proclama rey con el nombre de Carlos VII, y jura los Fueros en Guernika, vinculando más si cabía, la defensa de estos a la causa tradicionalista, lo que hace acrecentar el temor en parte de la sociedad vasca que permanecía fiel al Gobierno, de que estos serían irreversiblemente abolidos si son derrotados los rebeldes.[10] Para atajar el desorden generalizado, un año antes, a comienzos de 1874, el general Serrano apoyado por los militares más conservadores, instaura una dictadura, que aglutina tras de sí a la mayor parte de las fuerzas políticas que sobrevivieron a la debacle demo-liberal, respaldando todas estas, los planes del político malagueño, Antonio Cánovas del Castillo, de restauración de una Monarquía Constitucional y Borbónica para garantizar la estabilidad, tan esquiva al Estado español a lo largo de todo el siglo XIX.[11]

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Bibliografía:

[1] PORTILLO VALDÉS,  La jurisdicción contencioso administrativa en España. Una Historia de sus orígenes. Capítulo 8 Fueros Vascos Y Autoadministración. Consejo General del Poder Judicial: Cuadernos de Derecho Judicial. Madrid, 2008. Pg 301.

[2]CLAVERO, Entre Cádiz y Bergara: lugar de encuentro de la Constitución con los fueros. (Ministerio de Justicia, Madrid), 1989. Passim.

[3] PORTILLO VALDÉS,  La jurisdicción contencioso administrativa en España. Una Historia de sus orígenes. Capítulo 8 Fueros Vascos Y Autoadministración. Consejo General del Poder Judicial: Cuadernos de Derecho Judicial. Madrid, 2008. Pg 304.

[4] ORTIZ DE ORRUÑO Y PORTILLO, La Foralidad y el Poder Provincial. Universidad del País Vasco. 1987. Passim.

[5] RICO LINAGE, Lecciones de Historia del Derecho Constitucional: La Constitución de 1837. (Minerva, Sevilla, 2010)  Pg 86.

[6] ORTIZ DE ORRUÑO Y PORTILLO, El Régimen Foral en el Siglo XIX: Las Juntas Generales de Álava entre 1800 y 1877.  Passim.

[7]RICO LINAGE, Constituciones Históricas, Ediciones Oficiales. Tercera Edición, Sevilla, 2003. Pg 142

[8] ORTIZ DE ORRUÑO Y PORTILLO, El Régimen Foral en el Siglo XIX: Las Juntas Generales de Álava entre 1800 y 1877. Passim.

[9] ORTIZ DE ORRUÑO Y PORTILLO, El Régimen Foral en el Siglo XIX: Las Juntas Generales de Álava entre 1800 y 1877. Passim.

[10] RICO LINAGE, Lecciones de Historia del Derecho Constitucional: La Constitución de 1869. (Minerva, Sevilla, 2010). Pg 140.

[11] ORTIZ DE ORRUÑO Y PORTILLO, El Régimen Foral en el Siglo XIX: Las Juntas Generales de Álava entre 1800 y 1877. Passim.

Antonio Luque Reina

Sevilla, España. Graduado en Derecho por la Universidad de Sevilla. Cursando Máster en Derecho Constitucional en la misma Universidad. Alumno interno del área de Historia del Derecho y de las Instituciones del Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas de la US. Me interesa tanto el presente que me afano en estudiar el pasado.

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