Presuntos culpables en un Estado de Derechos

Por Alba Guevara Bárcenes

“Nadie debe ser condenado por sospecha, porque es mejor que se deje impune el delito de un culpable que condenar a un inocente” [1]

No existe acuerdo respecto a establecer los orígenes del principio de inocencia, mientras algunos autores lo ubican en  el Derecho Romano o en las Siete Partidas,  otros señalan, inclusive la misma Biblia[2], pero de ninguna manera podríamos decir que estos reconocimientos puedan considerarse  como antecedentes del derecho a la presunción de inocencia, ya que es muy conocido por todos, que en el proceso penal inquisitivo no quedaba espacio para la presunción de inocencia, permitiéndose incluso la tortura para obtener la verdad, por ello,  en palabras de Tomás y Valiente[3], en un sistema así, la inocencia era el resultado azaroso  del improbable éxito de la actividad probatoria  de descargo del reo.

No es hasta 1789 que se positiviza por primera vez la presunción de inocencia, como un logro de los ideales de la ilustración, la misma que criticaba seriamente la falta de garantías en el procedimiento inquisitivo, en el cual, el acusado era tratado como culpable desde un primer momento y durante todo el proceso, y este debía probar su inocencia. Es así, que el artículo 9 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, reconoce que a todo hombre se le presume inocente, mientras no haya sido declarado culpable.

En adelante, muchos son los instrumentos internacionales que reconocen el derecho de una persona a la presunción de inocencia, entre ellos, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966; el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950 y la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, entre otros.

La importancia de este principio lo ha llevado a constitucionalizarse en distintos ordenamientos jurídicos, incluido el ecuatoriano,  pasando de ser un principio, para convertirse en un derecho fundamental que vincula a los poderes públicos, es más, las normas  internacionales que hemos citado  forman parte de nuestro ordenamiento y por tanto vinculan tanto a Jueces como a Tribunales, exigiendo de ellos un cumplimiento irrestricto.

La norma Constitucional ecuatoriana, en su artículo 424, determina claramente la obligatoriedad de  que las normas constantes en instrumentos internacionales que reconozcan derechos con contenido más favorable, prevalezcan sobre cualquier norma jurídica o acto del poder público. Así además lo exige el artículo 11.3 de la misma norma, que establece la aplicación directa e inmediata de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, lo que en la praxis implicaría, que  todo ciudadano sea considerado y tratado como inocente de los delitos que se le acusan, hasta que en un juicio, respetuoso del debido proceso se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme.

No obstante lo señalado, a nivel latinoamericano existe un fenómeno tendente  a la flexibilización de las garantías procesales, y  Ecuador no es la excepción a la regla, ya que en la mayoría de los casos, por no decir, en todos,  se presume la culpabilidad y hay que probar la inocencia, esto, como producto de una sutil inversión de la carga de la prueba. Lamentablemente, en los últimos años, esta práctica se ha enraizado con mayor fuerza, diluyendo  el derecho a ser presumido inocente, y en su lugar se ha instaurado el concepto del presunto culpable, como una forma de silenciar y atemorizar a quien piensa distinto.

Varios son los procesos de relevancia pública que permiten llegar a esta conclusión, no obstante, en aras de ejemplarizar el concepto, nos referiremos en concreto al conocido caso los 10 de Luluncoto, operativo Sol Rojo.

En marzo de 2012, varias organizaciones sociales del país  anunciaron su participación en la Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos, actos que fueron contrarrestados, como es común en nuestro Estado ecuatoriano, que se dice de “Derechos”[4], desde el gobierno, con una opulenta campaña desacreditadora, así como, con contramarchas.

El sábado 3 de marzo del 2012, en el barrio de Luluncoto del sur de Quito, diez  jóvenes ecuatorianos[5], se encontraban dispuestos a reunirse de manera pacífica para resolver su participación en la anunciada “Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos”; cerca de las 16h00, un grupo de 40 miembros de las Fuerzas Especiales de la Policía, GIR, y varios agentes de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, ULCO, ingresaron al lugar de reunión de manera violenta, sometiendo por la fuerza a los 10  jóvenes presentes.

El ingreso de la fuerza pública al domicilio se realizó de manera violenta y sin la presentación de la orden de detención y de allanamiento del lugar debidamente conferida por autoridad competente, pese a que los jóvenes solicitaron la exhibición de la orden de detención correspondiente, la misma no les fue entregada sino hasta aproximadamente las 23h00. Es importante indicar  que en el expediente judicial aparecen órdenes de detención en contra de las diez jóvenes  y del allanamiento del domicilio, con las horas de presentación alteradas[6].

Las jóvenes fueron detenidos mientras se encontraban reunidos pacíficamente sin violentar norma alguna; durante el operativo, los miembros de los grupos especiales de la policía sometieron a las diez víctimas a tratos degradantes y crueles, de las evidencias y documentos incautados, entre ellos, varios teléfonos celulares, flash memory, billetes de menor denominación, monedas, juego de llaves, ticket, billetera, maleta, chip, cuaderno, cartuchera de cosméticos y espejo, folder, etc. no existe tan solo uno, que pudiera considerarse útil para atentar contra la seguridad del Estado,  que es el delito que  se les imputo en la audiencia de formulación de cargos.

Lo curioso de esta audiencia de formulación de cargos, entre otras, es que la Fiscal, no sabía porque delito imputar a los procesados, de tal manera que los acusó expresando: “el delito se halla tipificado en el libro II del Código Penal, de los Delitos en particular, título I de los Delitos contra la seguridad del Estado,” y agregó “en este momento no podemos individualizar el articulado por cuanto está en investigación…” es decir, acuso a los jóvenes por 54 delitos y dejo sin establecer el tipo penal por el que se los imputaba.

Adicionalmente, la audiencia fue realizada en Carapungo, norte de la ciudad, desconociéndose la competencia en razón de territorio y materia, primero porque la detención se realizó en el Sur de la ciudad y, esta detención fue producto de una indagación previa  y no un delito flagrante, es más, la propia  fiscalía en audiencia sostuvo  “… que los detenidos formaban parte de una banda organizada para causar alarma social que venía siendo investigada, desde el 30 de noviembre de 2011, que se inició la investigación correspondiente ya que ésta banda estaría operando a nivel nacional, especialmente en Cuenca, Quito y Guayaquil..” , sin embargo de estas notorias vulneraciones al debido proceso, el Juez de la causa, dicta medidas de prisión preventiva, aduciendo la peligrosidad de los procesados y la falta de arraigo social.  Todos los recursos propuestos fueron negados aduciendo peligro de fuga de parte de los diez jóvenes.

Oportuno es indicar que el 4 de marzo, se llevó a cabo una rueda de prensa  en la que el  Ministro del Interior, José Serrano, anuncio  públicamente la captura de 10 líderes dirigentes del Grupo de Combatientes Populares (GCP), indicando además “estos presuntos integrantes no eran meros operadores, eran en realidad los cabecillas, los líderes de esta célula subversiva” cuyo objetivo era “desestabilizar nuestra democracia”.  Afirmaciones que tenían por objeto estigmatizar a los jóvenes ante la opinión pública.

En la audiencia de llamamiento a juicio, fiscalía presento dictamen acusatorio por el delito tipificado en el Art. 160[7]  del Código vigente a la época, delito laxo que no había sido utilizado en el país, desde la dictadura de 1971, y que contiene una infinidad de conductas; sin tomar en consideraron los alegatos y pruebas de la defensa, y peor aún, sin la existencia del nexo causal que involucre a los jóvenes detenidos con las bombas panfletarias,  el Juez de la causa  llamo a juicio a los acusados y ratifico la prisión preventiva.

Finalmente para el 21 de enero  de 2013, el Tribunal Tercero de Garantías Penales, fija la audiencia  de juicio, en la que, los testigos de fiscalía quienes eran miembros de la policía nacional, no pudieron determinar la relación de los procesados con grupos terroristas, ni con la colocación de bombas panfletarias, pero si su relación con grupos estudiantiles de izquierda.

El 13 de mayo de 2013, se condenó a los 10 jóvenes a un año de prisión correccional en calidad de autores del delito de tentativa  de actos de terrorismo, ya que según el Tribunal “los acusados forman parte de una asociación, u organización autocalificada como comando, quienes pretextando fines sociales, económicos, políticos, revolucionarios, reivindicatorios o proselitistas, tienen por objeto, como se autodefinen en sus manuales encontrados y presentados en la audiencia de juicio, delitos contra la seguridad común de las personas y bienes, por la fuerza mediante las denominadas bombas panfletarias o de otro tipo, amenaza o intimidación a lugares públicos con el propósito de hacer frente a la fuerza pública en respaldo de sus intenciones, planes, tesis o proclamas, atentando en contra de la comunidad, de sus bienes y servicios, subsumiendo su conducta en el tipo penal de actos de terrorismo en los términos del artículo 160.1 del Código Penal”.

No se puede dejar de mencionar que los testigos de Fiscalía, jamás pudieron afirmar o probar que los jóvenes hayan colocado bombas panfletarias, o que en el allanamiento hayan encontrado explosivos o material para elaborarlos, lo que si encontraron fue literatura de izquierda, posters y otros, materiales propios de grupos afines a esta ideología, lo que no  convierte  per se, en un terrorista.

En el caso in examine, podemos detectar con absoluta claridad una vulneración del derecho a la presunción de inocencia, lo que conllevo a la transgresión de los demás derechos constitucionalmente protegidos, entre ellos, el derecho al debido proceso, la libertad física, derecho a la defensa,  conforme lo analizaremos a continuación.

Los primeros actos arbitrarios, inician con el allanamiento y detención de los 10 jóvenes, a quienes jamás se les exhibió la orden de detención y allanamiento,  requisito sine qua non para ingresar a  un domicilio, se prevé la excepción cuando se trata de delito flagrante, no obstante de las propias declaraciones de fiscalía se dejó en claro que los detenidos estaban vinculados a una organización  que operaba en Quito, Cuenca y Guayaquil, donde explotaron bombas panfletarias y que venía siendo investigada desde el 2011, con  lo cual se desvirtúa la flagrancia.

Fiscalía por su parte viola el principio de tipicidad, acusando a los jóvenes por más de 50 delitos, que pudiendo encontrarse determinados en la norma, se requiere su individualización, toda vez que la tipicidad cumple con garantizar el principio de legalidad en Derecho Penal, por cuanto, solo el comportamiento recogido en un tipo de delito puede fundamentar la responsabilidad penal[8], lo que origina que comprobado el comportamiento se determine lo antijurídico o no  de la acción.

No obstante de lo señalado, más reprochable aun, es la actuación del Juez de Garantías Penales, quien a más de no ser competente para conocer el presente caso, resuelve procesar a los jóvenes, por un Titulo del Código Penal, en su argumentación sostiene “…SEGUNDO.- Los hechos narrados tanto por la Fiscalía como por las partes intervinientes, han dado un relatado claro, preciso y unívoco del hecho…  El delito se halla tipificado en libro II del Código Penal, de los Delitos en particular Título I de los Delitos Contra la Seguridad del Estado, no se individualiza el articulado por cuanto fiscalía está en investigación.– TERCERO.  … se establece que existen indicios y presunciones graves sobre la existencia de un delito tipificado en la Ley Sustantiva Penal, así como también existen indicios y presunciones graves sobre la participación de cada uno de los procesados, ya que se encontraban en un lugar determinado, reunidos dentro de un inmueble, provenían de diferentes partes del país como son Cuenca, Guayaquil, Esmeraldas y Quito, entre ellas, ciudades donde explotaron bombas panfletarias en contra del Gobierno. …”además ordena la prisión preventiva.

Resulta evidente que para el Juez,  la responsabilidad de los jóvenes se determinó por encontrarse reunidos y provenir de ciudades en donde habían explotado bombas panfletarias. Nos preguntamos, ¿en dónde queda el nexo causal entre la infracción y los responsables?, ¿eran suficientes estos indicios, para considerarse probados, graves, precisos y concordantes, al punto de ordenar la prisión preventiva?, la respuesta, sin temor a equivocarnos es no, sin embargo, lo que sí es indiscutible y univoco  es que los representantes del Estado, no tenían idea, respecto a que delito imputar, lo importante era mostrar la capacidad represiva estatal, como mensaje de poder omnímodo.

La prisión preventiva según ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe cumplir con ciertos presupuestos, entre ellos, que el imputado intente eludir el accionar de la justicia, o que intente obstaculizar la investigación judicial. Es más, el uso recurrente de esta medida, mucho más allá de su carácter excepcional, constituye  una flagrante violación a los derechos humanos, más aun,  cuando se funda tal medida en fines preventivos como la peligrosidad del imputado, la posibilidad de que cometa delitos en el futuro o la repercusión social del hecho[9]. Sin embargo, somos testigos silenciosos, que en nuestra realidad jurídica procesal, vulnerar el derecho a la presunción de inocencia y recurrir a la privación de la libertad es una constante.

No debemos olvidar que la libertad personal constituye uno de los atributos inherentes a la dignidad de la persona, por lo que el Estado no puede vulnerar esa esfera individual, sino de manera limitada. Doctrinalmente se sostiene la incompatibilidad de la prisión preventiva con el principio de inocencia, inclusive si esta pretende cumplir con necesidades procesales, bien afirma Ferrajoli, todo arresto sin juicio ofende el sentimiento común de la justicia, al ser percibido como un acto de fuerza y de arbitrio [10], por ello, la Corte Interamericana ha sostenido que la prisión preventiva, se convierte en una pena anticipada.

En cuanto a la sentencia y la vulneración al Derecho a la Defensa, en palabras de Jaen Vallejo, el derecho de defensa comprende no solo el de alegar y contradecir los hechos objetos de acusación, sino también la posibilidad de alegar y contradecir sobre todos los elementos esenciales de la calificación jurídica[11], es decir,  implica la facultad del procesado de alegar, actuar prueba y contradecir la actuada por el Ministerio público o por el ofendido.  Su importancia radica en la íntima relación que tiene con el principio acusatorio, toda vez que, no se puede condenar a una persona que no haya tenido la oportunidad de defenderse de una acusación dentro de un juicio, por cuanto debe existir una estrecha relación entre la acusación y la sentencia.

Ahora bien, la condena por un tipo penal, por un delito, del cual los diez jóvenes no estaban acusados y por ende no pudieron defenderse, no solo vulnera el derecho a la defensa, además  es ilegal e inconstitucional, por cuanto envía un claro mensaje a la sociedad, de que no se está juzgando actos o hechos, sino a personas, retrocediendo algunos siglos en el Derecho Penal.

Esto, es solo una evidencia claraque lamentablemente al sistema penal lo han convertido en una estructura que abandona garantías y superpone intereses políticos.

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Referencias:

[1] ULPIANO: Dig. 48, 19, 5 en traducción de Obiols Taberner: Selección de  Textos del “Corpus Iuris Civile”, Valencia, pág. 181.

[2] DEUTERONOMIO  19.15, Un solo testigo no bastará para condenar a un hombre acusado de cometer algún crimen o delito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de dos o tres testigos.

[3] TOMAS y VALIENTE, F, Indubio Pro Reo: libre apreciación de la prueba y presunción de inocencia, en Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 20 (1987), págs. 9-34.    

[4] El Art. 1 de la Constitución ecuatoriana establece que “…  Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia…”, lo que implica  que estos derechos se priorizan sobre cualquier otra norma  jurídica  u organismo estatal que pretenda lesionarlos.

[5]Siete hombres y tres mujeres:  Christian Royce Gómez, Ana Cristina Campaña, Jescenia Abigail Heras, Pablo Andrés Castro, Luis Santiago Gallegos, César Enrique Zambrano, Víctor Hugo Vinueza, Luis Marcelo Merchán,  Héctor Javier Estupiñan y Fadua Elizabeth Tapia Jarrín, quien estaba embarazada.

[6] Denuncia presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, numeral 16.

[7]Art. 160 CP. .- “El que con el fin de cometer delitos contra la seguridad común de las personas o de los bienes, fabricare, suministrare, adquiriere, sustrajere, arrojare, usare, o introdujere al país armas, municiones o bombas explosivas, materias explosivas, asfixiantes o tóxicas, o sustancias o materiales destinados a su preparación, será reprimido con reclusión mayor ordinaria de 4 a 8 años y multa de cuatrocientos cuarenta y dos a ochocientos ochenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de Norte América…”

[8]CUELLO CONTRERAS, Joaquín, MAPELLI CAFFARENA Borja, Curso de Derecho Penal, Parte General, Editorial Tecnos, Madrid,  2011, pág. 61.

[9] GARCIA FALCONI Ramiro, AMBOS Kai, Temas Fundamentales del Derecho Procesal Penal, Tomo I, Editora Jurídica Cevallos, Quito, 2011, pág. 268.

[10] FERRAJOLI Luigi,  Derecho y Razon, Sexta edición. Editorial Trotta, Madrid, 2004, pág.555.   

[11] JAEN VALLEJO Manuel, Derechos Fundamentales del Proceso Penal, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Colombia, 2004, pág. 74.   

Alba Guevara Barcenes

Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador, Abogada litigante, máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla, Candidata a Doctora en Derecho por la misma Universidad, Profesora de la Universidad Internacional del Ecuador en el área de Derecho Constitucional. Enfocada en el trabajo alrededor de los Derechos Humanos a grupos de poblaciones vulnerables.

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