La renta básica universal, viabilidad y garantía de los derechos fundamentales

Por Jesús Manuel Artero López

El contexto socioeconómico actual marcado por la crisis económica ha provocado un crecimiento sin freno de la pobreza en nuestro país, donde el 21,6% de la población española se sitúa en riesgo de pobreza, con una preocupante cifra de 3 millones de personas en situación de pobreza severa[1]. A ello le sumamos un insostenible número de desempleados (de los que más de 2,5 millones de parados no reciben prestación), seguido de un crecimiento exponencial de la desigualdad de rentas entre ricos y pobres. Desequilibrios económicos y sociales de los que trata de afrontar, abrumado, el cada vez más menguado Estado del Bienestar, debido a las políticas, de restricción presupuestaria impuestas por la política económica europea. Este contexto ha impulsado un debate a nivel político, económico y  social sobre medidas alternativas que afronten con garantías este incremento pernicioso de la pobreza y la desigualdad. Ello ha permitido que la Renta Básica Universal (RBU en adelante) haya copado en estos últimos tiempos artículos de opinión de medios escritos, debates en televisión, incluso ha estado presente en el programa económico de diversos partidos políticos emergentes en la actualidad; considerando la propuesta como germen de la evolución futura del Estado del Bienestar.

Hay que tener presente que la propuesta de creación de una RBU no es algo reciente. Ya en el siglo XVIII hubo pioneros como Thomas Paine, que propuso en su Agrarian Justice[2] una dotación incondicional a cada hombre y mujer que hayan alcanzado la edad adulta. Pero es en la década de los 80 del siglo XX cuando se crea la Basic Income Earth Network (BIEN) encabezada por científicos de la talla de Van Parijs, Vanderborght y Van der Veen, que realizaron una de las primeras propuestas sistemáticas de lo que actualmente  se conoce como RBU e incluso la plantearon como vía capitalista de transición hacia un modelo comunista. A nivel nacional, es la Red Renta Básica[3] la que recoge las propuestas de RBU más relevantes en el territorio español, encabezada por autores de la talla de Daniel Raventós y Jordi Arcarons,  justificando la RBU bajo el fundamento filosófico republicanista por el cual un ciudadano no es libre si no se le garantiza la independencia material; es decir, sin que le sean garantizados los medios para su subsistencia, no podrá ejercer libremente sus derechos en la sociedad (Raventós, 2007).

Para entender las posibilidades y el calado de la propuesta, es necesario definir con precisión la RBU. Raventós la define como “un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad o residente acreditado, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre, o dicho de otro modo, independientemente de en qué puedan consistir otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quien conviva”[4]. Se puede observar como la definición es susceptible de generar todo tipo de debate que ponga en cuestión la viabilidad económica, política y social de la propuesta. Podría pensarse en un principio que económicamente no hay recursos disponibles para financiar la RBU de 45 millones de ciudadanos en España, o que la medida fomentará la ociosidad, además de ser injusta porque las personas con mayor nivel de renta la recibirían al igual que los pobres.

Sin embargo, la viabilidad económico-financiera de la RBU ha sido ampliamente demostrada. Tenemos la propuesta realizada por Raventós (2014) de financiar una RBU para el Reino de España, en la que se plantea una dotación mensual a cada ciudadano residente por un montante igual al umbral de la pobreza. La financiación de la propuesta parte de dos vías. En primer lugar, la RBU sustituye todas las prestaciones monetarias del actual Estado del Bienestar; es decir, todas las ayudas sociales destinadas a combatir la pobreza y la exclusión social, que dejan de tener sentido cuando la RBU cubre un nivel mínimo vital. Además, la sustitución de las ayudas sociales actuales permitiría un ahorro considerable de gastos administrativos de control y seguimiento que caracterizan los subsidios actuales, cuando la RBU es recibida por todos de forma automática.

La segunda vía de financiación se basa en una reforma del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en las que se establece un tipo impositivo lineal que grava indistintamente las rentas del trabajo y del capital. Con ello se garantiza la progresividad del impuesto, ya que el tipo único del impuesto combinado con la RBU, genera unos tipos efectivos del -208% para la primera decila[5] más pobre de declarantes (reciben más de RBU de lo que pagan en impuestos), y un 25% para la novena decila más rica; es decir, sólo un 9% más que con el IRPF actual.

Como expone Raventós en su modelo, en el Reino de España  es posible la financiación de una RBU de 7500 euros al año y del 20% para menores de edad. No es necesario detraer recursos de ninguna otra partida actual relevante (Sanidad o educación pública), sólo las prestaciones sociales que son redundantes con la existencia de una RBU. Sólo es necesario la reforma de un único impuesto, ganando en progresividad, y donde un 60-70% de la población situada en niveles inferiores de renta sale ganando en comparación al modelo de IRPF anterior; lo que supone una gran redistribución de renta de los sectores más ricos al resto de la población, combatiendo la creciente brecha de desigualdad de rentas existente.

Otra de las críticas vertidas con asiduidad, versan sobre el fomento de la vagancia de las personas que reciban una RBU. Sin embargo, ejemplos prácticos de la implantación de una RBU en un determinado territorio muestran lo contrario. Tenemos el caso de Alaska[6], que percibe una RBU financiada con parte de los dividendos obtenidos por la gestión y venta de los recursos petrolíferos del Estado. Desde hace años la reciben todos los ciudadanos, y ninguna autoridad política ni social ha afirmado que tenga efectos negativos en el trabajo, ni han cuestionado sus virtudes en la economía. También existen precedentes como el experimento de RBU en el pueblo canadiense de Dauphin[7], Canadá, para los años 1974-79; donde se constató que la motivación para buscar un trabajo por el principal trabajador de cada familia no disminuyó. A su vez, tenemos el experimento de RBU en una región de Namibia[8], con una prestación mensual de 100 euros, donde la pobreza se redujo del 76% al 16%, la malnutrición pasó de un 42% al 10%, el absentismo escolar se redujo casi a cero, la delincuencia se redujo un 42% y la población mayor de 15 años involucrada en actividades económicas creció del 44% al 55%.

Detrás de estas críticas, se esconde una máxima social basada en el carácter centralista del trabajo como instrumento meritocrático en nuestra sociedad.  Es uno de los recursos más empleados en el debate de recibir una RBU sin contraprestación laboral. La contribución y meritocracia en la sociedad contemporánea centrada en el trabajo de mercado remunerado presenta un carácter hasta sacralizado, que deja en un segundo plano otros modelos de participación social productivos que pasan a ser infravalorados. Al cubrir las necesidades mínimas vitales, la RBU permite a los individuos tener la elección real de participar en otras actividades no relacionadas con el mercado, como el voluntariado, la participación política y social, etc., que tienen una contribución igual o más importante que el trabajo de mercado en la sociedad. Por otro lado, todos los individuos de la sociedad somos parte relevante en la construcción y mantenimiento de la misma, en la que todas las actividades productivas de la iniciativa privada no serían posibles sin ella, sin ser ninguno remunerado o compensado por ello. Todos estos argumentos bien podrían legitimar la existencia de una RBU. Sin embargo, en un ejercicio de pragmatismo, la concepción trabajista de la sociedad impera lo suficiente como para imposibilitar en un corto plazo la implantación de una medida con unas implicaciones socioeconómicas tan importantes. Es necesario a priori un consenso social importante para garantizar un futuro próspero de la medida.

Sin embargo, hay que tener siempre presente que la RBU no es una mera renovación de las ayudas sociales contra la pobreza y la exclusión, sino que pretende lograr el estatus de derecho fundamental de los ciudadanos; el derecho a la vida digna que, como menciona Van Parijs (2005), permite el ejercicio real del resto de derechos fundamentales, que sobradamente ha demostrado su inutilidad formal sin garantizar previamente el derecho a un sustento mínimo y vida digna. Se convierte, entonces, en un derecho presupuesto de otros derechos (Soriano, 2012).

En conclusión, la incapacidad del Estado del Bienestar actual para afrontar la creciente desigualdad y pobreza, que empieza a tener tintes sistémicos, hacen necesario afrontar con valentía nuevas reformas que bien podrían basarse en una RBU, que es sobradamente viable en términos económicos. El verdadero reto para garantizar el futuro de la misma versa en la concienciación social y el desarraigo de los criterios de justicia trabajista de los que se nutre el sistema socioeconómico actual. Es necesario asumir que el contexto muestra como los derechos fundamentales de los ciudadanos sólo tienen carácter formal, siendo continuamente vulnerados debido a las limitaciones económicas. El ejercicio real de los derechos fundamentales será posible cuando se garantice previamenteun sustento mínimo material que asegure una vida digna, la Renta Básica Universal.

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Referencias:

[1] Arcarons, j., Domènech, A., Raventós, D., Torrens, L. Un modelo de financiación de la Renta  Básica para el conjunto del Reino de España: sí, se puede y es racional. En: Revista Sin Permiso. [Consulta 15 de septiembre de 2015] Disponible en: http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=7535

[2] Gimeno, J. Europa pierde el miedo a la renta básica para la ciudadanía. El salmón contracorriente [web]. 19 de julio de 2015 [consulta 15 de septiembre de 2015]. Disponible en: http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Europa-pierde-el-miedo-a-la-renta

[3] Raventós, D., (2007): Las condiciones materiales de la libertad. Barcelona, El Viejo Topo.

[4] Raventós, D., (2012): “¿Qué es la Renta Básica? Preguntas (y respuestas) más frecuentes”. Barcelona, El Viejo Topo.

[5] Soriano, R. (2012): “Por una RENTA BÁSICA UNIVERSAL, Un mínimo para todos”. Córdoba, Almuzara.

[6] Van Parijs, P. y Vanderborght, Y. (2005): “La renta básica, una medida eficaz para luchar contra la pobreza”. Barcelona, Paidós.

[1] Dossier de pobreza de EAPN España (2014): http://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/dossier_pobreza.pdf [consultado 15 septiembre de 2015]

[2] http://www.gutenberg.org/files/31271/31271-h/31271-h.htm [consultado 15 septiembre de 2015]

[3] http://www.redrentabasica.org/rb/ [Consultado 15 septiembre de 2015]

[4] Raventós, D., 2012. 11.

[5] el concepto decila se refiere a cada uno de los 9 valores que dividen un grupo de datos en diez partes iguales,  de manera que cada parte representa un décimo de la población.

[6] http://www.basicincome.org/topic/alaska/ [consultado 15 septiembre de 2015]

[7] http://motherboard.vice.com/read/the-mincome-experiment-dauphin [consultado 15 septiembre de 2015]

[8] http://www.bignam.org/ [consultado 15 septiembre de 2015]

Jesus Manuel Artero Lopez

Sevilla, España. Licenciado en Economía, Máster en Consultoría Económica y Análisis Aplicado. Alumno interno del Departamento de Economía e Historia Económica de la Universidad de Sevilla, Colaborador grupo de investigación A.R.E.A. de la Universidad de Sevilla. Ámbitos de interés: Análisis de políticas económicas y sus efectos sobre la desigualdad y la pobreza, Impactos de los desequilibrios económicos en el ejercicio real de derechos fundamentales.

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