La fuerza normativa de la Constitución en perspectiva histórica: coloquios con Javier Pérez Royo

Por Antonio Luque Reina.

La Constitución lleva siendo considerada fuente del derecho desde hace relativamente poco tiempo. De hecho, como a continuación comprobaremos, la Constitución como norma jurídica es un producto tardío en la historia del Estado constitucional.

En Norteamérica, la Guerra de Secesión tuvo fundamentación constitucional y supuso un importante hito en la conformación de la Constitución Federal como fuente del derecho. Ante la posibilidad de ruptura de la unión por la posible separación de algunos estados, se enfrentaron quienes consideraban que la soberanía residía en cada uno de los estados, y aquellos que en cambio defendían que lo hacía en el pueblo de los Estados Unidos. Vemos como nuestro objeto de estudio está desde un principio conectado al problema sobre el lugar de residenciacióndel poder. Esto es lo que se pone en cuestión a final de los años 50 del siglo XIX. Finalmente la contienda acaba deparando que se reafirme que solo existe un pueblo, el de los Estados Unidos. Este es el principal fundamento de que la Constitución se conforme como una norma que se aplique en los Tribunales de Justicia en Norteamérica.

El proceso de conformación de la Constitución como norma jurídica vinculante se produce en Europa después de la Gran Guerra, y de forma más generalizada después de la Segunda Guerra Mundial. Hasta este punto la Constitución es un documento político pero no una norma jurídica. ¿De qué manera se produce este tránsito? ¿Cómo pasa la Constitución a conformarse fuente del derecho? Hoy día podemos afirmar resueltamente que solamente cuando la Constitución reside sobre la soberanía popular se convierte en fuente de fuentes del derecho y norma jurídica, entroncando en este punto con el principio de legitimidad democrática. Pero, atendiendo a cómo hemos comenzado esta reflexión, conviene en primer lugar preguntarnos, ¿Esto ha sido históricamente así?

Con el objeto de responder  a esta  cuestión volvamos un poco hacia atrás cronológicamente hablando, para llegar en mejores condiciones al fundamento actual de la posición suprema jurídica de la Constitución en nuestros ordenamientos, al principio de legitimidad democrática. Para ello hemos de observar someramente la evolución del concepto de Estado que desde el Antiguo Régimen parte, y acaba arribando al modelo constitucional, ya en una perspectiva de estudio propia de la doctrina relativa a fuentes del derecho.

El Estado constitucional no es más que el principio de igualdad, eso lo diferencia de todas las formas previas de organización del poder. La igualdad y la desigualdad no existen en la naturaleza; son entes de razón, conceptos, abstracciones creadas para explicar el por qué y el cómo de nuestra convivencia. Nuestra vida descansa en ficciones que no por serlo son mentira, conceptos, entes de abstracción. Los seres humanos no podemos convivir si no construimos ficciones mediante las cuales nos expliquemos el por qué y el cómo de nuestra convivencia. Sobre estas dos principales ficciones podríamos decir que pivotan a grandes rasgos todos los sistemas de organización del poder de la historia de la humanidad, desigualdad hasta el siglo XVIII y a partir de ahí, igualdad.

La explicación más clásica de ese principio de desigualdad es la de Aristóteles en el Capítulo I de la Política: la justificación de la esclavitud por naturaleza: “Regir y ser regidos no son solo cosas necesarias, sino convenientes y ya desde el nacimiento unos seres están destinados a regir y otros a ser regidos… son esclavos por naturaleza”[1]El poder no se plantea, es algo natural y evidente, y por tanto la desigualdad también. El poder, en consecuencia, no necesita ser constituido. El poder está constituido. La investigación sobre el origen del poder brilla por su ausencia en todas las formas preconstitucionales de ordenación del mismo.[2] En concreto, en el Antiguo Régimen, este inmovilismo característico hunde sus raíces en una concepción fuertemente teocéntrica de la realidad, que actúa legitimando esa composición característica del poder. El soberano terrenal, monarca, príncipe o emperador, así como el conjunto de instituciones que le sirven de apoyo y consejo, funcionan  adecuando su actuación normativa, vinculadora por tanto del resto de la sociedad de status, a lo que se entiende ya dictado y establecido por Dios, de una vez y para siempre. El poder no se constituye, porque ya ha sido así establecido por voluntad divina, y el poder terrenal actúa adaptando sus pretensiones a tales mandatos, en un ejercicio de mantenimiento hipócrita de unas condiciones que solo favorecen a una parte muy concreta y reducida de la mencionada sociedad de status.

Con todo esto comienza a romper el Leviatán, el profesor Pérez Royo sostiene que lo que cambia es que se plantea el por qué del poder.A juicio de quien escribe-que se distancia un poco del inspirador de estas líneas- la principal novedad introducida por Hobbes en su Leviatán, es el giro antropocéntrico, lo que se va a constituir en una primera teoría de constitución del poder, algo distante de la unívoca voluntad de Dios. El profesor afirma que en la obra de Hobbes se comienza sosteniendo que somos iguales, y se justifica el poder, como ente creado por el hombre para poder convivir en paz. El pacto o contrato social es la mejor solución posible a la organización entre individuos libres e iguales. De este planteamiento nos distanciamos considerablemente en clave historiográfica, estando más cercanos a lo expuesto por Bartolomé Clavero en El orden de los poderes. En este sentido la importancia del giro antropocéntrico radica en que por primera vez en la historia moderna, el poder se fundamenta en la voluntad de un ser humano, y no divino. Esa es a nuestro juicio la clave del nuevo planteamiento, dado que si nos remitimos a los efectos más puramente pragmáticos, la, a estos efectos antropocéntricos, tan rompedora teoría,acaba siendo esgrimida para seguir manteniendo la misma sociedad de status coronada por el soberano  monarca terrenal y de total predominio del varón blanco, propietario y libre, quien sigue a su vez detentando el poder doméstico, esfera de múltiples relaciones personales que todavía dista mucho de ser reglada en parámetros de igualdad.

Habiendo soslayado esa diferencia en el planteamiento, seguimos las exposiciones del profesor Pérez Royo, por encontrarlas totalmente acertadas en la evaluación de las causas del desarrollo de los acontecimientos que, muy a grandes rasgos, estamos observando. La desigualdad es el principio de orden, la igualdad el principio de desorden. Por eso la primera ficción a la que acudieron los seres humanos fue la desigualdad, siendo está la más fácil de sostener y enarbolar, y por tanto, mucho más primitiva. Que sea más fácil de adoptar esta desigualdad, no quiere decir que sea lo que directamente encontramos en la naturaleza; lo que existe en ella es la diferencia, siendo la forma de gestionar la relación entre diferentes lo que se hace a través del recurso a estas dos ficciones. El poder en el que se desarrolla la igualdad tiene que constituirse, no está constituido, a diferencia de lo que ocurre con la desigualdad, en la cual el origen se halla directamente en la naturaleza.  Como ya hemos apuntado líneas arriba, desde esa perspectiva, el poder se investiga no se crea, siendo estas teorías descriptivas mas nunca inquisitivas.

Nos acercamos ya en este punto de nuestra exposición, al momento histórico en el que está comenzando a gestarse un Estado constitucional más próximo a albergar el principio de igualdad en su seno. Hemos de poner de relieve, que pese a que en la actualidad la traducción del principio de igualdad institucionalizado esto es, el principio de legitimación democrática no se discute, el que este llegue a ser la piedra angular de nuestro sistema constitucional ha costado nada menos que dos siglos de conflictos internacionales, como comenzábamos viendo en la introducción de estas reflexiones.  Hasta ese punto no ha habido Constitución como norma jurídica, como fuente del derecho. Esto se desprende fácilmente de la constatación del hecho de que la Teoría del derecho del Estado la construyen los iusprivatistas, no los iuspublicistas, como en cambio cabría esperar si atendiéramos a los ámbitos de estudio fundamentales de los dos macro-ámbitos del derecho desde una perspectiva contemporánea.

De lo hasta aquí expuesto se deriva que en la gestación del Estado liberal, principalmente continental, la realidad constitucional  no se halla sometida a derecho, gestándose enámbitos del derecho público que escapan de cualquier control normativo. Esto es criticado desde una tradición jurídica muy distinta, como es la anglosajona, por teóricos del derecho no continental de finales del siglo XIX,  como por ejemplo Albert Venn Dicey[3]. El derecho que es regulado de acuerdo a una nueva técnica liberal es el que afecta a las relaciones entre particulares, pudiendo llegar a afirmar que hasta bien avanzada la segunda mitad del siglo XIX no existe vinculación jurídica entre particulares y el Estado en un sentido contemporáneo, ajeno a actuación de corporaciones, por falta de normativización institucionalizada del segundo.

Si hemos estado siguiendo el desarrollo cronológico de los acontecimientos, en buena lógica desde nuestra perspectiva actual de fuerte juridificación de la realidad que nos rodea, y buscando  nuestro elemental principio de seguridad jurídica, lo primero que cabría que nos planteásemos es que cómo es posible que existiera esa falta de normativización y control de un ámbito de la realidad tan importante como es la actuación e institucionalización del Estado. En este punto es donde conectamos con  la falta de fuerza normativa de la Constitución y con su principal causa-consecuencia, la legitimación democrática. Y hemos dicho que es lo primero que nos vendría a la mente si razonáramos en términos contemporáneos, siendo esto precisamente lo que tenemos que evitar. Si prestamos atención al desarrollo histórico que hemos intentado trazar y nos esforzamos por verlo con ojos decimonónicos, lo lógico precisamente es que la Constitución carezca de fuerza normativa, y por tanto no pueda ser considerada como fuente del derecho.

Pese a lo bien intencionado de las teorías filosóficas que parten del Leviatán arriba reseñado, la realidad en la primera implantación del Estado constitucional liberal dista mucho de pivotar en términos de igualdad entre todas las personas. Si como ya se puede ir intuyendo por el discurrir de nuestra  argumentación, solo consideramos basable la supremacía normativa de la Constitución en la institucionalización del principio de igualdad, esto es, en el principio de legitimidad democrática, si carecemos de implantación real de este primer requisito, cómo vamos a esperar que su principal consecuencia, el encumbramiento de la Constitución como cúspide normativa vaya a tener cabida en el ordenamiento. La fuerza normativa de la Constitución parte de la legitimación del principio democrático, y solo tiene esta fuerza si está legitimada democráticamente. Es por ello que no nos puede caber duda de que en contextos históricamente más cercanos a una realidad democrática que el Antiguo Régimen, pero todavía distantes de aquella, no podremos encontrar fuerza normativa en una Constitución que al menos cumple la función de primer acercamiento político a una institucionalización de la convivencia humana más próxima a la pretendida igualdad.

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Bibliografía:

[1] PÉREZ ROYO, J. Curso de derecho constitucional. Octava edición. Marcial Pons, Barcelona 2002.

[2] Opus cit supra.

[3] Venn Dicey, Albert. The Law of the Constitution.  Universidad de Oxford. J.W.F. Allison, 2013.

 

Antonio Luque Reina

Sevilla, España. Graduado en Derecho por la Universidad de Sevilla. Cursando Máster en Derecho Constitucional en la misma Universidad. Alumno interno del área de Historia del Derecho y de las Instituciones del Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas de la US. Me interesa tanto el presente que me afano en estudiar el pasado.

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