Los beneficios para el emprendedor en México a la luz de su nueva legislación y las sociedades unipersonales como modelo de implementación pendiente (I/III)

dfg

 

Por Emanuel López Sáenz

1. Los beneficios para el emprendedor en México a la luz de la nueva Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional.

El 5 de junio del 2013 se estableció en la Carta Magna mexicana el principio de competitividad, entendida como el conjunto de condiciones necesarias para que el Estado genere, en el marco de la rectoría del desarrollo nacional que le corresponde, un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo, para que, mediante ella, en conjunto con el fomento del crecimiento económico y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.[1] Buscando con lo anterior atender el problema en torno a que, en el país en las últimas décadas, el crecimiento de nuestra economía ha sido insuficiente para potenciar las condiciones de bienestar de gran parte de la población mexicana, así como para disminuir los niveles de pobreza y rezago social, ya que entre 1980 y 2013, la economía mexicana creció a una tasa anual de 2.4%, prácticamente la mitad  de la observada en el total de economías emergentes y en desarrollo.[2]

La reforma constitucional mencionada, trajo consigo la reciente emisión de la nueva Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad  y la Competitividad de la Economía Nacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 2015. Con esta nueva ley se inserta en el centro de la misma al emprendedor. Cabe destacar que es la primera vez que en una ley mexicana (federal o general) se define el concepto de emprendedor. Es decir, gracias a esta nueva ley se origina la primera descripción legal de emprendedor, quedando como sigue:

Emprendedores: las mujeres y los hombres  con inquietudes empresariales, en proceso de crear, desarrollar o consolidar una micro, pequeña o mediana empresa a partir de una idea emprendedora o innovadora, promoviendo nuevas capacidades tecnológicas y organizacionales.[3]

Hoy, la estructura económica de los países muestra que las micro, pequeñas y medianas empresas, en adelante MIPyME’s, creadas por emprendedores, son la columna vertebral y el motor de las economías, por su contribución al empleo, como su aportación al producto interno bruto (PIB).

En México existen más de 5 millones de unidades empresariales, de las cuales 99.8% son MIPyME’s, que generan 74% del empleo en el país y el 52% del PIB. Del total de MIPyME’s, 95.5% son microempresas y generan 45.7% del empleo.[4]

De acuerdo con la CEPAL a pesar de su contribución tan significativa a la economía, las MIPyME’s mexicanas no han alcanzado un nivel de competitividad suficiente como para posicionarse en el mercado global, ni para integrarse plenamente como proveedores de grandes empresas. Su tasa de mortalidad pone de manifiesto el bajo nivel de desempeño de estas organizaciones: de las 200 mil empresas que anualmente abren sus puertas en México, solamente 35% sobreviven más de dos años, de las cuales, 25% tienen escasas posibilidades de desarrollo y solo 10% cuentan con alguna oportunidad de desarrollarse en la economía formal. En el caso específico de las microempresas, la cifra es aún más dramática, de cada diez que surgen, ocho desaparecen al año.[5]

Esta baja sobrevivencia de las MIPyME’s, se debe principalmente a las limitadas fuentes de financiamiento y acceso a capital; los insuficientes conocimientos y habilidades emprendedoras, tecnológicas y organizacionales; al desconocimiento de los múltiples apoyos y servicios del sector público a los que puede acceder; a la falta de vinculación y cooperación con otras empresas, que les permita beneficiarse de economías de escala, para hacerse rentables, y por tanto, competitivas.

La anterior preocupación la recoge la citada ley, buscando con la misma, coadyuvar a la solución de dicho problemática, por lo cual en ella se consideró que para elevar la productividad se requería, de una política moderna de fomento económico capaz de crear condiciones que eleven la productividad de las empresas.

En concreto, la nueva legislación en materia de competitividad y productividad otorga de forma general los siguientes beneficios a los emprendedores y las MIPyME’s:

a)      Impulsa la formación de competencias, capacitación y actividades productivas de los emprendedores, y se impulsa el emprendimiento y escalamiento productivo y tecnológico de empresas.

b)      Contempla a representantes de los emprendedores,[6] para tomar en cuenta su participación sobre el establecimiento de mecanismos institucionales de coordinación para acordar los compromisos e indicadores de desempeño por parte de las dependencias de gobierno, con el fin de materializar y cumplir con los objetivos, estrategias, metas y acciones que se adopten en el marco del Comité Nacional de Productividad.

c)      Promueve la innovación aplicada en materia de capacidad tecnológica y organizacional a nivel regional, a través de la articulación de empresas, emprendedores, trabajadores e instituciones educativas de investigación del país.

d)      Las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Economía estarán encargadas,[7] de darle seguimiento y evaluación a lo relativo a la capacitación de trabajadores y emprendedores, la formación de competencias y el establecimiento de mecanismos que fomenten la productividad.

Los objetivos anteriores serán desarrollados en el Programa Especial para la Productividad y la Competitividad, como parte de la Política Nacional de Fomento Económico del Gobierno Federal, mismo que será elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con colaboración de la Secretaría de Economía y con la opinión del Comité Nacional de Productividad, que como se ha señalado contempla la participación de emprendedores.

Conforme a los objetivos en comento, el Programa se divide en las siguientes tres clases de políticas:

a)      Políticas transversales. Impulsar la innovación de la planta productiva de la economía nacional, la capacitación y actividades productivas de emprendedores y trabajadores y las actividades productivas de las MIPYMES; canalizar financiamiento a proyectos de inversión con las instituciones de banca de desarrollo; y reducir las cargas administrativas y regulatorias que inhiban el ambiente de negocios, entre otras.

b)      Políticas sectoriales. Fomentar la reasignación de factores y actividades de producción; favorecer la constitución de cadenas de valor entre grandes empresas y MIPYMES; impulsar las capacidades del sector manufacturero y otros sectores productivos, entre otras;

c)      Políticas regionales. Desarrollar las regiones que están en rezago significativo, mediante generación de núcleos productivos; identificar regiones económicas estratégicas, en función de sus vocaciones naturales y sus vocaciones potenciales; así como promover la innovación aplicada en materia de capacidad tecnológica y organizacional a nivel regional, a través de la articulación de empresas, emprendedores, trabajadores e instituciones educativas de investigación del país.

__________________________________________________________________-

Referencias

[1]Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

[2] SHCP con datos del Banco de México, en Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley para Impulsar el Crecimiento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía, y se adiciona el artículo 21 Bis a la Ley de Planeación, presentada por el Ejecutivo Federal en fecha 2 de octubre de 2014, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, gaceta parlamentaria número 4124-II.

[3] Artículo 4, fracción V de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional.

[4] Dictamen con Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley para Impulsar el Crecimiento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía, y se adiciona el artículo 21 Bis a la Ley de Planeación, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, gaceta parlamentaria, número 4167-XVII, 4 de diciembre de 2014.

[5] PAVÓN, Lilianne Financiamiento a las microempresas y las PYMES en México (2000-2009), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, agosto 2010, página 12.

[6]La representación de los emprendedores se crea a través del Comité Nacional de Productividad, que es el órgano consultivo del Ejecutivo Federal y la planta productiva para la concertación de acuerdos, formulación y seguimiento de la política de fomento económico y del ProgramaEspecial para la Productividad y la Competitividad. Artículos 9 y 12 de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional.

[7] En términos de lo establecido en los artículos 153-A a 153-X de la Ley Federal del Trabajo.

Emanuel Lopez Saenz

Monterrey, Nuevo León, México. Licenciado en Derecho con acentuación en derecho corporativo por la Universidad Autónoma de Nuevo León (México) con intercambio en la Università di Bologna (Italia). Estancias de estudio sobre seguridad pública en la Universidad de Guadalajara (México), derecho comparado en la Università di Bologna (Italia), y derechos fundamentales en la Universidad Complutense de Madrid (España). Miembro traductor del Centro de Estudios sobre América Latina del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Università di Bologna (Italia), y miembro de la Sociedad Jurídica Internacional Phi-Delta-Phi. Me he desempeñado como abogado litigante, profesor en la Universidad Autónoma de Nuevo León, asesor jurídico en la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León y actualmente como asesor jurídico en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (México). Ámbitos de interés: derechos humanos, derecho comparado, derecho corporativo y constitucionalismo.

Be first to comment