Los derechos humanos y las empresas en el contexto de la inmigración laboral

Por José J. Castillo Javier

En el mundo globalizado el auge del comercio internacional ha implicado la expansión de la actividad empresarial a través de las fronteras. Sin embargo las responsabilidades e impactos de estos entes en el movimiento internacional de “no nacionales” no ha recibido toda la importancia que merece.

En efecto, la presencia de los no nacionales en los Estados de acogida se justifica, en muchos contextos, por la actividad empresarial transnacional enmarcada en el proceso de la globalización. Y es que, la actividad privada incide desde el origen del proceso migratorio en la vulneración de los derechos humanos.

En este sentido es posible afirmar que, hoy día, las empresas han pasado de ser meros actores económicos a tener un papel preponderante en los ámbitos político y social.[1] Las empresas ejercen hoy día Poder porque algunas sociedades actuales abiertas a la globalización están estructuradas de forma que la actividad empresarial es indispensable para la propia reproducción de sus condiciones de supervivencia. De ahí que, de producirse una mala gestión de los derechos humanos que involucre discriminación de las personas en virtud de su nacionalidad, pueda hablarse de discriminación estructural.[2]

Y es que, las decisiones empresariales, sobre todo de las grandes corporaciones, no solo impactan a sus grupos de interés o stakeholders sino que también su accionar repercute en diversos ámbitos de la vida social pudiendo incluso influenciar los procesos de toma de decisiones, como por ejemplo el desplazamiento de grupos poblacionales asentados en territorios ricos en recursos naturales[3] o la llegada de trabajadores no nacionales con el objetivo de abaratar costos en manos de obra.[4] Por consiguiente, algunos autores entienden lógico colegir que los derechos también deben limitar el ejercicio del poder por parte de las empresas.[5]

En este sentido es especialmente esclarecedor lo reconocido por la comunidad internacional en la  Declaración Durban: “el proceso de globalización es una fuerza potente y dinámica que debería ser aprovechada para el beneficio, desarrollo y prosperidad de todos los países, sin exclusión. Reconocemos que los países en desarrollo tienen especiales dificultades para hacer frente a este problema fundamental. Aunque la globalización brinda grandes oportunidades, en la actualidad sus beneficios se distribuyen de forma muy desigual, lo mismo que sus costos[6].”

Es importante lo declarado en Durban puesto que permite ver un entendimiento de la globalización en tanto proceso que genera consecuencias diversas en los diferentes países que se abren a estos. Parecería que el mayor de los beneficios de este proceso lo reciben las economías de alto desarrollo mientras que los países donde hay menos innovación, inversión en tecnologías, infraestructuras y una debilidad en la protección de los derechos humanos  se reciben únicamente las consecuencias negativas.

Por ello, a pesar de que en el ámbito de lo jurídico estamos acostumbrados a tratar los temas correspondientes a los derechos de los no nacionales señalando como principal garante y potencial violador de los mismos a los Estados; hoy día es prudente empezar a identificar, como ya se han hecho las consultoras de Responsabilidad Social Corporativa (en lo adelante RSC)[7], a las empresas como actores con responsabilidad en la conculcación de derechos humanos durante el proceso migratorio. Se trata de un problema que no solo afecta los derechos objeto del presente artículo (derechos de las personas migrantes en su relación con la Empresa y con los Estados) sino que se expande a los derechos en general desde las garantías fundamentales en el contexto laboral hasta las cláusulas constitucionales generales de igualdad y no discriminación.

Me empeño en catalogar lo anterior como un problema, ya que tal cual están las condiciones económicas actuales el poder de los actores no estatales, como las empresas, que en el presente trabajo denominaremos “Poderes de Facto”, supera el producto interno bruto (PIB) de muchos Estados[8]. Siendo así las cosas las empresas se encuentran colocadas en una posición de ventaja a la hora de negociar con los Estados, principalmente aquellos en desarrollo, lo cual les permite imponer sus condiciones así como también puede repercutir negativamente en el goce de los derechos si su actividad no es sometida a una periódica auditoría y fiscalización.

En efecto, vivimos bajo las fuerzas de la globalización en la cual, con sus luces y sombras, los Estados compiten mutuamente ávidos de atraer cada vez más inversión extranjera, y con la excusa de creación de empleos ceden a presiones externas, incluidas las de las grandes empresas transnacionales. En estas transacciones el poder de negociación de muchos Estados, sobre todo aquellos que se encuentran en desarrollo, se ve sin lugar a dudas mermada[9].

Es evidente que asistimos a un cambio de paradigma tácito en cuanto a quiénes son los sujetos detentadores de poder. Es preciso que este cambio de roles se vea evidenciado también en los instrumentos jurídicos. Hasta ahora ello no ha sucedido pese a múltiples esfuerzos en el ámbito del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos[10].

Con lo anterior queremos decir que es palpable que los Estados no constituyen el aparato institucional único con capacidad en nuestros días de afectar posiciones subjetivas de los individuos: su libertad, su igualdad, su propiedad. Tampoco son los únicos capaces de trazar líneas de acción objetivas o políticas que promuevan el goce de los derechos. Hay otros agentes que cuentan con todas las condiciones en sus relaciones con los individuos de afectar negativamente el goce de sus derechos. Es el caso de las empresas, en mayor medida las grandes  empresas transnacionales.

Tal es así que incluso en el ámbito público puede decirse que aunque los emprendimientos no detentan “poder formal”, en el sentido de que no tienen reconocidas las prerrogativas constitucionales para el diseño de prácticas empresariales y políticas sociales, sino que lo tiene el Estado a través de los diferentes poderes públicos, ejercen, sin embargo un  poder de facto  sobre las estructuras de poder “formal”. En efecto, estos entes privados, a pesar de no tener reconocidas dichas prerrogativas, desempeñan su influencia (principalmente por medios económicos) para que se adopten decisiones que les favorezcan a través de estrategias legítimas de lobby[11] o de prácticas delictivas, como la corrupción administrativa. En ello incurren indistintamente empresas y otras organizaciones no gubernamentales.

En conclusión resulta evidente la necesidad de que desde el derecho se regule el impacto de los emprendimientos privados en relación a los derechos humanos de las personas no nacionales. Sólo así, y bajo el esquema de los actuales Estados Sociales y Democráticos de Derecho, se contribuiría a garantizar condiciones de igualdad material en el goce y ejercicio de los derechos humanos.

—-

[1] Cfr. GARRIDO, H., Empresas y Derechos Humanos: Un problema del siglo XX, en Historia de los Derechos Fundamentales Tomo IV, Siglo XX, Coord.   Javier  Asís Roig, Rafael de. Director Fernández García, Eusebio. Director Fernández Liesa, Carlos R.. Director Peces-Barba Martínez, Gregorio. DYKINSON, 2014.

[2] Para ahondar más en la influencia de la actividad empresarial en la formación de discriminación estructural véase PÉREZ, Teresa. (Universidad de Cádiz) Guía De Negociación Colectiva Sobre La Discriminación Por Razón De Género En El Empleo Y Las Condiciones De Trabajo, La Igualdad Retributiva Y La Violencia De Género, Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. Cádiz, 2009.

[3] Cfr.  Corte Interamericana De Derechos Humanos  Caso de las Comunidades Afrodescendientes Desplazadas De La Cuenca Del Río Cacarica (Operación Génesis) c. Colombia  Sentencia De 20 De Noviembre De 2013  (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

[4] Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos  Caso De Las Personas dominicanas y haitianas desnacionalizadas.

[5] Cfr. FERRAJOLI, L. “Poderes salvajes. La crisis de la democracia constitucional.” Madrid. Editorial Trotta, 2011. Pág. 109

[6] Cfr. Organización de las Naciones Unidas. Declaración Durban… Op. Cit. Párr. 11.

[7] Cfr. En el año 2008 la Organización Business for Social Responsability (BSR) en su informe la migración laboral internacional identificó el rol de las empresas y sus responsabilidades en la migración internacional. Identificó la actividad de estas como una de las causas de conculcación de derechos humanos. Asimismo expuso las acciones que desde la RSC pueden aplicarse para mitigar el impacto de la actividad de las empresas en los procesos migratorios internacionales. Al respecto véase: BSR. International Labour Migration: A responsable role for business. Copenhagen. 2008. Disponible en: http://www.bsr.org/reports/BSR_LaborMigrationRoleforBusiness.pdf (última consulta 22 enero 2016.)

[8] “…. el peso de las transnacionales es mayor a muchos Estados. El volumen de ventas de la General Motors es superior al PIB de Dinamarca y el de la Exxon-Mobil supera el de Austria. Cada una de las 100 transnacionales más importantes vende más de lo que exporta uno de los 120 países más pobres del planeta y las 23 transnacionales más poderosas venden más de lo que exportan algunos de los gigantes del Sur como Brasil, India, Indonesia o México.” Ver VITERI, G., Notas sobre globalización, Disponible en línea: http://www.eumed.net/libros-gratis/2008b/389/EMPRESAS%20TRANSNACIONALES%20Y%20GLOBALIZACION.htm Última visita: 18/11/2015.

[9] Como ejemplo de ello traemos a colación el caso de la Empresa Extractiva Transnacional Barrick Gold la cual en 2013 intentó desafiar al gobierno de la República Dominicano negándose a renegociar un contrato con el Estado en el cual se imponían condiciones abusivas. Este contrato estaba envuelto en una trama de corrupción según se indicó en la Prensa. La sociedad civil realizó protestas y finalmente el gobierno cedió a las presiones de la población y obligó a renegociar el contrato. Ver: noticia del 9 de mayo de 2009, disponible en http://eldia.com.do/barrick-gold-y-la-historia-de-un-contrato-muy-complejo/ última consulta en 18/11/2015.

[10] Ver en este sentido el Código de Conducta para Empresas Transnacionales de Naciones Unidas así como las  Normas sobre Responsabilidades de las Empresas Transnacionales y otras Empresas Comerciales en materia de Derechos Humanos Doc. ONU E/CN. 4/2005/91 15 de febrero de 2015.

[11]En este sentido recomendamos este artículo ¿Debe preocuparnos el poder de los lobbies empresariales en Europa? De Diario.es. Disponible en: https://www.dropbox.com/home/material%20UBA/lobby?preview=%C2%BFDebe+preocuparnos+el+poder+de+los+lobbies+empresariales+en+Europa%3F.pdf última visualización 18/11/2015.

Jose Joribe Castillo-Javier

Santo Domingo, Rep. Dominicana. Licenciado en Derecho Cum-Laude por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y actualmente cursa Máster en Derecho de los Sectores Regulados y un Máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid. Abogado con práctica enfocada en Derecho Ambiental, Urbanístico y Regulación Económica en Santo Domingo. Ámbito de interés: Teoría del Derecho, Derecho Ambiental, Grupos Vulnerables y Responsabilidad Social Corporativa. Crítico apasionado, en ocasiones puede llegar a ser irreverente.

Be first to comment