La política de defensa nacional española

Por Alba Delgado Ramírez

La Política de Defensa y la capacidad de las Fuerzas Armadas para evitar, disuadir y replicar ante actos que amenacen la seguridad de España, son los pilares que soportan el sistema institucional de la defensa española, contribuyendo en especial a la seguridad nacional, ya que garantizarla es una responsabilidad inalienable del Gobierno, una obligación a la que no se puede renunciar. Para poder ofrecer estas garantías, España debe contar con una defensa responsable desde dos perspectivas: primero, como una herramienta capacitada y adecuada para dar respuesta a las posibles amenazas, riesgos y retos que puedan surgir. Segundo, responsable en el sentido de conseguir una capacidad de actuación con una eficacia menor al coste social posible, especialmente por la austeridad ante la crisis económica.

Al ser miembro de organizaciones internacionales de seguridad y defensa, España tiene la opción de poder contar con aliados fiables. Ante esto, también se debe comportar de manera fiel y solidaria para lograr la seguridad colectiva. Pero en definitiva, la mejor contribución que puede ofrecer el Estado español a la estabilidad internacional no es otra cosa sino su misma fortaleza en un escenario mundial incierto, donde la fuerza militar a la disposición del gobierno es de vital importancia.

Es importante resaltar la necesidad de desarrollar una revisión sobre la manera de afrontar los riesgos y amenazas que vivirá España en los próximos años. Dicha reflexión solamente prosperará si se despliega en un contexto de gran participación y se centra en las actuaciones a medio y largo plazo, si se expone con precisión la voluntad de predominar sobre las amenazas no compartidas, si se destaca a España como un socio tal leal y responsable como el resto de miembros de la Unión Europea y la OTAN, y finalmente, si se plantean como objetivos conseguir una credibilidad sustentable frente a los aliados y frente a los actores que constituyan una amenaza.

Líneas generales de Defensa[1].

La disuasión frente a las potenciales amenazas a la soberanía e independencia nacional, la integridad del territorio o el orden constitucional, al igual que la resistencia ante agresiones contra estos valores y la protección constante de los intereses nacionales, son deberes de la Defensa Nacional. Las Fuerzas Armadas ayudan de manera particular y esencial a la Defensa, pues son las que suministran los medios para proteger los intereses nacionales vitales, cuando otras vías han sido ineficaces.

La disuasión empieza con la cohesión nacional, es decir, la voluntad colectiva y la decisión de proteger y mantener los valores de la sociedad española, que son los medios materiales para concebir la prosperidad y la fortaleza del Estado. Por esto es tan imprescindible crear conciencia social sobre la importancia de la Seguridad y la Defensa. Para cumplir con estas líneas generales, se han establecido una serie de directrices en la Directiva de Defensa Nacional[2]:

  1. Para racionalizar las estructuras que se relacionan con la seguridad nacional:
    1. Se colaborará con la revisión de la Estrategia Española de Seguridad.
    2. Se realizará una Revisión Estratégica de la Defensa.
  1. La disuasión es la consecuencia de tener ciertas capacidades y de la determinación de utilizar las mismas en el caso de que fuera necesario. La mejor garantía de paz y seguridad es la credibilidad:
  2. Se otorgará prioridad a la protección y disponibilidad de las capacidades de las Fuerzas Armadas, en disposición de los imperativos de la nueva situación estratégica en orden a:
  • Apoyar a las autoridades civiles.
  • Proyectar capacidad militar.
  • Vigilar los espacios marítimo y aéreo.
  • Defender el territorio nacional.
  • Ejercer la disuasión.
  • Se intervendrá en el fomento de una gestión integral de la ciberseguridad, dentro del marco de los principios que se establecen en el documento de Estrategia de Ciberseguridad Nacional.
  • Para potenciar el rendimiento de la labor realizada por los distintos departamentos, se promoverán los mecanismos de coordinación de una comunidad de inteligencia útiles para nuestro interés estratégico.
  1. Las organizaciones internacionales de seguridad y defensa, en particular la OTAN, son indispensables en un ámbito internacional en el que la variedad de las amenazas, su expansión y la incertidumbre que generan, harían inconcebible un escenario de actores aislados. España apuesta indiscutiblemente por estas organizaciones, impulsando acciones para que el paraguas defensivo de estas organizaciones ampare todas nuestras necesidades en materia de seguridad, e interviniendo en las iniciativas que tengan como propósito fijas sus objetivos y fortalecer su unidad. En consecuencia, España:
  • Colaborará en la estructuración y avance de la Política Común de Seguridad y Defensa y la Cooperación Estructurada Permanente, cooperando para su mayor coherencia y eficacia.
  • Participará de forma activa y responsable en las iniciativas de la OTAN que beneficien los intereses nacionales y colectivos.
  • No desatenderá el reforzamiento de la relación bilateral con los Estados o actores con los que comparte intereses y/o amenazas, que puedan dar estabilidad al entorno español, o que enriquezca la posición de España en el ámbito de las relaciones estratégicas.
  1. La mayor efectividad de las Fuerzas Armadas y las limitaciones de la situación económica reclaman una revisión del actual diseño de sus estructuras. Por ello, se deben adaptar las estructuras y los procesos de las Fuerzas Armadas, de tal manera que se aumente su eficiencia, tanto en el ámbito de la gestión, como en la obtención y en el empleo de los recursos, fomentando la concordancia de los recursos financieros disponibles, con las demandas del nuevo escenario estratégico.
  1. Finalmente, la defensa de España necesita del fomento de la industria nacional del sector, abastecedor de las necesidades de las Fuerzas Armadas españolas. La permanencia y desarrollo de esta industria hace necesaria la asistencia a la misma en su presencia internacional, fundamentalmente en la inserción en mercados que por su especificidad contemplan garantías más amplias con el respaldo de Estado a Estado.

Efectos de los cambios en el contexto internacional.

El modelo de Defensa que se había estado siguiendo en los países occidentales se ha quedado desfasado por la desaparición de los contextos geopolíticos y geoestratégicos para los que fueron diseñados. Sus características fundamentales, que son los escenarios y la utilización del poder militar, la estructura y naturaleza de las fuerzas armadas, la base presupuestaria e industrial y la cultura estratégica, están transformándose rápidamente como consecuencia de los procesos derivados de la globalización y asociados a la crisis económica que afecta a los países occidentales. Tanto el gobierno como la sociedad deben elegir si mantener el modelo tradicional de Defensa, agrandando su desfase y fomentando la obsolescencia, o afrontar la renovación para adecuarlo a las tendencias estructurales de cambio.

El contexto geopolítico global se ha visto modificado drásticamente en los últimos años ya que el epicentro geopolítico ha cambiado su foco desde la región euroatlántica a la asiática. Como consecuencia de la globalización, los Estados, no son ya los únicos actores del escenario geopolítico, ni mantienen el monopolio del uso de la fuerza, por lo que tienen que encontrar nuevas formas de emplear la herramienta militar, y tienen que variar sus alternativas porque según sus intereses y capacidades nacionales tendrán que hacerlo individual, bilateral o multilateralmente, dado que no pueden hacer frente por sí solos a los nuevos riesgos y amenazas, pero las organizaciones multilaterales tampoco lo pueden hacer sin el apoyo de los Estados miembros.

Como consecuencia de esto, surgen nuevas modalidades de empleo de la fuerza y se dejan de lado otras como las de la proyección global, terrestre y masiva de fuerzas. Además han emergido nuevas áreas de actuación como el ámbito espacial y el cibernético, donde las Fuerzas Armadas deben actuar de manera conjunta y en colaboración con nuevos actores de seguridad, públicos y privados. Es indispensable disponer de una serie de capacidades que compongan una adecuada Fuerza Conjunta capaz de concebir los componentes de fuerza específicos para las operaciones.

La crisis económica ha empeorado los problemas referentes al presupuesto de la Defensa, afectado por el aumento exponencial de costes y la pérdida de prioridad frente a otros elementos de gasto. Como resultado, se desmoviliza el soporte industrial sobre el que los países occidentales como España, han basado su hegemonía sobre el mercado de la Defensa. Y por último, cambia la visión política y social sobre la productividad del uso del poder militar, de las guerras por necesidad, a las guerras por elección.

El trecho surgido entre los objetivos y los recursos financieros disponibles, hace que se dificulten la sostenibilidad los modelos de Defensa vigentes, y además cuestiona la viabilidad de la base industrial y tecnológica sobre la que se ha venido sustentando la capacidad militar de los países occidentales. Como consecuencia de esto, se está provocando la necesidad de un cambio de cultura estratégica en las sociedades, con respecto al empleo de la fuerza militar.

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Referencias:

[1] Arteaga, F. (2013). La Defensa que viene: Criterios para la reestructuración de la Defensa en España. Real Instituto Elcano.

[2] Directiva de Defensa Nacional (2012). Presidencia de Gobierno.

Alba Delgado Ramirez

Caracas, Venezuela. Graduada en Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), estudiante del Máster en Paz, Seguridad y Defensa en el Instituto General Gutiérrez Mellado (Madrid). Colaboradora en el área de Cooperación Internacional, sensibilización y desarrollo en la Cruz Roja Española, y colaboradora de traducción en Dianova España. Ámbitos de Interés: Paz y seguridad internacional, relaciones internacionales, derecho internacional humanitario, derechos humanos, cooperación internacional, resolución de conflictos y protección de víctimas.

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