Justicia constitucional. Una aproximación a los modelos clásicos y su reclasificación (II/II)

Suprema_Corte_de_Justicia_de_la_Nacin-4

Por Emanuel López Sáenz

Con base a lo dicho en el anterior artículo de la serie, es necesario cuestionarnos si es pertinente continuar utilizando los elementos de Cappelletti y sus (re)clasificaciones, o acudir a los modelos de comparatistas que toman como base criterios distintos, con el fin de volver más interesante y útil el estudio de un fenómeno jurídico, en este caso, la justicia constitucional.

En este entendido señala Giullaume Tusseau:

“Uno de los objetivos de la comparación jurídica consiste en ordenar de modo racional los objetos comparados. Para tal fin, es necesario insertar los elementos estudiados dentro de categorías que presenten una conexión sistemática entre ellos. De hecho, un mismo elemento puede constituir el objeto de infinitas clasificaciones. Basta poner en mente a las Constituciones formales, para poder clasificarlas según si las mismas contengan un número par o dispar de artículos, instauren un gobierno republicano o una monarquía, sean o no un Estado federal, etc. Tales consideraciones constituyen el criterio de la clasificación. Por lo tanto, es de considerar que las clasificaciones no son todas las mismas. Una buena clasificación presenta dos prioridades sobre el plano lógico. Las categorías individualizadas principalmente deben ser recíprocamente exclusivas, es decir, debe ser posible proceder a la clasificación del cumulo de objetos, de modo tal, que ningún elemento entre simultáneamente en más categorías (…). Además, las categorías deben ser conjuntamente exhaustivas, en el sentido de que ningún objeto por clasificar quede afuera (…)”.

“Un criterio de clasificación de las Constituciones formales como aquel que considere el número par o dispar de artículos –continua el autor francés – responde a las exigencias del tipo lógico, y así,  permitiendo atribuir a cada Constitución una sola categoría, permite clasificar todas las Constituciones formales. Pero es posible dudar  del interés intelectual que despierte en los juristas un criterio como éste. Parece al contrario, más interesante aún el hecho que una Constitución instaure un gobierno republicano o una monarquía, que ponga o no un Estado federal, y se llega así a la tercera propiedad de una buena clasificación: la pertinencia. Mientras las dos primeras propiedades son objetivas, ésta última es subjetiva  y depende de la finalidad de la investigación comparativa. La elaboración de una clasificación revela un lado utilitarista. Culminando por elaborar conceptos funcionales en vista de la realización  de objetivos intelectuales”[1].

Así pues, en una clasificación, las categorías seleccionadas deben ser recíprocamente exclusivas, conjuntamente exhaustivas y existir pertinencia en los elementos pre-seleccionados.

Recapitulando, la mayoría de los comparatistas que hemos analizado reconocen un modelo mixto, hibrido, o modelo intermedio entre el modelo “americano” y “austriaco”, por lo tanto, no se cumple con la característica de reciprocidad exclusiva.  Esto es debido a que la tesis del dualismo de los modelos ya no consigue responder a las necesidades de los estudios de la justicia constitucional[2]. En su trabajo Contre les «modèles» de justice constitutionnelle. Essai de critique méthodologique, Tusseau demuestra como la tesis dualística de los modelos no toma en cuenta de manera satisfactoria a la justicia constitucional como viene practicada por el derecho positivo en los diversos países[3].

Basta echar un vistazo en el “modelo austriaco”, el cual ha estado en constantes cambios, por ejemplo, en 1925 se dan facultades de control a priori, y en 1929 de abstracción de competencias[4] y el sistema ”americano” no corresponde más al de los Estados Unidos de América.

Más que refutar la construcción de clases y modelos, se busca negar la utilidad de usar solo la bipartición tradicional, actualmente inadecuada a representar la realidad, como indica Tusseau, la idea que se pueda salir de ellas para construir redes más elaboradas y actualizadas[5].  Y de esta forma Pegoraro diferencia entre modelos históricos –aquellos de Marshall y Kelsen– de los modelos heurísticos, fabricados en laboratorios por la doctrina para explicar la realidad, en búsqueda de emplear los elementos  determinantes más idóneos para conseguir una clasificación con criterios y categorías pertinentes recíprocamente exclusivas y conjuntamente exhaustivas.

En su obra Giustizia costituzionale comparata, Pegoraro considera como aspectos de suma importancia para la metodología empleada los siguientes:

1.- Las formas de Estado, liberal o liberal-democrático ya que solo en estas, con la positivización de la constitución, y después de haber consagrado su superioridad formal, tiene un sentido razonar de constitución y de justicia constitucional, y las socialistas, autocráticas o teocráticas, las cuales no aseguran -o aseguraban- un adecuado grado de independencia al juez de las leyes, y de cualquier modo la estructura profunda del sistema jurídico, las relaciones entre poderes, la relación entre sociedad y Estado hacen cuando menos problemática la comparación.

2.- Los antiguos -o históricos- y nuevos modelos paradigmáticos de control constitucional, los primeros divididos en el modelo descentralizado -aquel de los EEUUA-, el modelo teórico-empírico  o centralizado -aquel austriaco- y el modelo de control político o preventivo -aquel del sistema francés-, los segundos divididos en modelos de control incidental de constitucionalidad o híbridos -introducido en Alemania, después en Italia y España-, uno más que no es posible denominarlo como “unitario” en vista de la génesis y del contexto jurídico en el cual operan -visibles en América-latina, el Este de Europa, la ex Unión Soviética y parte de Asia y África-, de modo tal que las viejas tipologías tienen necesidad de una nueva sistematización, también para fines de crear modelos heurísticos dotados de prescripción.

3.- Así como a diferencia de los factores habituales para la clasificación de modelos -tales como la estructura de los tribunales, la fase del control, etc..- el autor decide tomar a consideración tanto la extensión del parámetro y del objeto del juicio, debidos al aumento de las constituciones en el campo de los derechos humanos y la tutela de la igualdad, como las técnicas del “recurso” de las cortes, el enriquecimiento de las motivaciones, y la relación con la opinión pública, así como también la suma de las competencias ejercidas por las cortes, cuyos poderes cada vez más tienden a expandirse y caer fuera de la justicia constitucional en el sentido más estricto.

Tomando en cuenta los tres aspectos mencionados en líneas precedentes, Pegoraro realiza una propuesta clasificatoria con 8 criterios que a su consideración son los más idóneamente determinantes[6]:

1.- Dependiendo del contexto estructural en el cual operan las cortes y tribunales constitucionales, pueden distinguirse: sistemas unitarios integralmente centralizados, sistemas unitarios parcialmente centralizados, sistemas plurales parcialmente descentralizados o sistemas plurales integralmente descentralizados.

2.- Con base en las funciones desempeñadas son sistemas monofuncionales o plurifuncionales.

3.- Por la ampliación del parámetro del control son de parámetro limitado o extendido.

4.- Por el objeto del sindicato de constitucionalidad (nivel de integralidad) será a objeto integral o parcial.

5.- Por las modalidades de acceso de las cortes serán sistemas puros o mixtos.

6.- Por la calidad de los objetos involucrados son sistemas cerrados o abiertos.

7.- Por los efectos de las sentencias, en relación con los otros poderes del Estado serán sistemas directos o indirectos.

8.- Dependiendo de los bienes tutelados[7].

Habiendo pasado por este rápido desarrollo en las clasificaciones de distintos comparatistas sobre la institución que protege y garantiza la Constitución, es palpable una evolución en el derecho positivo, y por ende, la necesidad de una evolución doctrinal.

La justicia constitucional posee reglas específicas y comunes, pero al mismo tiempo opera en cada sistema jurídico con un perfil de acción diferente. Distinto es, en los variados sistemas, a quien corresponde el control de constitucionalidad[8]; distintos el objeto y el parámetro; distintas las funciones ejercitadas -casi nunca circunscritas al control de constitucionalidad de las leyes-; distintas la naturaleza y la tipología de las decisiones; distintas las reglas que informan el proceso, y la distribución de las fuentes -en sentido amplio- que lo regulan.

Recapitulando, el derecho comparado puro busca crear modelos para posteriormente evaluar y comprender instituciones similares, o trasplantarlos a contextos distintos, estos -los modelos- deben ser útiles, es decir, deben lograr explicar la realidad actual para conseguir en segundo término los fines de evaluación, comprensión de instituciones y trasplante a otros contextos como se mencionó. Por lo tanto, si un modelo carece de esta congruencia con la realidad, no se conseguirá comprender la institución, ni mucho menos lograr un trasplante exitoso.

Por todo lo antes expuesto, tomando en cuenta este elemento -la utilidad- además que indudablemente los modelos van evolucionando -incluso los originales-, se debe tener en cuenta la distinción entre modelos históricos y heurísticos como lo ha señalado Lucio Pegoraro. Los modelos históricos son aquellos que lograron explicar la realidad en un tiempo determinado y por lo tanto fueron útiles en ese contexto; y los modelos heurísticos son aquellos forjados por la doctrina, fruto de la búsqueda de un común denominador, “vigentes” en abstracto y útiles para la realidad actual, que para conseguir dicha vigencia y utilidad se deben tomar en cuenta tres principios al momento de realizar las clasificaciones y crear modelos, esto es, que los elementos pre-seleccionados para la clasificación sean recíprocamente exclusivos, conjuntamente exhaustivos y exista pertinencia en ellos -los elementos pre-seleccionados-.

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Referencias

[1] Tusseau, Giullaume, voz “Classificazioni”, en Pegoraro, Lucio, Glosario de Derecho Público Comparado, Astudillo Reyes, Cesar, et al. (coords.), Porrúa, México, 2012.

[2] Tusseau, Giullaume, Modelli di giustizia costituzionale. Saggio di critica metodologica, B.U.P., Bologna, 2009, p. 21.

[3] Véase: Tusseau, Giullaume, Modelli di giustizia costituzionale. Saggio di critica metodologica, B.U.P., Bologna, 2009.

[4] Ibidem, p.23.

[5] Ibidem, p.12.

[6] Para profundizar en el tema véase : Pegoraro, Lucio, “Elementi determinanti ed elementi fungibili nella costruzione dei modelli di giustizia costituzionale” en Pegoraro, Lucio, Derecho constitucional comparado. Itinerarios de investigación, Querétaro, FUNDAp, 2011, p. 247 ss.; y Pegoraro, Lucio, Giustizia costituzionale comparata, Turín, G. Giappichelli, 2007.

[7] Este no se encuentra en la obra principal de Giustizia costituzionale comparata, sino en Itinerarios de investigación, ya que el autor no realiza la clasificación no se tomará en cuenta en el último capítulo, pero considero importante mencionarlo, ya que también lo considera un criterio clasificatorio determinante. Pegoraro, Lucio, Derecho constitucional comparado. Itinerarios de investigación, Querétaro, FUNDAp, 2011, p. 258.

[8] Ibídem, p. 1 ss.

Emanuel Lopez Saenz

Monterrey, Nuevo León, México. Licenciado en Derecho con acentuación en derecho corporativo por la Universidad Autónoma de Nuevo León (México) con intercambio en la Università di Bologna (Italia). Estancias de estudio sobre seguridad pública en la Universidad de Guadalajara (México), derecho comparado en la Università di Bologna (Italia), y derechos fundamentales en la Universidad Complutense de Madrid (España). Miembro traductor del Centro de Estudios sobre América Latina del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Università di Bologna (Italia), y miembro de la Sociedad Jurídica Internacional Phi-Delta-Phi. Me he desempeñado como abogado litigante, profesor en la Universidad Autónoma de Nuevo León, asesor jurídico en la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León y actualmente como asesor jurídico en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (México). Ámbitos de interés: derechos humanos, derecho comparado, derecho corporativo y constitucionalismo.

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