Experiencia de la Codificación Penal en Argentina. El proyecto “Tejedor” y el proyecto de “la comisión”.

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Por Matías Rosso.

  1. La Codificación y el cambio de Paradigma jurídico-social.-

La historia de la codificación guarda un valor específico porque marca la decadencia y posterior desaparición del sistema de fuentes que bien o mal había tenido vigor en la mayor parte de la cultura europea desde siglo XIII. Desaparece no tanto por la gravedad de sus defectos o por la intensidad de su degeneración, cuanto porque desaparece el orden político y social sobre el cual se había instaurado la estructura estamental del antiguo régimen. (Caroni, 1996).

Para comprender esto, es necesario decir que cuando hablamos de código no nos referimos a una mera compilación de normas, sino a:

(…) colección escrita de reglas jurídicas que tiene por intención y ambición ser completa y que busca la unificación tanto del derecho, como del territorio y también de la población, y que por otro lado busca constantemente satisfacer las expectativas del grupo social que había salido victorioso de las revoluciones liberales. (Caroni, 1996: 24),

Siguiendo este pensamiento podemos decir que según las ideologías liberales, a partir del cambio de paradigma, los jueces verán restringidos sus amplias facultades interpretativas que la vieja cultura les asignaba mediante la noción de arbitrium iudicis y se limitarán a aplicar el derecho, a ser la boca de una ley que ha asumido ahora la forma de un breve código. Todo el derecho tiende a concentrarse en la ley que se representa en su forma más perfecta en los códigos, con la consecuente eliminación de la dispersión jurídica y del antiguo pluralismo característico de la experiencia anterior.

Podemos hoy advertir que el proceso de transición entre la cultura jurídica del Derecho Común al sistema de la codificación, ha tenido su propia historia dentro de cada Estado. Sería menos complejo pensar que esta transición fue rápida y radical, y que de un plumazo se suplantó el viejo sistema de fuentes por el nuevo paradigma. Y sobre todo pensamos este fenómeno cuando proyectamos en el tiempo histórico las incompatibilidades de estos dos sistemas. Dado que estaban en posiciones inconciliables y por sus principios se excluían el uno con el otro. Sin embargo, como lo señalan recientes investigaciones (Caroni, 2012: 206) podemos advertir que estas percepciones son incorrectas. Solo en muy pocos Estados se cambió de paradigma jurídico de un día para otro, a toda velocidad. La mayoría de los Estados necesitaron de mucho tiempo para reflexionar y dar cuenta de los beneficios que conseguían con el nuevo sistema y de las pérdidas que padecían al dejar el “viejo” paradigma atrás. Este fue el caso de la historia de la codificación en Argentina.

Teniendo en cuenta estos postulados buscaremos descubrir con que intensidad ingresaron a la cultura jurídica en nuestro territorio, a la luz de la experiencia de Córdoba. Si los agentes jurídicos tomaban el código según el paradigma liberal o si por el contrario lo veían como una fuente más de la antigua cultura jurídica, es decir si lo utilizaban como fuente única de legislación o sólo como una guía para justificar sus posiciones.

  1. Antecedentes de la Codificación Penal argentina.-

Aunque existieron algunos intentos codificadores en la primera mitad del XIX, como el proyecto de Guret Bellmare de 1822 (Levaggi, 2012: 272), hubo que esperar hasta 1852 para encontrar el primer impulso serio y comprometido de codificación. El 24 de agosto de ese año, el Director Provisorio Justo José de Urquiza promulgó un decreto en el que se sostenía que las leyes penales vigentes eran “…absolutamente inaplicables […por ser…] crueles y extravagantes, que los magistrados, para no incurrir en la infamia o en la ridiculez de ejecutarlas, legislan por sí mismos, para cada caso; y lo arbitrario, […] viene a ser un bien, comparado con el abuso de imponer esas penas” (Tau Anzoátegui, 1977: 315), Con estas palabras, Urquiza representaba el pensamiento de varios pensadores contemporáneos que aseguraban que la sanción de un código penal era esencial para terminar con el arbitrio judicial que evitaba la aplicación de las penas crueles que las leyes castellanas les mandaban a aplicar (Yangilevich, 2009: 205). En resumen, el decreto de Urquiza designaba las comisiones para la redacción de los códigos, entre ellos el penal. El intento no  prosperó pero sirvió de antecedente para que los convencionales de 1853 redactaran el inciso 11 del art. 67, en los términos antes referidos.

Una vez concluido el proceso de reforma de 1860 con la incorporación de Buenos Aires, estaban dadas las condiciones para llevar adelante la codificación nacional. La ley del 6 de junio de 1863 autorizó al Poder Ejecutivo para nombrar las comisiones encargadas de redactar los proyectos de códigos, penal, de minería, etc.; y en cumplimiento de ella, fue comisionada la redacción del proyecto del Código Penal al doctor Carlos Tejedor[1], quien presentó la primera parte de su trabajo el 30 Diciembre de 1865. Ese proyecto estaba inspirado, según lo declara su propio autor, en el Código de Baviera de 1813 redactado por Feuerbach, principalmente en la parte general. Sin embargo Tejedor no conoció este texto sino que le llegó a través de la traducción francesa realizada por Charles Vattel en 1852 (Levaggi, 2012: 276).

Los textos normativos de la Nueva Recopilación de 1567, adicionada por reglamentos y normas de frágil transitoriedad, tras la independencia, así como del sistema del Derecho Penal hispano basado en el Derecho común, se seguían manteniendo gracias a la inercia legislativa de la época. La poco novedosa Novísima Recopilación de 1805 no logró ni renovar ni consolidar el sistema normativo tardo colonial. Hasta este momento, los magistrados disponían de una multitud de piezas legales contradictorias y, alguna de ellas, abolidas por desuso, lo que les daba una gran discrecionalidad en la selección legal para fundamentar sus decisiones (Caimari, 2004: 37).

Este era el escenario nacional en el cual Tejedor presentó en 1865 la Parte General de su Proyecto y en 1867 la Parte Especial. Este proyecto se convirtió en el fundamento del primer Código Penal Nacional, que aparecería casi veinte años después, en 1886.[2]

Todo el articulado del proyecto va acompañado de numerosas y largas notas realizadas por el autor. En ellas Tejedor marca la concordancia de cada artículo con antecedentes romanos, castellanos y patrios. También con textos doctrinarios de la época. Entre los textos a que hace referencia, se destacan como fuentes, el Código Penal Bávaro de 1813. Thomas Duve ha sostenido que, contrariamente a lo que expresa el propio autor del proyecto, éste no se apoyó principalmente en el Código de Baviera, sino que la fuente mayoritaria de las normas de la parte especial provenía de la legislación americana contemporánea, especialmente del Código Peruano de 1863 (Duve, 1999). Del Código de Feuerbach, Tejedor siguió la organización general y la tripartición en crímenes, delitos y contravenciones. Los pocos artículos que adoptó de esa fuente fueron modificados para la sanción del Código en 1886 (Levaggi, 2012: 276-277). También utilizó como fuente para la redacción de su proyecto el Código español de 1848 y 1850, el francés de 1810, el de las Dos Sicilias, el austriaco y el prusiano. Entre los textos americanos acude a los Códigos de Bolivia, Brasil, al de Nueva York y al proyectado por Levingston para Luisiana. Hay que destacar aquí que Tejedor no dejo de lado la legislación española, ya que utilizó también las Partidas, las leyes de Estilo, la nueva Recopilación y la novísima Recopilación (Laplaza, 1978: 78).

La ley número 250 del 16 de octubre de 1868, autorizó al Poder Ejecutivo para nombrar una comisión de tres abogados para que examinara el proyecto de Tejedor. Luego de doce años de trabajo, la comisión compuesta por Sixto Villegas, Andrés Ugarriza y Juan Agustín García, en lugar de informar sobre el texto de Tejedor, presentó un proyecto alternativo. La comisión elevo sus conclusiones el 3 de enero de 1881 al ministro Manuel Pizarro. En ella se podían leer párrafos como este:

El ilustrado autor del proyecto primitivo tuvo en cuenta, para redactarlo, todos los antecedentes más respetados de la ciencia del derecho en la época en la que presento su trabajo… pero al terminarse ese trabajo se iniciaba en el mundo un movimiento general de codificación, que continua todavía, especialmente en materia penal. La Dinamarca, la Suiza, la Bélgica, la Alemania, el Portugal, la España, los Estados Unidos, la Luisiana, Chile, la Italia, el Austria, los Países Bajos, Méjico, Venezuela, emprendían resueltamente trabajos de codificación, creando o preparando sus textos, o perfeccionándolos… La comisión ha debido tomar en cuenta esos códigos o proyectos de Código y sus comentarios, pues en ellos se concretaba la ciencia de cada país, y hacer un trabajo de selección, aceptando las nuevas doctrinas, cuando tenían por apoyo los verdaderos principios, y se armonizaban con el plan general del Proyecto del Código, y con la índole, instituciones políticas y costumbres del país a que debía aplicarse. (Moreno, 1922)

Seguía la nota explicando que la comisión intentó por todos  los medios no apartarse demasiado del Proyecto originario, pero se vio obligada a alterar el orden de exposición de las materias del Libro Segundo. Luego explica que la división de los delitos públicos y privados, que adoptaba el Proyecto originario, ya había sido desechada por los autores de la época. También suprimía la división que había hecho Tejedor entre crímenes, delitos y contravenciones, reuniendo todos los hechos punibles bajo la calificación de delitos. La Comisión modificó, además, la escala de la pena, siguiendo las opiniones que habían prevalecido en el derecho penal de la época (Moreno, 1922). Fue así, entonces, que se dividieron las penas en dos categorías, penas generales de escala y penas especiales para ciertos delitos.

El 11 de mayo, el Poder Ejecutivo Nacional había remitido este Proyecto para su sanción. En el segundo artículo del Proyecto podía leerse:

La Suprema Corte de Justicia y Tribunales Nacionales, darán oportunamente cuenta al Ministerio de Justicia de las dudas, dificultades e inconvenientes que ofreciere en la práctica la aplicación del Código, así como la de los vacíos que encontrasen en sus disposiciones, para someterlas con el correspondiente informe, a la resolución del Honorable Congreso. (Ruiz Moreno, 1898)

Examinando fechas se percibe que la ley 250 de 1868, que pretendía que el informe de la comisión se presentara para las sesiones de 1869, no dio el resultado que se deseaba porque aquella no se expidió sino doce años después de lo previsto. Y tampoco se expidió de la forma estipulada, ya que se le obligaba hacer un estudio detallado del proyecto de Tejedor, y en cambio de ello lo que la comisión realizó fue un proyecto propio que, por otra parte, tendría escasa influencia en nuestra codificación.

El Congreso decidió en 1886 adoptar el proyecto Tejedor de 1867 como modelo para la elaboración del código, dado que el intento de combinar la propuesta de la ley bávara con la española como lo indicaba el proyecto de 1881, según la opinión prevaleciente, lo único que había logrado era crear contradicciones. Según la opinión de un diputado de la época, parecía imposible mezclar los códigos de dos pueblos de “raza distinta, de tradiciones diferentes y de costumbres distintas” (Aguirre, 1887: XXIII)[3].

Ninguno de los dos Proyectos presentados hasta ese momento parecían los más adecuados para convertirse en el primer Código Penal de la Nación.  Frente a la Cámara de Diputados, el Ministro de Justicia hablaba de “este mal código del doctor Tejedor” y de “esta verdadera monstruosidad que se llama hoy código penal”. Tan exagerados le parecían ciertos artículos que luego de relatar algunos ejemplos del proyecto exclamó que “esto ni en la Turquía es justicia”[4]. Pero a diferencia del proyecto de 1881, el de 1867 contenía una homogeneidad teórica y cultural. Así el primer Código Penal Nacional entraría en vigencia en 1887 y fue realizado sobre la base del Proyecto Tejedor de 1867.

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Biliografía.

  • Agüero, Alejandro, (2011) Tradición jurídica y derecho local en época constitucional: El “Reglamento para la Administración de justicia y policía en la campaña” de Córdoba, 1856. hist. derecho[online]. Nº.41, Buenos Aires, [citado  2013-05-27], pp.1-43. Disponible en: <http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-17842011000100001&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1853-1784.
  • Aguirre, J, (1887), Código Penal de la República Argentina, Buenos Aires: Ed. Félix Lajouane.
  • Botana, Natalio (2012), El orden conservador. La política argentina entre 1880 y 1916, Buenos Aires, Edhasa.
  • Caroni, Pio, (1996) Lecciones catalanas sobre la historia de la codificación. Aquilino Iglesias Ferreirós. Madrid: Ed. Marcial Pons.
  • Caroni, Pio, (2012), Escritos sobre la Codificación, Madrid: Universidad Carlos III.
  • Caimari, Lila, (2004) Apenas un delincuente. Crimen, castigo y cultura en la Argentina, 1880-1955, Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina.
  • Garriga, Carlos, (2010), “Continuidad y Cambio del Orden Jurídico”, en Garriga, Carlos (coord.), Historia y Constitución. Trayectos del constitucionalismo hispano, México, Instituto Mora-CIDE, pp. 59-106.
  • Duve, Thomas, (1999), “¿Del absolutismo ilustrado al liberalismo reformista? La recepción del Código penal Bávaro de 1813 de Paul J. A. von Feuerbach en Argentina y el debate sobre la reforma del derecho penal hasta 1921”, En Revista de historia del Derecho, Nº 27, Buenos Aires,Tau Anzoátegui, Víctor RC 2008 , pp. 125-152.-
  • Laplaza, Francisco, (1978), “El proceso histórico de la codificación penal argentina”, en Revista de Historia del Derecho “Ricardo Levene”, Nº 21, Buenos Aires, Imprenta de la universidad, p.p. 59-92.
  • Levaggi, Abelardo, (2012), El derecho Penal Argentino en la Historia, Buenos Aires: Eudeba.
  • Lorente, Marta (coord.) (2007), De justicia de Jueces a Justicia de leyes: hacia la España de 1870, Madrid, Consejo General del Poder Judicial.
  • Moreno, Rodolfo, (1922), El Código Penal y sus antecedente. Buenos Aires: T. I. Editor H. A. Tommasi.
  • Ruiz Moreno, Isidoro, (1898), El derecho penal en la República Argentina, Paraná: Gutemberg.
  • Tau Anzoátegui, Víctor, (1977), La codificación en la Argentina (1810-1870). Mentalidad social e ideas jurídicas, Buenos Aires: Perrot.
  • Yangilevich, Melina, (2009) “Leyes antiguas para un estado moderno. Prácticas jurídicas en la provincia de Bueno Aires durante el período de la codificación”. Darío Barriera (compilador), Justicia y Fronteras. Estudios sobre historia de la justicia en el Rio de la Plata. Siglo XVI-XIX. Murcia, ediciones de la universidad de Murcia, pp. 205-223.

Referencias

[1] Carlos Tejedor, jurista y político, titular de la cátedra de Derecho Penal y Comercial de la Universidad de Buenos Aires y autor de diversos manuales, el más importante de ellos fue el Curso de Derecho Criminal de 1860

[2] Mediante Ley nº 1920 del 7 de Diciembre de 1886, Ley sancionando el Código Penal de la Nación, dictada por el Honorable Congreso de la Nación Argentina.-

[3] Opinión del diputado Solveyra, diario de sesiones de la cámara de diputados, sesión del 23 de octubre de 1886.

[4]  Fragmento de sesión de prórroga del 15 de Noviembre de 1886. Comisión de códigos.

Matias Rosso

Córdoba, Argentina. Graduado en Derecho y Master en Storia e comparazione delle instituzioni politiche e gioridiche dei pasei dell’Europa Mediterranea. Doctorando en la Universidad Nacional de Córdoba. Profesor en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Siglo XXI. Ámbitos de interés: Historia legal del siglo XIX, historia de la codificación y derecho penal.

1 Comment

  • Responder junio 28, 2016

    Ledesma Jessica Pamela

    Excelente nota y por sobre todo un excelente profesor. La materia que brinda es todo un arte cuando la da a sus alumnos. Que gran orgullo.

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