La consulta popular en México, su aplicación y algunos modelos latinoamericanos

Por Emanuel López Sáenz

La figura jurídica de la consulta popular surge recientemente en el marco jurídico mexicano como un instrumento de participación ciudadana de democracia directa, naturaleza que también podemos observar en las figuras de iniciativa ciudadana o del derecho a ser votado por la vía independiente. Lo anterior en razón de la apenas creada Ley Federal de Consulta Popular, reglamentaria de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 14 de marzo del 2014.

Se puede observar en la experiencia latinoamericana que el modelo de consulta popular forma parte también del marco jurídico de diversas naciones. Tal es el caso de Argentina, en la que se faculta al Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados para someter a consulta popular un proyecto de ley. Por su parte, Colombia establece que el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo aval del Senado de la República, podrá consultar al pueblo las decisiones de trascendencia nacional, otorgando carácter de obligatoria la decisión del pueblo. En el Ecuador se prevé el mecanismo de consulta popular para reformar la Constitución. Guatemala por su parte contempla que las decisiones políticas de especial trascendencia deban ser sometidas a procedimientos consultivos de todos los ciudadanos, la consulta debe ser convocada por el Tribunal Supremo Electoral a iniciativa del Presidente de la República o del Congreso de la República, que fijará con precisión la o las preguntas que se someterán a los ciudadanos. Varios de los elementos que nos muestra la experiencia latinoamericana forman parte del modelo de consulta popular mexicana como veremos.

La consulta popular en el sistema mexicano es el mecanismo de participación por el cual los ciudadanos ejercen su derecho a través del voto emitido por el que expresan su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional, misma que se efectúa el día de la jornada electoral federal correspondiente.

Conforme a la Ley Federal de Consulta Popular, se reputan con carácter de trascendencia nacional  los temas que contengan los siguientes elementos: que repercutan en la mayor parte del territorio nacional, e impacten en una parte significativa de la población.

Además, por mandato constitucional no pueden ser  objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.

Cabe mencionar que el resultado de la consulta popular será vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes en los casos en que la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal .

Las consultas populares deben ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición del Presidente de la República; el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.

Para el ejercicio del derecho del ciudadano para participar en las consultas populares, la petición de las mismas deben pasar previamente por el tamiz constitucional con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declaración de constitucionalidad de la materia de la consulta popular, de tal suerte que el Constituyente Permanente además del juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, ha otorgado al Máximo Tribunal Constitucional del país un nuevo medio de control de constitucionalidad, es decir, las determinaciones de constitucionalidad sobre la materia de consultas populares. Adicionalmente, conforme al artículo quinto de la Ley Federal de Consulta Popular, se faculta a la Suprema Corte de Justicia para analizar y resolver respecto a la trascendencia nacional del tema sujeto a consulta, únicamente tratándose de aquellas solicitadas por ciudadanos.

Analizando la primera praxis en la materia, para efectos de llevar a la jornada electoral federal del año 2015 diversas consultas populares fueron presentadas en su momento, cuatro peticiones ciudadanas y una mas por integrantes del Senado de la República del Congreso de la Unión, esta última fue desechada por el mismo órgano legislativo por lo que no fue materia de estudio de la Suprema Corte de Justicia. Las otras cuatro solicitudes fueron estudiadas y posteriormente desechadas por el Máximo Tribunal, determinando que si bien es cierto se cumplía con el carácter de trascendencia nacional, cierto también fue que la materia de las consultas carecían de constitucionalidad por encontrarse en los supuestos contenidos en el apartado tercero de la fracción VIII de la Carta Magna, es decir, de los temas prohibidos a ser sujetos de consulta. Tal fue el caso de la consulta en materia de reducción de los integrantes del Congreso Federal, desechada por trastocar los principios consagrados en el artículo 40 de la Carta Magna y estar relacionada con la materia electoral; así como aquellas dos consultas respecto a la reforma energética y una más en materia de salarios mínimos, las cuales fueron calificadas de inconstitucionales por versar sobre los ingresos y gastos del Estado.

De todo lo expuesto se puede destacar que la consulta popular es un modelo de particulación que empodera al ciudadano, el cual al igual que la iniciativa ciudadana, son muestra de una reingeniería jurídica teniente a la transición hacia una democracia directa. Sin embargo, en vista de las primeras resoluciones  respecto a la inconstitucionalidad de todas las consultas populares presentadas y con el fin de dar plena vigencia al derecho ciudadano de votar sobre temas de trascendencia nacional, es pertinente replantear las limitantes constitucionales para no caer en el absurdo de tener por un lado el requisito constitucional de la trascendencia nacional, y por el otro, la inconstitucionalidad y por lo tanto la inoperancia e inviabilidad de la consulta en razón de la amplitud de las restricciones contenidas en la Carta Magna, teniendo un mecanismo en el derecho vigente pero sin darse las condiciones para encontrarse en el derecho positivo.

Por último,  huelga decir que ante este nuevo modelo es de destacarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación robustece sus facultades incidiendo en la democracia directa, facultad que el Constituyente Permanete le otorgó, dando así lugar al nuevo control de constitucionalidad sobre la participación ciudadana.

Emanuel Lopez Saenz

Monterrey, Nuevo León, México. Licenciado en Derecho con acentuación en derecho corporativo por la Universidad Autónoma de Nuevo León (México) con intercambio en la Università di Bologna (Italia). Estancias de estudio sobre seguridad pública en la Universidad de Guadalajara (México), derecho comparado en la Università di Bologna (Italia), y derechos fundamentales en la Universidad Complutense de Madrid (España). Miembro traductor del Centro de Estudios sobre América Latina del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Università di Bologna (Italia), y miembro de la Sociedad Jurídica Internacional Phi-Delta-Phi. Me he desempeñado como abogado litigante, profesor en la Universidad Autónoma de Nuevo León, asesor jurídico en la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León y actualmente como asesor jurídico en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (México). Ámbitos de interés: derechos humanos, derecho comparado, derecho corporativo y constitucionalismo.

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