Reflexiones sobre la reforma de la ley electoral

Por Carlos María Albo Rodríguez

La intencionalidad del presente artículo es generar un debate sobre la conveniencia de una reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General; para así poder plantear un sistema representativo que se ajuste en mayor medida a las preferencias políticas de los españoles expresadas en las urnas, así como fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones.

Para la elección del Congreso de los Diputados en España, el modelo recogido por la Constitución de 1978 establece a la provincia como circunscripción, con la excepción de Ceuta y Melilla, determinando que habrá de elegirse al menos un diputado por cada una de ellas, además situar el abanico de representación entre los trescientos y cuatrocientos diputados. Sin embargo, en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) no existe un precepto que haga variable, dentro del margen constitucional, la cantidad de diputados en Cortes en relación al cuerpo electoral, sino que lo fija en 350 diputados. También establece que se elegirán obligatoriamente 2 diputados por cada provincia como mínimo, a excepción de Ceuta y Melilla, con uno cada una, distribuyéndose el resto en relación a la población de cada una de las provincias. Además, emplea como sistema electoral el distributivo en la variante d’Hondt.

La combinación del distrito provincial y la aplicación del sistema de distribución d’Hondt en dicha circunscripción electoral supone un fuerte perjuicio a las fuerzas menores de ámbito estatal, con un electorado disperso en el conjunto del territorio, pero sin una importante presencia en alguna o varias provincias concretas. En cambio, a los partidos regionalistas, con presencia en pocas provincias, pero en muchas de las cuales consigue ser la primera o segunda fuerza más votada, les supone, con un número de votos muy reducido en relación al conjunto del Estado, obtener una amplia representación parlamentaria. Sucede de forma reiterada la presencia de este tipo de partidos en el Congreso de los Diputados duplica en escaños a formaciones de ámbito estatal que los doblan o triplican en votos, produciéndose un agravante comparativo importante que no contribuye sino a la consolidación de dos partidos hegemónicos y la sobrerrepresentación en relación proporcional a su electorado de fuerzas cuyo peso radica en una única región o dos. Esta configuración del mapa electoral español ha provocado históricamente la negociación de gobiernos en clave estatal con la contraprestación de prebendas en clave regional.

Sin duda, la circunscripción provincial supone una gran contradicción en el sistema español, pues vulnera los preceptos constitucionales de igualdad de voto y de representación proporcional. Incluso carece de justificación lógica, máxime cuando en la Constitución de 1978 se afirma que los diputados electos por una provincia en concreto no podrán en ningún caso actuar como representantes de dicha provincia, sino que su función es la de representar al conjunto del Estado en el legislativo. Además, la provincia es una unidad de creación artificial que no responde, en la mayoría de los casos, con una identidad cultural de sus habitantes, ni constituyen un conjunto geográfico, ni guardan relación con alguna entidad histórica concreta. Se trata únicamente de una unidad administrativa decimonónica que ha persistido en el tiempo a falta de un sustituto más adecuado de vertebración territorial como es la comunidad autónoma, que además posee un carácter democrático mucho más acentuado. Es por ello que me atrevo a afirmar que la Constitución española actual, en su modelo territorial, está completamente agotada, por muchos otros motivos, pero también por este, pues establece la provincia como unidad territorial básica y tiene un título entero (el VIII) de carácter transitorio, incapaz de consolidar el estado de las autonomías tal y como lo conocemos.

Pero para modificar esto se requiere de una reforma constitucional que no parece sencilla, pues los partidos que podrían aliarse para ello son los que más beneficiados se ven por tal disposición. Sin embargo, tan sólo con una reforma de la LOREG se podrían paliar en cierta medida los efectos negativos que dicha combinación ha tenido en cuanto a la proporcionalidad de la representación que la Constitución establece. Una reforma que eliminase el sistema d’Hondt de reparto de escaños, sustituyéndolo por el método distributivo clásico, así como el establecimiento del mínimo en  un solo diputado por provincia haría del Congreso de los Diputados un reflejo mucho más fiel del conjunto del Estado, ajustándose a la legalidad constitucional y recogiendo su espíritu. Claro que ello requeriría de forma paralela una reforma del Senado que lo convirtiera de una vez en lo que la Constitución le atribuye: una cámara de representación territorial, donde se da cabida a las inquietudes nacionalistas o regionales en el espacio que corresponde para tales debates.

Otro punto contradictorio es el hecho de que los diputados, según la Constitución, no podrán estar sometidos a mandato imperativo, así como que el acta de diputado sea nominal, por contraposición a la lista cerrada. Este punto, además, se relaciona con el anterior en lo relativo a que los diputados no podrán ejercer como representantes de la provincia por la que son elegidos, es decir, que el diputado español en Cortes no puede hacer como en el sistema estadounidense o el alemán, donde el diputado hace un trabajo de campo en su provincia, casa por casa, pueblo a pueblo, recabando votos para la defensa de los intereses de esa provincia. Por tanto, en España se establece un cupo de representantes por provincia para que todas y cada una tengan como mínimo a un representante que a la postre no podrá representarla. Pero lo que ahora viene a colación es que esos diputados no requieren gozar de una reputación especial en la provincia por la que se presentan, es más, en muchas ocasiones ni nacieron en ella ni guardan ningún vínculo con la misma. Responde, en la mayoría de los casos, a estrategias de los partidos un candidato afín a la dirección del partido en una provincia u otra en función de las posibilidades que tenga de salir elegido, dependiendo del número de escaños a repartir en la misma.

Creo poder afirmar sin temor a equivocarme que en España se vota a los partidos, pues son estos los que configuran las listas que los ciudadanos tienen la obligación de respetar, pues de lo contrario el voto sería considerado nulo. No negaré que haya personajes carismáticos que puedan decantar el voto a favor de unos u otros, pero en España se da la paradoja de votar a un partido por simpatía al presidente o secretario general del mismo y que este no aparezca en la papeleta, sencillamente porque se presenta por otra provincia. En cambio, al mismo tiempo, se permite a los diputados hacer uso de su acta libremente, no habiendo que someterse a la disciplina del partido, pudiendo pasarse incluso a otro grupo parlamentario cuando, aunque legalmente la población ha votado por la lista en la que aparecía, probablemente sea un desconocido absoluto para el conjunto del electorado. No digo que estos se puedan ver sometidos por ley a la disciplina del partido por el que fueron elegidos, sino que supone una tremenda contradicción que el acta sea de carácter nominal y que no haya listas abiertas, salvo para el complejo sistema de votación para el Senado.

La lista cerrada también supone un claro agravante para las formaciones políticas de menor capacidad estructural, las cuales se ven forzadas a presentar una lista completa por cada circunscripción que se presentan, cuando la realidad dice que no aspiran realmente a copar el número de escaños en liza por cada una de ellas. Esta situación se ve acentuada en los comicios de carácter local, pues los puestos a cubrir son mayores en número en cualquier municipio al del conjunto de la provincia para unas generales y, por ende, la lista también ha de ser más amplia que en este último caso.

Otro problema que presenta el sistema electoral español es el de la baja participación, sobre todo en determinados procesos electorales. Sin entrar a valorar las causas que lo provocan, una opción para combatir el abstencionismo es, sin duda, la obligatoriedad del voto, presente en algunos países, aunque no necesariamente. La obligación de votar genera como efecto directo cierta coacción a la libertad del ciudadano a decidir forzosamente entre un proyecto político u otro. Una posible solución a este conflicto, en caso de implantarse tan radical medida, es instaurar el voto en blanco computable. De esta forma, se permitiría a la ciudadanía la posibilidad de no tener que escoger entre ninguna opción y, en caso de este superar la barrera mínima, obtener la (no) representación que le correspondiere en igualdad de condiciones con el resto de formaciones políticas y según el sistema electoral imperante.

No obstante, existen hoy propuestas de participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones, no tanto para la delegación del voto, alguna de las cuales se ha hecho llegar incluso al Congreso por la vía del Derecho de Petición recogido en el artículo 29 CE y regulado por la LO 4/2001. Se trata del proyecto ideado por el abogado Juan Ignacio Moreno Yagüe, consistente en la posibilidad de que los electores puedan votar desde casa (o el trabajo) mediante el voto telemático que permite la utilización del DNIe (Documento Nacional de Identidad electrónico) para la correcta verificación del usuario. Fundamenta su petición en la reforma del Reglamento de las Cortes Valencianas para permitir a sus diputados votar desde casa utilizando el medio antes mencionado, que más tarde sería igualmente acometida por los parlamentos andaluz y catalán, además del Congreso de los Diputados. La propuesta no pretende hacer una enmienda a la totalidad del sistema de representación, sino hacerlo compatible con la participación directa del ciudadano en la toma de decisiones. Para ello, propone un sistema mixto que podríamos resumir mediante la siguiente fórmula: si hay X número de electores, y cada diputado en el Congreso representa a X dividido por 350, y en una votación cualquiera en la cámara participa un número Y de votantes vía telemática, se resta Y a X dividido por 350.

Este sistema entraña un problema: la posibilidad de que cada ciudadano de pleno derecho vote doble, mediante voto directo y delegado. Se produciría así un conflicto difícil de solventar, pues cierto sectores de la sociedad más movilizados o, sencillamente, con acceso a internet, podrían imponer su criterio (en caso de tener uno común) sobre el resto, pese a, quizá, no ser mayoritarios. Es, sin embargo, una propuesta interesante basada en procesos telemáticos en los que, sin duda, queda mucho por investigar (aquí falta algo que enlace investigar y métodos) métodos para su aplicación en el sistema de participación directa en la toma de decisiones por parte de la ciudadanía.

También la reforma de la figura del referéndum resulta a todas luces imprescindible, requiriéndose la creación de un mecanismo que suponga su celebración efectiva, regulando por ley (preferentemente con rango constitucional) los requisitos para articular su funcionamiento. La recogida de firmas, debiendo alcanzarse un cupo mínimo, así como que el resultado del mismo tuviere carácter vinculante, son preceptos, para mí, del todo irrenunciables, del mismo modo que el comité redactor de la pregunta sea independiente y no desvirtúe el  contenido de la propuesta ciudadana en caso de ésta no ajustarse a Derecho. Ello requiere de una reforma constitucional que cada día se hace más necesaria, en tanto en cuanto, la vigente hace aguas por demasiadas partes. Del mismo modo ocurre con la Iniciativa Legislativa Popular, que también pide a gritos una reforma que evite que esta se quede tan sólo en iniciativa y que, como mínimo, comprometa al parlamento receptor de la misma a votarla.

Otro punto especialmente relevante es, en mi opinión, la revocabilidad de los cargos, aspecto reconocido, por ejemplo, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es un proceso tan sencillo como  que la recogida de un número determinado de firmas en relación a la magnitud del electorado permita convocar un referéndum de carácter revocatorio para cualquier cargo público por elección directa de la ciudadanía. Establecer un periodo mínimo desde la celebración del último proceso electoral o el último referéndum revocatorio para su celebración y la necesidad de obtener mayoría absoluta para hacerlo efectivo. De esta forma se solventaría la falta de compromiso político en los programas electorales con los que los partidos concurren a las elecciones, el despilfarro económico cada vez que se acercan los comicios y la ausencia en términos generales de interés que los políticos demuestran respecto del conjunto de la sociedad cuando no haya elecciones a la vista.

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Bibliografía

Vallés, J.M. y Bosch, A. (1997), Sistemas electorales y gobierno representativo, Ariel, Barcelona.

Colomer, J. M. (2004), Cómo votamos: los sistemas e lectorales del mundo, Gedisa editorial.

Lijphart, A. (1995), Sistemas electorales y sistemas de partidos: un estudio de veintisiete democracias (1945-1990), Centro de Estudios Constitucionales, Madrid.

Nohlen, D. (1998), Sistemas electorales y partidos políticos, Fondo de Cultura Económica, México.

Jurado Gilabert, F. (2013), Democracia 4.0: Desrepresentación en el voto telemático de las leyes, Laboratorio de Ideas y Prácticas Políticas (UPO), Sevilla http://pensamientopolitico.org/Descargas/RIPP08119138.pdf

Carlos Albo Rodriguez

España. Licenciado en Historia y, actualmente cursando, máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla. Interés en Historia social y del Derecho, así como en el aspecto sociológico de las lenguas y dialectos, además de la antropología y otras disciplinas humanísticas.

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