A propósito del derecho a la resistencia en Ecuador

foto ecuador

Por Alba Guevara Bárcenes

¨La desobediencia civil no comporta anarquía sino crecimiento social, siempre que el Estado reprime la desobediencia civil lo que en realidad está haciendo es tratar de aprisionar la conciencia¨. Gandhi.

El Derecho a la resistencia no es ninguna invención, su reconocimiento parte de la Declaración de los Derechos Humanos, como alternativa de protección frente a aquellos gobiernos tiranos y opresores. Doctrinalmente, se lo ha definido como desobediencia civil,  y en ese sentido Rawls  sostenía que es un acto público, no violento, consciente y político, contrario a la ley, cometido con el propósito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas de gobierno[1].

Históricamente, la desobediencia civil o en adelante el derecho a la resistencia, ha sido utilizada por los mandantes como un mecanismo para intentar ser escuchados por aquellos a quienes se les había encargado el poder, cuando sus actuaciones generan detrimento del bienestar general.  Podría decirse, que son actos que se encuentran motivados en un sentir de justicia contra normas que atentan o podrían atentar contra los derechos humanos de un individuo.

En este contexto, la Constitución ecuatoriana reconoce el derecho a la resistencia a los individuos o comunidades,  para oponerse frente a las acciones u omisiones del poder público o privado que vulneren o pretendan vulnerar los derechos constitucionales.  Bajo este reconocimiento, los ecuatorianos estamos facultados no solo a oponernos de actos ilegales, sino también a aquellos actos normados, que  siendo legales y provenientes de autoridad competente, atenten de manera arbitraria contra el conglomerado social.

No obstante de su reconocimiento constitucional, nos encontramos frente a un Gobierno que ha desvirtuado el sentido del derecho a la resistencia y por el contrario ha instaurado un régimen totalitario que condena la protesta social y peor aún, criminaliza a sus actores.

LA PROMESA.

En las elecciones de 2006, los ecuatorianos, desgastados por aquella política tradicional,  encontramos en un joven economista la aparente respuesta a nuestros problemas; se nos presentó  con un discurso innovador, un hombre  “de manos limpias y corazón ardiente”, según decía, que nos hacía soñar y  pensar en un Ecuador distinto,  un Ecuador incluyente.

Para lograrlo,  cual abejas a un panal, acudimos a una Consulta Popular  a fin de decidir sobre la realización de una Asamblea Constituyente con plenos poderes que modificara la  Constitución y reformase la estructura del Estado. No transcurrió mucho tiempo y  empezaron a evidenciarse  las primeras señales – aun no advertidas-, de una persona absolutista. Personas cercanas al círculo presidencial se desvinculaban del movimiento País, partido gobiernista, por considerar que el electo presidente se alejaba del proyecto de la revolución ciudadana. No obstante, sus críticas eran disminuidas desde el poder estatal.

Desde aquella época se han sucedido una infinidad de actos que nos hacían ver cierta restricción de derechos, entre ellos el de resistencia, que empezaba a tener restricciones. Pero actualmente, no hay duda de ello, solo en calidad de resumen y para no agotar la paciencia del lector, nos permitiremos indicar algunos del año 2015, que a mi juicio -equivocado o no, han sido de relevancia.

En las protestas ocurridas el 1 de mayo de este año, un  estudiante le hace un gesto de desaprobación a la caravana presidencial, originando, que el Presidente de la República, baje del auto, le dirija unas “palabras” al adolescente, siendo éste    inmediatamente detenido por la seguridad presidencial y trasladado a la Unidad de Flagrancia de la Policía. Al percatarse que se trataba de un menor de edad, fue remitido a la Unidad de menores para la audiencia de formulación de cargos – sin un debido proceso-  que culminó con la obligación de realizar  veinte  horas de trabajo comunitario[2].

Pero como este castigo no se consideró suficiente, la Secretaria Nacional de Comunicación, presento un vídeo  – presente aun en la retina  de los ecuatorianos – en el que justificaban la actitud presidencial, basándose en conceptos de buena educación, originando con ello la estigmatización  de un adolescente e incluso la puesta en riesgo de su vida. Ante estos hechos las redes sociales se llenaron a favor y en contra del comportamiento del joven, unos felicitando su carácter irreverente y otros señalando que merecía un castigo más “ejemplificador”.

Para el 13 de agosto las organizaciones indígenas convocaron a un Paro Nacional que tuvo una importante acogida por los distintos sectores sociales; entre ellos médicos, estudiantes, profesores, jubilados, trabajadores, todos en  contra de las políticas de gobierno. Se buscaba, en especial, que se retirasen las enmiendas constitucionales.

Este encuentro de ciudadanos contra ciudadanos, o si se quiere de policías frente a manifestantes, dejo como consecuencia cientos de detenidos, entre ellos,  Manuela Picq, periodista brasileña y compañera sentimental de Carlos Pérez, presidente de la Ecuarunari. Su detención no solo fue arbitraria, sino que además,  Cancillería  canceló  su visa, y  como consecuencia fue obligada a salir del país.

Margoth Escobar,  de 65 años de edad, es una reconocida defensora de los derechos indígenas y de la naturaleza. El 14 de agosto de 2015,  el día de las protestas, se afirmó que la activista  a través de su megáfono incitaba a unirse a la protesta; al momento de su detención en la ciudad del Puyo  fue golpeada, pateada y arrastrada, la Fiscalía le formuló cargos por presunto ataque y resistencia a la autoridad.

El día 21 de agosto, le concedieron  medida sustitutiva, que obligaba a Escobar a presentarse ante la autoridad mientras el proceso continuaba; a la par,  ella y un grupo de mujeres amazónicas, habían presentado una solicitud de medidas cautelares a la CIDH, este Organismo les concedió audiencia el 19 de octubre. Para poder asistir, solicitó permiso al Juez que tramitaba su causa,  y visto el silencio de la autoridad  y la importancia de su presencia en Washington, decidió salir del país de manera ilegal, a sabiendas que a su retorno podía ser detenida.

Aproximadamente a los tres meses de un proceso penal, carente de legitimidad, – 10 de noviembre-,  el Juez de Garantías Penales de Pastaza, dictaminó sobreseimiento y el levantamiento de las medidas cautelares que sobre Escobar pesaban.

De igual manera, como producto del Paro Nacional, en Saraguro, provincia de Loja, 26 personas fueron detenidas (entre  hombres y  mujeres), a quienes les dictaron prisión preventiva hasta ser investigados.

El tres de diciembre de 2015 un grupo de manifestantes se reunieron a fin de protestar  en contra de las enmiendas constitucionales, que serían discutidas en el Pleno de la Asamblea Nacional  para su  aprobación, pese a que el pueblo ecuatoriano había  demostrado su clara posición al respecto,  sus voces no fueron escuchadas y  una vez más, se enfrentó el pueblo contra el pueblo.  En horas de la mañana 21 personas fueron detenidas, procesadas y sentenciadas a quince días de prisión,  por proferir descredito y deshonra en contra de los efectivos policiales.

Si lo transcrito en estas líneas, no es suficiente, cabe destacar el caso de Sebastián Cevallos: es el primer ecuatoriano en ser sentenciado a 15 días de prisión por  denunciar en su cuenta de twitter, un supuesto nepotismo en la contratación de funcionarios del sector público, que según denuncia, son familiares del Ministro de trabajo Carlos Marx Carrasco.

Cada protesta de los ciudadanos frente al gobierno, termina con personas procesadas, a ninguna se les presume inocentes, a ninguna se les respeta el debido proceso, esto no tiene otra palabra diferente a criminalización de la protesta. Si la fuerza policial ya es brutal, no imagino la fuerza complementaria que brindara las Fuerzas Armadas en este ESTADO constitucional de DERECHOS Y JUSTICIA[3].

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Referencias

[1] SANTANDREU Alain, GUDYNAS Eduardo, Ciudadanía en Movimiento; participación y conflictos ambientales, ediciones Trilce, Uruguay, pág. 84.  

[2] http://estadodepropaganda.com/2015/05/08/yuca-para-mi-presidente/

[3] Art. 1 Constitución del Ecuador, afirma ser un Estado constitucional de derechos y justicia social, no un Estado de derecho.

Alba Guevara Barcenes

Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador, Abogada litigante, máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla, Candidata a Doctora en Derecho por la misma Universidad, Profesora de la Universidad Internacional del Ecuador en el área de Derecho Constitucional. Enfocada en el trabajo alrededor de los Derechos Humanos a grupos de poblaciones vulnerables.

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