Una aproximación a la Justicia Constitucional Local en México: Caso Nuevo León

Por Emanuel López Sáenz 

El derecho procesal constitucional local o justicia constitucional local ha ido evolucionando de forma reciente en México a partir del año 2000, entendida ésta como el conjunto de procedimientos de carácter procesal por medio de los cuales se encomienda a determinados órganos locales la imposición forzosa de los mandamientos jurídicos supremos a fin de preservar la supremacía constitucional, (Fix Zamudio y Sagües). En el caso del Estado de Nuevo León, se origina derivado de la reforma constitucional publicada el nueve de junio del 2004.

La reforma constitucional mencionada incorporó en su artículo 95 las controversias de inconstitucionalidad local, mecanismos mediante los cuales se impugnan actos de autoridad o normas generales que invadan la competencia garantizada por la Constitución a los Poderes de la Entidad Federativa, y que provengan de otro diverso poder u órgano estatal o municipal, las cuales pueden ser promovidas por el Estado y municipios, así como los poderes u órganos públicos estatales o municipales, con exclusión del Poder Judicial del Estado para ser parte actora o demandada.

Asimismo, las acciones de inconstitucionalidad local, son los mecanismos mediante los cuales se impugnan normas generales, expedidas por el Congreso o por cualquier ayuntamiento, que en abstracto violen los derechos fundamentales de las personas emanados de la Constitución, o violen la distribución de competencias establecidas en la ley suprema local para el Estado y los municipios, o para cualquiera de los poderes u órganos públicos estatales o municipales. Este medio de control puede ser promovido por el Procurador General de Justicia del Estado, por los diputados locales, tratándose de normas generales expedidas por el Congreso del Estado, así como por los regidores, estos últimos tratándose de normas generales expedidas por su respectivo ayuntamiento.

De ambos mecanismos está facultado para conocer el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial, en su carácter de Tribunal Constitucional, conforme a los artículos 95 y 96 fracción I de la ley suprema del Estado.

El Pleno del Tribunal Superior de Justicia está integrado por dieciséis magistrados y es presidido por el magistrado que el propio Pleno designa. Para que el Pleno funcione es necesaria la concurrencia de la mayoría de sus miembros y sus resoluciones se toman por voto de la mitad más uno de los magistrados presentes. En caso de empate, el presidente tiene voto de calidad.

Posterior a la citada reforma, y en acatamiento de la Controversia Constitucional 74/2011, de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en fecha veintidós de octubre del 2013 la omisión legislativa del congreso local respecto de la legislación correspondiente, se emitió la Ley Reglamentaria del Artículo 95 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León en fecha 20 de junio del 2014.

En dicha legislación podemos observar que en el instrumento de control conocido como controversias de inconstitucionalidad local, están legitimados para interponerla la entidad, poder u órgano de la entidad que considere afectada su esfera competencial. En dichos mecanismos procede la suspensión únicamente en contra de actos, mas no respecto de normas generales, misma que en ningún caso podrá concederse en los casos en que se ponga en peligro la seguridad o economía del estado y municipio, u organismos públicos o instituciones fundamentales del orden jurídico, o pueda afectarse gravemente a la sociedad en una porción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante. Por otra parte, respecto a los efectos de las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional local, éstos serán erga omnes cuando las controversias versen sobre normas generales, e inter partes en caso de actos; indistintamente, para que puedan tener efectos las resoluciones y se declare la invalidez de las normas o actos es necesario el voto de las dos terceras partes de los magistrados integrantes del Pleno. Adicionalmente, para que los criterios emitidos resulten obligatorios para las Salas y Juzgados del Poder Judicial del Estado, así como para todos los demás tribunales con jurisdicción local no pertenecientes a aquél, se requiere de la declaración formal del Pleno del Tribunal, de tal suerte que puedan tener el carácter de jurisprudencia. Respecto de las sanciones el Tribunal Constitucional podrá separar inmediatamente de su cargo hasta por un año a los servidores públicos o la autoridad responsable en el caso de inejecución de sentencias, o de la ejecución con defectos o excesos o de la aplicación o repetición del acto o la norma general inválida.

En cuanto a las acciones de inconstitucionalidad local, cuentan con legitimación para promoverlas, el treinta y tres por ciento de los diputados integrantes del Congreso local o Ayuntamiento, así como el Procurador General de Justicia del Estado. Por vía de acción no procede la suspensión de la norma impugnada, y para efectos de invalidez de la norma y la formulación de jurisprudencia se sigue la suerte de las controversias constitucionales expuestas en líneas precedentes.

Es de mencionarse que el Estado de Nuevo León cuenta también con mecanismos de control constitucional local municipal, derivados de las reformas publicadas en fecha de veintidós de julio de 2005, que conforme al artículo 63 fracción XLV de la Constitución estatal los artículos 169 y 170 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, se integraron al marco protector constitucional las controversias administrativas municipales y los medios de defensa municipales. Por una parte, las controversias administrativas municipales, son los medios por los cuales se dirimen las controversias que se susciten entre la administración pública municipal y los gobernados ante organismos contenciosos, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; y por otra, los medios de defensa municipales, son aquellos por los cuales se sustancian los conflictos contra los actos y resoluciones administrativas que dicten o ejecuten las autoridades municipales, promovidos por los particulares afectados ante el Órgano de lo Contencioso Administrativo, o en su caso, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado.

Emanuel Lopez Saenz

Monterrey, Nuevo León, México. Licenciado en Derecho con acentuación en derecho corporativo por la Universidad Autónoma de Nuevo León (México) con intercambio en la Università di Bologna (Italia). Estancias de estudio sobre seguridad pública en la Universidad de Guadalajara (México), derecho comparado en la Università di Bologna (Italia), y derechos fundamentales en la Universidad Complutense de Madrid (España). Miembro traductor del Centro de Estudios sobre América Latina del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Università di Bologna (Italia), y miembro de la Sociedad Jurídica Internacional Phi-Delta-Phi. Me he desempeñado como abogado litigante, profesor en la Universidad Autónoma de Nuevo León, asesor jurídico en la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León y actualmente como asesor jurídico en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (México). Ámbitos de interés: derechos humanos, derecho comparado, derecho corporativo y constitucionalismo.

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