Magna Carta (1215 – 2015): La Construcción de un mito.

Por Fernando H. Llano Alonso, Profesor Titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Sevilla, donde actualmente es Vicedecano de Investigación y Doctorado.

El 15 de junio del año 1215 el rey Juan, probablemente uno de los monarcas más inestables y controvertidos de la historia de Inglaterra, sellaba la Magna Carta, en un intento desesperado por asegurarse el apoyo del clero -encabezado por Stephen Langton, Arzobispo de Canterbury y, para muchos, también el autor de algunas de las principales cláusulas de la Carta- y la lealtad de los barones rebeldes a su despótico reinado. En este acuerdo articulado en 63 cláusulas, que en puridad entraña un tratado de paz, el monarca no solo se comprometía bajo juramento a respetar los derechos reales y prebendas de la Iglesia, sino que también reconocía a los barones, en su calidad de “hombres libres” (free men), una serie de privilegios propios de un estamento de poder que en la práctica hacía sombra y se situaba a la altura del propio rey, tales como la no injerencia en las herencias de los barones en los testamentos ab intestato, dejando que se dirimiese esta última voluntad en el seno de la familia del finado (cláusulas 1-8), la prohibición de la detención ilegal (cláusula 39), el derecho de acceso a una justicia rápida y efectiva (cláusula 40), entre otras libertades, de las que también participaban los comerciantes de las ciudades (cláusula 41).

Empero, la Magna Carta no tardaría en ser quebrantada por los dos bandos rivales nueves semanas después de su aprobación, e incluso sería anulada por el Papa Inocencio III, hecho que sería uno de los desencadenantes del estallido de la guerra civil entre los realistas y los barones (First Baron´s War, 1215-1217). Sin embargo, lejos de caer en el olvido, la Magna Carta sería recuperada por los sucesores del rey Juan I; así, en 1216, Enrique III reeditaría de nuevo la carta, y posteriormente, también en 1217 y 1225, aunque eliminado de la misma las cláusulas más comprometedoras para su causa, y Eduardo I haría lo mismo en 1300, quedando incorporado este documento a partir de entonces en el Derecho inglés.

Pese a no ser la primera carta de su género, pues de hecho hay precedentes -como la carta de libertades que no llegó a ser otorgada por el rey Pedro II de Aragón a sus súbditos catalanes (1205), o los Estatutos de Parmiers de Simon de Momfort (1212)-, la Magna Carta ha sido considerada tradicionalmente por los historiadores del Derecho anglosajón como uno de los cuatro textos jurídicos fundamentales en la historia de Inglaterra junto al Domesday Book o Libro de Winchester (1086), la Declaración de derechos o Bill of Rights (1689), redactada tras la Revolución Gloriosa, y la Representation of the People Act, popularmente conocida como Great Reform Act (1832).

La celebración del VIII Centenario de la Magna Carta propicia una ocasión magnífica no sólo para reflexionar sobre la influencia de este importante documento jurídico en el decurso de la historia del Derecho, sino también para sopesar su relevancia como texto de referencia en la defensa de los derechos y libertades individuales y el imperio de la ley. A este respecto, como sucede a menudo durante la celebración de las grandes efemérides, la Magna Carta ha sido objeto de análisis y estudios que tratan de dilucidar las razones por las que un texto aprobado hace ochocientos años, y que no llegó a estar en vigor ni tres meses, ha pasado a considerarse por algunos como un mito, una reliquia o un tótem de la democracia y del Rule of Law (Estado de Derecho).

Recientemente, a propósito del VIII Centenario de la Magna Carta, se han celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla unas Jornadas Internacionales, dirigidas por el Prof. Sebastián Martín, en las que su contenido y significación han sido objeto de estudio y debate desde una perspectiva multidisciplinar que integraba a historiadores del Derecho, internacionalistas, constitucionalistas, iusfilósofos y medievalistas, y que contó con la presencia destacada, entre otros ponentes, de los profesores Maurizio Fioravanti (Universidad de Florencia) y Bartolomé Clavero (Universidad de Sevilla). Frente a la hipótesis continuista a la que, como indiqué antes, suelen recurrir algunos autores mitómanos que atribuyen a la Magna Carta la consideración de piedra angular del actual sistema de derechos y libertades –a este respecto, resulta muy elocuente que el lema: “Symbol of Freedom under Law”, fuera el elegido por los comisarios del VIII Centenario de la Magna Carta para grabarlo en el frontispicio del monumento inaugurado el pasado 15 de junio de 2015 en Runnymede (Inglaterra)-, y manteniendo el necesario espíritu crítico y escéptico ante el aura de misterio con los que la tradición suele envolver este tipo de documentos -en los que los hechos históricos aparecen solapados muchas veces con las leyendas-, el sentir general de quienes participaron en el mencionado encuentro científico fue que, sin lugar a dudas, la Magna Carta supuso, en realidad, mucho más que una simple recopilación de libertades y derechos de otras cartas anteriores (como lo fue, por ejemplo la Coronation Charter que Enrique I promulgó en 1100 y que tanto habría de influir, por cierto, en la redacción de la Magna Carta).

Desde un punto de vista estrictamente contextual, la Magna Carta fue, ante todo, un acuerdo de paz -que, en puridad, a juzgar por su corto plazo de vigencia merecería denominarse más bien un armisticio- entre el rey y el bando rebelde, formado por veinticinco barones, el clero de Inglaterra -encabezado por el Arzobispo de Canterbury-, y los burgueses o comerciantes (merchants) de la ciudad de Londres -que un mes antes de iniciarse en Runnymede las conversaciones de paz entre los dos bandos en conflicto, había sido tomada por los rebeldes-. En segundo lugar, la Magna Carta establecía de iure un contrato entre el rey y sus nobles que, a su vez, sentaba las bases de un programa común de gobernación del territorio dentro una primigenia forma de Estado moderno preabsolutista. En tercer lugar, el texto jurídico era un statement of law o contrato entre el rey y los free men (barones, clero y comerciantes) en el que se establecían los principios fundamentales de la ley del territorio (law of the land, también denominada law of the realm) -algo parecido a lo que hoy conocemos como “el núcleo fundamental de la Constitución”-, donde se consagraban principios como la intangibilidad de las costumbres y libertades de las ciudades (cláusula 13), el derecho a un proceso justo (cláusula 38), el habeas corpus (cláusula 39), el principio de proporcionalidad entre el delito y la pena (cláusula 45), entre otros.

Sin embargo, la principal novedad de la Carta reside en la cláusula 61, cuya función –como cláusula de seguridad- es “observar, mantener y hacer cumplir la paz y las libertades garantizadas en las cláusulas anteriores” por el rey a sus barones. La cláusula previene al monarca de actuar arbitrariamente contra la ley o incumplir lo acordado. En caso de afrenta del rey contra algún hombre libre, y transcurridos 40 días sin haber reparado el daño causado, podía apelarse al comité de protesta y reconvención (integrado por 25 barones) que estaba legitimado para perseguir y detener al monarca, allí donde se le localizara, para incautar sus bienes y así poder compensar a la parte perjudicada (el único límite de este derecho de rebelión era el de ejercerlo sin agredir al rey ni a su familia). Este límite a la potestas real a través del derecho de resistencia ya había sido planteado anteriormente en la tradición doctrinal republicana -desde Cicerón a Juan de Salisbury-, e influiría, con posterioridad, en Tomás de Aquino y algunos autores de la Escuela española de la Filosofía del Derecho (principalmente en Juan de Mariana y Bartolomé de Las Casas).

La leyenda de la Magna Carta, como texto prototípico en la defensa de las libertades medievales, empezó a gestarse a partir del reinado de Enrique III, que reeditaría varias veces la Carta omitiendo cualquier referencia al derecho de rebelión. Puede hablarse incluso de un inicio en el proceso de internacionalización de la Carta Magna a partir de 1315, año en el que Luis X de Francia otorgó una Carta a sus súbditos normandos en la que se recogen las costumbres y tradiciones de un territorio que había sido dominado durante años por los reyes ingleses, de ahí sus constantes llamadas a la Carta de Juan I. Aunque su injerto definitivo en el árbol de la democracia moderna se produciría en el siglo XVII, concretamente en las décadas anteriores a la Glorious Revolution, que habría de concluir con el triunfo del parlamentarismo inglés. No en vano, a la Magna Carta, como marco jurídico de libertad, apelarán con frecuencia dos filósofos del protoliberalismo tan relevantes como Edward Coke (cuya contribución a la redacción de la Petition of Rights de 1628 fue decisiva), y John Locke, autor de obras centrales de la doctrina de los derechos y las libertades individuales, como el Segundo Tratado sobre el Gobierno civil y la Carta sobre la Tolerancia (ambas publicadas en 1690).

Este proceso de “modernización” de la Magna Carta continuará desarrollándose a lo largo de los siglos XIX y XX, en las principales declaraciones de derechos, reformas legales y estatutarias acometidas en el Reino Unido, desde la promulgación del Statute of the Realm of Great Britain (1810-1825), pasando por la Great Reform Act (1832) hasta las Parliament Acts (1911 y 1949). Además, el espíritu de la Magna Carta ha sido interiorizado por el sistema del common law británico y, por extensión, difundido a sus antiguas colonias de ultramar, también por la cultura jurídica anglosajona.

Puede ser que la asociación de este documento medieval con el origen de la defensa de las libertades individuales, el Rule of Law y la fundación de la democracia inglesa resulte un tanto excesiva, sobre todo si se contextualiza el estudio de su contenido al período histórico y las difíciles circunstancias en las que fue redactada la Carta. En efecto, en primer lugar, es un error interpretar en sentido moderno las libertades medievales, puesto que, mientras en la modernidad las libertades individuales se consideran naturalmente inherentes a todos los individuos sin excepción, en la Edad Media las libertades son en realidad privilegios de los estamentos (monarquía, nobleza, alto clero y los hombres libres de los burgos o ciudades), pero de ella quedan excluidos los campesinos, los siervos, los judíos, las mujeres y los niños. Por otra parte, en segundo lugar, tampoco se puede afirmar que la Magna Carta sea un texto constitucional, puesto que cuando entró en vigor Inglaterra no era aún un Estado soberano en el sentido moderno del término. Finalmente, en tercer lugar, es incierto que la Magna Carta naciera con la vocación universalista que siglos después se le ha presumido, puesto que sus 63 cláusulas están pensadas fundamentalmente para las clases privilegiadas, no para el pueblo. Sin embargo, sería injusto negarle a este texto la trascendencia, el valor simbólico y la fuerza revolucionaria que, en los siglos sucesivos a su promulgación, se le ha atribuido como testimonio escrito de que ningún poder es absoluto y que el gobernante debe estar sometido al principio de rendición de cuentas, cuando el ejercicio del poder se desvíe del interés general o el bien común.

Decía el filósofo letón-británico Isaiah Berlin en la introducción a un libro póstumo, The Power of the Ideas (2001), que a veces las grandes ideas parecen tomar vida propia a lo largo de la historia del pensamiento, y que una vez enunciadas evolucionan y sobreviven adaptándose al paso del tiempo, mudando el significado que originalmente tuvieron para su autor. Tal vez sea este el caso de la Magna Carta, cuya incorporación a las declaraciones de derechos liberales del mundo anglosajón permite considerarla, en puridad, como una reliquia histórica situada a la misma altura que para Francia y el resto de la Europa de la Ilustración tuvo la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789.

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Bibliografía

AA. VV., Magna Carta and the Rule of Law, edited by Daniel Barstow Magraw, Andrea Martínez and Roy E. II Brownell, American Bar Association, Chicago, 2014.

CARPENTER, D., Magna Carta, Penguin Books, London, 2015.

HOLT, J. C., Magna Carta, Cambridge University Press, Cambridge, 1965.

McKECHNIE, W.S., Magna Carta: A Commentary on the Great Charter of King John, with an Historial Introduction [1215], Glasgow, James MacLehose and Sons Publishers, 1914.

VINCENT, N., Magna Carta. A very short introduction, Oxford, Oxford University Press, 2012.

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