Luis Jiménez de Asúa: de la teoría a la práctica

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Por Enrique Roldán Cañizares

Hablar de Luis Jiménez de Asúa es hablar del penalista contemporáneo más importante de lengua española. Sin reparos, sin miramientos, se trata de un hecho irrefutable, y no hay más que echar la vista atrás y vislumbrar la ingente obra que desarrolló, cuyo culmen fue un Tratado de Derecho Penal que recibió los halagos de toda la doctrina. “Si por una catástrofe atómica se perdieran los escritos sobre Derecho penal pero se salvase el Tratado de Jiménez de Asúa, las generaciones futuras no habrían perdido nada”. Estas palabras del penalista brasileño Nelson Hungría son ejemplo innegable de la importancia de la obra de este insigne madrileño; una obra que, como consecuencia de su oposición al franquismo, fue escasa, o nulamente reconocida en una España que vivía su particular travesía por el desierto entre los años 1939 y 1975. Ello arrastra consecuencias hasta nuestros días, encontrándonos con el hecho de que el trabajo de Jiménez de Asúa obtiene más reconocimiento en Latinoamérica que en la tierra que le vio nacer, una tierra a la que nunca perdió la esperanza de regresar.

Esta referencia a su oposición al franquismo nos conduce a la importancia de la figura de Jiménez de Asúa, no ya como jurista, sino como personaje fundamental del  siglo XX español. Su implicación política para con España se remonta a la Dictadura de Primo de Rivera, cuando su oposición al régimen le supuso la deportación a las Islas Chafarinas, una experiencia de la que dio buena cuenta en su obra Notas de un confinado. Sin embargo, es a partir del advenimiento de la II República cuando la actividad política de Luis Jiménez de Asúa llega a su máximo apogeo, ostentando el cargo de Presidente de la Comisión encargada de redactar la Constitución de 1931, así como la presidencia de la Comisión Jurídica Asesora. Del mismo modo, durante todo el periodo republicano ejerció como diputado en las Cortes, participando activamente en la promulgación de leyes y en los debates parlamentarios, donde sus intervenciones dejaron impronta de sus altos conocimientos jurídicos y políticos, tal y como se puede apreciar a través del estudio del Diario de Sesiones del periodo republicano.

El estallido de la guerra civil española no supuso un menoscabo del compromiso de Jiménez de Asúa con el régimen democrático republicano. Nada más lejos de la realidad, fue nombrado embajador de la República en Checoslovaquia, donde, con el auxilio de Francisco Ayala, quien dejaría constancia de los hechos acaecidos en el país centroeuropeo a través de sus memorias Recuerdos y olvidos, no solo se limitó a ejercer labores diplomáticas, sino que, ante las consecuencias derivadas del Pacto de no Intervención, se encargó de obtener material bélico de forma clandestina para la República española. La caída de Checoslovaquia en manos nazis supuso la vuelta de Jiménez de Asúa a Barcelona, donde, tras ponerse a disposición del gobierno republicano, fue destinado a Ginebra para desempeñar el cargo de representante español en la Sociedad de Naciones, cargo que ocuparía hasta el final de la guerra, cuando tras un breve periodo en Francia se exilió a Argentina, país que sería su hogar hasta el fin de sus días.

Si me he ocupado hasta el momento de desarrollar la faceta política de Jiménez de Asúa no ha sido por capricho, todo lo contrario, ha sido para poder desentrañar la idea motriz este artículo, que no es otra que el hecho de que Jiménez de Asúa, como jurista y como político, fue capaz de llevar a la práctica teorías jurídicas por él desarrolladas y presentadas en sociedad. Concretamente voy a centrarme en su doctrina de la Delincuencia Evolutiva, la cual expondría en Argentina como consecuencia de sus viajes académicos durante los años 20 y que posteriormente llevaría a la práctica a lo largo de la II República Española mediante la reforma de la Ley del Jurado de 1933.

Para el autor madrileño, la característica principal que envolvía a los delitos políticos era la evolución, lo cual se explicaba a través del siguiente hecho: los delincuentes políticos están guiados por un motivo político, un motivo social o la unión de ambos; tratándose éstos de móviles que hacen que la sociedad evolucione, de ahí que en lugar de denominarse “delincuencia política” o “delincuencia social”, este tipo de delincuencia deba recibir el nombre de evolutiva, una delincuencia en la que “marchar hacia el futuro” sea la característica principal de este tipo de delitos.

En cuanto a la aplicación práctica de esta teoría jurídica, debemos retrotraernos a julio de 1933, fecha en la que se publicó una ley que vino a reformar las competentes del Jurado. Dicha ley, publicada durante el primer bienio republicano, supuso para el Jurado un recorte de competencias sin parangón. La norma excluía del conocimiento del Jurado los siguientes delitos: contra las Cortes y sus individuos, contra el Consejo de Ministros y contra la forma de Gobierno; sedición y rebelión; asesinato, homicidio y lesiones cometidas por móvil terrorista; robo con violencia o intimidación en las personas y aquellos recogidos en la “ley de explosivos” de 1894.

Este recorte competencial, que no fue el primero sufrido por el Jurado desde su reinstauración con el advenimiento de la II República, contrastaba con la defensa encarnada que los partidos republicanos habían hecho del mismo, una institución que había sido suprimida durante la Dictadura de Primo de Rivera y que suponía, a ojos de sus partidarios, la participación de la ciudadanía en la administración de justicia. ¿Qué había llevado a los mismos partidos políticos que dos años atrás habían defendido fervientemente el Jurado a reducir sus competencias al mínimo? El preámbulo de la norma exponía que el recorte competencial tenía como objetivo luchar contra dos enemigos de la República: los monárquicos y los terroristas. Los legisladores planteaban que el “el Jurado [era] para la ciudadanía, no para los que se rebela[ba]n contra ella con el propósito de destruirla”.

Luis Jiménez de Asúa tuvo un papel fundamental en este recorte de competencias del Jurado, el cual se produjo bajo el amparo de la doctrina que venimos comentando. Para el que ocupara el cargo de presidente de la comisión encargada de redactar la Constitución, los monárquicos y terroristas no podían ser considerados delincuentes políticos por la sencilla razón de que los delincuentes políticos estaban guiados por el motivo evolutivo al que hemos hecho referencia. Sin embargo, para Jiménez de Asúa, aquellos que intentaban derrocar la República para instaurar una monarquía no buscaban la evolución, sino la involución; de igual modo que los terroristas, por la naturaleza de sus actos, también debían ser considerados como involutivos. Partiendo de esta idea, todos los delitos que se eliminaban del conocimiento del jurado habían sido considerados como delitos políticos de forma errónea, ya que realmente todos buscaban la involución. Esta idea, que no supuso la eliminación del conocimiento de delitos políticos por parte del Jurado, sino el fin de la consideración de determinados delitos como políticos,  encontró su apoyo en el parlamento, que aprobó prácticamente por unanimidad la reforma de la ley.

Jiménez de Asúa, como diputado socialista, y Álvarez de Albornoz, como ministro de Justicia, se encargaron de defender el proyecto de ley durante el debate parlamentario. El primero defendió el Jurado como institución, pero consideraba que el recorte de competencias era necesario: “por eso no hago la menor dificultad en la defensa de esta ley, yo, que creo que hoy la supresión del Jurado sería tal vez una equivocación. Más que una equivocación, una precipitación, y que seré el máximo postulante de su supresión el día en que los jueces tengan esa formación antropológica, biológica, de biología criminal, defiendo el Jurado, pero no vierto queja alguna cuando veo que se va delimitando su campo y empequeñeciendo su poder”.

Vemos como, de una parte, Jiménez de Asúa defiende la existencia del Jurado como contrapeso a la falta de formación de los jueces y, sin embargo, también defiende la reducción de competencias con el fin de evitar que los jurados sufran coacciones por parte de aquellos que cometiesen delitos de gravedad, que eran precisamente, los que se extraían de su conocimiento. De este modo, se podría luchar contra el alto número de absoluciones que dictaban los jurados: “el hombre del pueblo, que tiene sus ocupaciones habituales, harto distintas a la de hacer justicia, no tiene por qué sentirse heroico en el ejercicio de sus funciones, y por ello es lógico que se intimide cuando el pistolero de la derecha o el de la izquierda le amenace […] Y no es otra la razón que tenemos para defender este dictamen. No hay detrás de él ataques a la democracia, aun cuando yo, que no tengo simpatía alguna por el Jurado, sea quien defienda la ley; no hay ataque a la democracia, ni suspicacia acerca de uno u otro Tribunal, de unos y otros hombres; no hay más que una posición pura y absolutamente recta, fundada en la evitación de coacciones”.

A pesar de las críticas sufridas desde posiciones ideológicas tanto progresistas como conservadoras, de la reforma de la Ley del Jurado se desprende una lógica bien distinta a la planteada por aquellos que atacaron al Gobierno tachándolo de antidemocrático. Si bien es cierto que las fuerzas republicanas fueron las grandes defensoras de la implantación del Jurado, el recorte de competencias que ellas mismas protagonizaron no se debió a un intento de atacar la democracia, sino que, por el contrario, se debió a un intento de protección de la democracia republicana y de preservación, consecuentemente, del Jurado como tal. En un contexto de conflictividad social como el que vivía la República, los Gobiernos republicano–socialistas entendieron que los miembros del Jurado estaban sometidos a las amenazas y coacciones de “delincuentes profesionales”, lo que desviaba claramente su función. Consideró el Gobierno que con la sustracción del conocimiento de dichos delitos de las manos del Jurado, su enjuiciamiento por parte de jueces ayudaría al control de las actividades violentas de una manera más efectiva que la ofrecida por el Jurado, y en este sentido, la teoría de la Delincuencia Política de Luis Jiménez de Asúa, encajaba a la perfección con la dirección que procuraba emprender el gobierno republicano

A modo de recapitulación, y volviendo al presente, quisiera recalcar la razón de ser de este artículo, que más allá de recuperar la memoria de un republicano olvidado por España, no es otra que mostrar cómo una teoría jurídica puede ser llevada a la práctica. Cuando los estudiantes, en este caso de derecho penal, estudian doctrinas jurídicas, suelen percibirlas como algo abstracto con escasa aplicación real. Sin embargo, el hecho de que Luis Jiménez de Asúa desempeñase cargos políticos durante la II República Española, le permitió aplicar una teoría que pocos años atrás, concretamente en 1929, había desarrollado en la ciudad de Córdoba, Argentina, ante un público entre el cual, posiblemente, habría algún estudiante que consideraría que la doctrina de la delincuencia evolutiva del doctor Asúa… no era más que pura fantasía.

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Bibliografía

Luis Jiménez de Asua, El nuevo Código penal argentino y los recientes proyectos complementarios ante las modernas direcciones del derecho penal: conferencias pronunciadas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Madrid, Editorial Reus, 1933.

Luis Jiménez de Asúa, Temas Penales, Conferencia dictada en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, 1929.

María Rosa Gutiérrez Sanz, El Jurado: Aproximación a su sentido histórico y actual, Barcelona, Promociones y Publicaciones Universitarias, 1991, p. 83.

Sebastián Martín, “Penalística y penalistas españoles a la luz del principio de legalidad (1874 – 1944)”, Quaderni Fiorentini 36, 2007.

Sevilla, España. Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Pablo de Olavide, Máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla, Doctorando en el Departamento de Instituciones Jurídicas Básicas por la Universidad de Sevilla e Investigador del Laboratorio de Ideas y Prácticas Políticas de la Universidad Pablo de Olavide. Ámbito de interés: Historia legal y política de los siglos XIX y XX. Al echar la vista atrás, no veo datos históricos, veo logros y errores de los que aprender.

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