Los derechos como estrella polar de una vida entera: recordando a Gregorio Peces-Barba

barba

Por Michele Zezza

Si asumimos que la protección de los derechos humanos requiere una complicada división del trabajo entre distintos sujetos de la vida social, quizá una de las figuras que más se acerca a invalidar esta premisa es la de Gregorio Peces-Barba Martínez (13/01/1938 – 24/07/2012). Padre de la Constitución, presidente del Congreso, docente e intelectual, rector y catedrático, jurista y abogado, Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, la parte más consistente de su vida giró alrededor de la defensa de los derechos humanos, es decir de su estudio, protección e implementación, en una perspectiva que conjugaba armónicamente el compromiso cívico con el rigor científico.

Su recorrido académico se desarrolló esencialmente en dos Universidades: la Universidad Complutense desde 1962 a 1989, y la Universidad Carlos III desde 1989 hasta el 2012. Su enseñanza y su producción científica, que casi siempre se han mantenido en una línea de intersección entre descripción y prescripción, se pueden considerar como un compromiso constante, indefectible, para la realización de un Estado democrático y social de derecho centrado en los derechos humanos y llevar a cabo las premisas sustanciales implícitas en la Constitución. Conciencia iluminada de España, “hombre de cultura” fuertemente comprometido dentro de la sociedad, “intelectual militante” y heterodoxo, al intervenir en la vida pública, nunca lo hacía con ánimo de competir con los políticos profesionales sino con la sana intención de promover el diálogo en la búsqueda abierta de la verdad[1]. Por lo que se refiere a la vida académica, desarrolló su carrera guiado por un modélico espíritu de servicio, como demuestra el sentimiento de nostalgia con la que lo recuerdan sus discípulos y estudiantes. Pero a esta responsabilidad, que en el filósofo asume el carácter de un deber moral hacia la comunidad, fue fiel en todas las dimensiones de su vida pública, tanto en el mundo universitario como en la realidad político-cultural.

Nos ha dejado una obra notablemente extensa, original, poliédrica, atravesada por una multiplicidad de líneas de evolución, que incluye una amplia producción de artículos y más de veinte monografías, dedicadas a varios temas de filosofía política, moral y del derecho, entre las que, por su relevancia, cabe señalar al menos las siguientes: Tránsito a la modernidad y derechos fundamentales (1982), Introducción a la filosofía del derecho (1983), Los valores superiores (1984), Escritos sobre derechos fundamentales (1988), Derecho y derechos fundamentales (1993), Curso de derechos fundamentales (1995), Curso de teoría del derecho (1999), Ética, poder y derecho (2000), Lecciones de derechos fundamentales (2004), Educación para la ciudadanía y derechos humanos (2007).

Además, dirigió y coordinó activamente varios proyectos de investigación: en particular, además de una monumental “Historia de los derechos fundamentales” que actualmente consta de 22 volúmenes, el proyecto Consolider-Ingenio 2010 “El tiempo de los derechos” (HURI-AGE), con el objetivo de “analizar desde un enfoque integral la realidad de los derechos humanos en las sociedades contemporáneas identificando los principales retos y problemas con los que se encuentran y se pueden encontrar en el futuro y proponer posibles vías de solución que conduzcan a la consecución de un Estado de derecho internacional”.

En 1980, participó en el nacimiento del Instituto de Derechos Humanos de la Complutense y, a continuación, fundó el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de Las Casas (1993) dentro de la Carlos III. Fue además “Académico de número” en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España y Presidente de la Sociedad española de filosofía jurídica y política, así como miembro de los comités de redacción de relevantes revistas científicas españolas y uno de los fundadores (en 1963) de la revista “Cuadernos para el diálogo”.

Su carrera de abogado tuvo inicio ya durante el periodo de la dictadura franquista, con todo en contra: de 1963 a 1975 Peces-Barba se comprometió activamente en contra de los despidos en masa, la pena de muerte y tortura, en particular frente al Tribunal del Orden Público y la jurisdicción militar en distintos Consejos de guerra.

De formación democráta-cristiana, su trayectoria política empezó en 1963, con la adhesión a la “Izquierda democrática”. En 1972 se inscribió en el “Partido socialista Obrero Español”, asumiendo, entre 1977 y 1986, el cargo de diputado por Valladolid y, a partir de 18 de noviembre de 1982, día de la constitución de las Cortes generales, de Presidente del Parlamento, papel que ocupará hasta 1986. Fue además uno de los siete miembros encargados de la redacción del texto de la Constitución de 1978, en concreto del Título preliminar y del conjunto de la parte dogmática.

Con el nombramiento del Consejo de ministros del primer ejecutivo de Zapatero, actuó desde 2004 a 2006 como Alto Comisario, cargo con rango de Secretario de Estado, con el objetivo de coordinar la acción del gobierno frente las víctimas del terrorismo.

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Al considerar el entero recorrido filosófico e intelectual de Gregorio Peces-Barba, se puede identificar el núcleo central de su pensamiento en el intento de elaborar y promover un modelo normativo de convivencia social centrado en la valorización de la dignidad del ser humano dentro de una sociedad secularizada, laica y tolerante; una teoría de la justicia, con una finalidad de carácter deontológico, estrechamente vinculada al postulado antropocéntrico que apoya la entera estructura de su reflexión: el desarrollo integral de la persona, en todas sus dimensiones. Dicho proyecto arquitectónico se inserta en una línea de continuidad con el horizonte emancipatorio de la modernidad, y pretende representar una referencia ideal respecto a las sociedades actuales, un modelo teleológico de racionalización y humanización de las relaciones sociales. La propuesta teórica del autor – una filosofía jurídica de corte positivista estrechamente ligada a aquellos valores básicos que definen “la ética pública de la modernidad” – está construida como un diseño inclusivo, de integración social, que conjuga las diferentes corrientes históricas y filosóficas (el humanismo renacentista, el iusnaturalismo moderno, la filosofía iluminista, el liberalismo político, el pensamiento democrático y socialista) que, a partir del “tránsito a la modernidad” hasta nuestros días, han favorecido la valorización del ser humano como individuo autónomo.

Adoptando una posición epistemológica de moderado cognitivismo ético, Peces-Barba caracteriza el principio de dignidad, de forma análoga a los valores que del mismo derivan, como dotado de un estatuto de racionalidad objetiva, de forma que la globalidad de su propuesta se puede concebir como dotada de un significado universalizable si bien siempre a partir de la referencia a un contexto social determinado. La idea de dignidad humana actúa como punto de partida y objetivo de la enseñanza pública que busca la formación intelectual de la persona y su inserción tanto en la sociedad como en las instituciones políticas.

Un instrumento heurístico de esencial relevancia en su metodología de estudio, a fin de analizar la evolución de los fenómenos sociales, está representado por la noción de “razón situada en la historia”, clave metodológica que en la teoría de Peces-Barba representa el objeto esencial del estudio de la realidad social para fundamentar las razones de su transformación. Desde este punto de vista, toda su obra puede ser considerada como un intento de conciliar “razón” e “historia” en una síntesis homogénea. En el marco de una indagación histórica racionalmente orientada, se puede concebir la dimensión evolutiva del Estado de derecho y de las libertades públicas e individuales como un proceso naturalmente expansivo, una sucesión de conquistas progresivas en el seno de un desarrollo unitario de las diversas generaciones de derechos. Los factores sociales, económicos, religiosos, políticos etc. – se debe precisar – desarrollan un papel explicativo fundamental en el estudio de la evolución histórica, pero sin por ello llegar a agotar el significado último de los derechos. La constante reivindicación del condicionamiento histórico de los derechos implica una demarcación crítica de su posición respecto a los opuestos reduccionismos[2]. Incluso con respecto a los derechos, la historia es asumida como instancia explicativa y no justificativa; forma parte del “contexto del descubrimiento” y no del “contexto de la justificación”.

Por una parte, el modelo teórico que el autor propone no se limita a reflexionar pasivamente sobre la evolución de la realidad, sino que ambiciona constituir el horizonte normativo que debería orientar la producción jurídica del poder político; aspira, en otros términos, a mostrar cómo debería ser la realidad para posibilitar el desarrollo más amplio del individuo en el seno de la sociedad. Por otra parte, este modelo no se puede considerar como una reflexión etérea desvinculada de cualquier vinculación con los hechos sociales, en cuanto se propone analizar en profundidad la realidad histórica, con el fin de evitar cualquier manipulación, tomando conciencia de los nexos causales que interconectan los diversos eventos y contextualizando los problemas. La dimensión histórica, en otros términos, asume una relevancia esencial a fin de describir el contexto genético y evolutivo de los acontecimientos sociales, aunque sin implicar un recurso a alguna forma de historicismo holístico (entendido en sentido popperiano como una forma de determinismo rígido).

En la combinación del análisis sincrónico y el diacrónico, del plan de la teoría filosófica y de la investigación histórica; en el intento de integrar la comprensión racional y el estudio de los procesos de positivación jurídica, es posible identificar el propósito de superar las aporías del absolutismo moral que caracteriza algunas doctrinas iusnaturalistas, así como el determinismo propio de algunas versiones del historicismo y los dogmas del positivismo jurídico más formalista, sin por ello renunciar a la posibilidad de prever instancias potencialmente universalizables. Entre el plano de la teorización filosófica y el de la realidad social se puede por tanto determinar un nexo causal bidireccional: los desarrollos teóricos de los derechos aparecen inextricablemente conectados a transformaciones políticas, económicas, culturales y viceversa.

A raíz de este enfoque, el nacimiento de los derechos es visto como la consecuencia de la interacción de diversas causas de naturaleza socio-económica, geo-política e ideológica: el nacimiento del capitalismo y del Estado, el ascenso de la burguesía como clase hegemónica, el desarrollo de las relaciones de mercado, la progresiva humanización del derecho penal y procesal, la ruptura de la unidad religiosa y la propagación de la Reforma protestante, el descubrimiento revolucionario de las ciencias de la naturaleza, el surgimiento de una nueva mentalidad individualista y racionalista, la afirmación del paradigma contractualista moderno, entre otros fenómenos. Los derechos presentan un fuerte anclaje en el conflicto social, estando originados en las tensiones, disensiones, reivindicaciones y luchas. Constituyen además una respuesta a la carencia de bienes que puede advertirse en la conciencia de los seres humanos. Las necesidades básicas asumen diversa configuración según los contextos sociales de los que traen origen. Se trata de un proceso abierto de ampliación progresiva de la noción de ciudadanía. La ampliación de la esfera de los derechos en la dirección de una forma de igualdad sustancial, de “libertad igualitaria”, se puede considerar como un desarrollo racional del hito histórico que ha marcado el nacimiento y consolidación de los derechos y al mismo tiempo como el resultado natural de un proyecto típicamente moderno que no puede considerarse aún concluido.

Peces-Barba ha elaborado, dentro de una vasta producción científica, una teoría de los derechos compleja y articulada, parte integrante de una idea global de la sociedad bien ordenada. A partir de presupuestos liberales e igualitarios, ha construido un modelo teórico inclusivo y sincretista altamente sensible al sustrato material que informa el contenido de los derechos. El mayor aporte que el filósofo ha dado a la refundación democrática y a la modernización de España se puede medir sobre todo en el terreno del aporte a la formación de una articulada doctrina de los derechos humanos, en la participación a la redacción de una carta constitucional inspirada a los valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo (expresamente recogidos ya en el primer artículo), en la consolidación del sistema democrático y en el proceso de constitucionalización que ha atravesado la cultura jurídica española en los años sucesivos.

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Referencias

[1] Véase, al respecto, N. BOBBIO, Il dubbio e la scelta. Intellettuali e potere nella società contemporanea, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1993; ID., Politica e cultura, a cargo de F. Sbarbieri, Einaudi, Torino, 2005. En este sentido, tal vez la figura que más ha influido sobre su planteamiento metaético (y sus implicaciones liberales), incluso en el estudio de los derechos humanos y en la deconstrucción de los postulados dogmáticos del racionalismo ético, es la de Norberto Bobbio. Es justamente en sede de ética normativa donde se pueden ubicar la mayoría de los elementos de convergencia entre ambas teorías, sobre todo en la defensa de una “política de la cultura” auténticamente laica y crítica, centrada en el valor de la tolerancia.

«Se il pensiero critico – observa Morris Ghezzi –, con tutti i suoi portati di dubbiosità metodologica, di relativismo valoriale e di rivedibilità permanente di tutte le verità, si situa in modo immediato alla radice di ogni reale pluralismo politico, il contributo centrale di pensatori come Bobbio e Treves al socialismo spagnolo democratico e postfranchista risiede proprio nell’aver saputo comunicare tale pensiero, soprattutto nella sua dimensione metodologica» (M. GHEZZI, III. Dalla sociologia del diritto alla costituzione spagnola del 1978: Elías Díaz e Gregorio Peces-Barba Martínez, en ID., La scienza del dubbio. Volti e temi di sociologia del diritto, Mimesis, Milano-Udine, 2009, p. 117).

[2] «Su apertura a la fundamentación axiológica del derecho y, en especial, de los derechos fundamentales, su abierta superación del formalismo a partir del necesario entronque del derecho en el poder […], le alejan manifiestamente de las versione clásicas del positivismo formalista y legalista. Ahora bien, la superación del reduccionismo legalista, del agnosticismo axiológico, del dogmatismo acrítico […], tradicionalmente imputados como quiebras básicas del positivismo jurídico, obligan a pagar el precio de tornar borrosas y lábiles las fronteras distintivas del positivismo respecto de su secular antagonista el iusnaturalismo; en particular, respecto a las direcciones metodológicas, críticas e historicistas renovadoras del pensamiento iusnaturalista» (A. PÉREZ LUÑO, Los derechos fundamentales en Gregorio Peces-Barba, en VV. AA., Entre la Ética, la Política y el Derecho. Estudios en homenaje al profesor Gregorio Peces-Barba, 4 vol., Entre la Ética, la Política y el Derecho, vol. I, Dykinson, Madrid, p. 1081).

Michele Zezza

Les Lilas, Francia. Grado en Filosofía y Grado en Historia en la Universidad de Milano, Master en Civic Education en la Universidad de Asti, Doctorando en “Giustizia e diritti fondamentali” en las Universidades de Pisa y Sevilla, y estudiante del “Master en derechos fundamentales” en la Universidad Carlos III de Madrid. Ámbitos de interés: Filosofía y teoría del derecho, derechos fundamentales y teorías de la democracia.

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