El Estado Catalán: 1931 y 1934. Cataluña en la Segunda República (II/III)

 

 

Por Manuel Galiano Saavedra y Daniel Becerra Fernández

Continuación de la primera parte.

 

La República Catalana de Frances Macià (1931)

 

Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 dieron como resultado la victoria de ERC en Barcelona, con veinticinco regidores (concejales). El 14 de abril Companys proclamó la República de España desde el balcón del Ayuntamiento de Barcelona, sin esperar a la conformación del nuevo gobierno municipal. Este hecho molestó al líder de su partido, Francesc Macià, que acto seguido proclamó la República de Cataluña, dentro de una supuesta confederación de pueblos ibéricos, desde el mismo balcón del ayuntamiento barcelonés. Estas acciones nos permiten advertir las dos tendencias existentes dentro de ERC: una encabezada por Macià, de corte independentista, frente a la segunda, liderada por Companys y favorable al federalismo  (si bien con el transcurrir de los años su ideología política fue cambiando[1]). Con esto, además de ver las tendencias contrapuestas de los dos líderes de ERC, podemos constatar lo que parece una gran improvisación, así como la  inmadurez política de determinados miembros del partido. El discurso de Francesc Macià fue escuchado por los eufóricos republicanos que se concentraban en la Plaza de Sant Jaume, portando banderas republicanas españolas y banderas catalanas. A continuación exponemos en un fragmento la proclama de la República de Cataluña:

 

     CATALANES:

Interpretando el sentimiento y los anhelos del pueblo que nos acaba de dar su sufragio, proclamo la República Catalana como estado integrado en la federación ibérica.

De acuerdo con el presidente de la República Federal Española Niceto Alcalá Zamora, con el cual hemos ratificado los acuerdos del pacto de Sant Sebastià, me hago cargo provisionalmente de las funciones del Gobierno de Catalunya, esperando que los pueblos español y catalán expresaran cual es en estos momentos su voluntad.

Haciendo esta proclamación, con el corazón abierto a todas las esperanzas, nos conjuramos y pedimos a todos los ciudadanos de Catalunya que se conjuren con nosotros para hacerla prevalecer por los medios que sean, incluso si fuera necesario sacrificar la vida.

Rogamos que cada catalán, así como cada residente en Catalunya, se haga cargo de la enorme responsabilidad que en estos momentos pesa sobre todos nosotros.

Todo aquel pues, que perturbe el orden del nacimiento de la República Catalana será considerado un agente provocador y un traidor a la patria.

Esperamos que todos sabréis haceros dignos de la libertad que nos hemos dado y de la justicia que, con la ayuda de todos, vamos a establecer. Nos apoyamos sobre cosas inmortales como son los derechos de los hombres y los pueblos, que ni muriendo perderíamos.

En proclamar nuestra República, hacemos llegar nuestra voz a todos los pueblos de España y del mundo, pidiéndoles que espiritualmente estén de nuestro lado y en contra de la monarquía borbónica que hemos abatido, y les ofrecemos aportar todo nuestro esfuerzo y toda la ilusión de nuestro pueblo renaciente para asegurar la paz internacional.

Por Cataluña, por los otros pueblos hermanos de España, por la fraternidad de todos los hombres y todos los pueblos, Catalanes, sabed haceros dignos de Cataluña.

Barcelona, 14 de abril de 1931

El President.

 

Esta proclama parece evidenciar la reminiscencia al modelo de “federalismo desde abajo” impulsado por la figura de Francesc Pi y Margall (1824-1901) durante la  Primera República Española (1873-1874) y que aún estaba muy presente en la sociedad catalana. Esto explica la espontánea reacción del Ayuntamiento de Barcelona, así como las muestras de apoyo por parte de los barceloneses (Albacete, 2006: 126).

 

En el año 1931 el nacionalismo catalán aún no empapaba a un segmento mayoritario de la población catalana, por lo que el apoyo a esta República de Cataluña estaba basado más en el apoyo popular a la figura de Macià (en Cataluña no se concebía un republicanismo sin la figura carismática de este político) que a una república independiente del conjunto de España (la España republicana). Ante esta situación, los dirigentes de ERC se vieron forzados a establecer negociaciones con los republicanos españoles que, aún no habían tomado las riendas del Estado; en la mente de todos estaba el evitar el desencadenamiento de un conflicto bélico[2]. El líder conservador y  republicano Niceto Alcalá-Zamora (1877-1949) tomó las riendas de las negociaciones, aún sin ser presidente provisional de la República.

 

La proclamación de la República catalana causó gran malestar entre los republicanos del resto del Estado, al advertir en esta acción un argumento a favor de las fuerzas promonárquicas y una demostración de la debilidad del nuevo sistema político. A esto se unía el mensaje de que parte del territorio nacional estaba dando por hecho que el modelo de la futura República española sería federal o confederal. Nos encontramos, por tanto, ante una ficción de independencia que a la postre tuvo tres días de duración, encuadrada en un momento de vacío de poder tras la caída de la monarquía borbónica y en pleno proceso de institucionalización del gobierno provisional de la Segunda República.

 

Macià, autoproclamado president de la República catalana, se puso manos a la obra con el objetivo de consolidar su obra, situando en puestos de relevancia a sus colaboradores más afines. Es por ello que decidió apartar del Ayuntamiento de Barcelona (el cargo más importante de Cataluña) a Companys al no simpatizar con Macià por su visión más federalista, así como por su iniciativa de proclamación de la República sin previo aviso. Por todo ello, Companys fue nombrado finalmente gobernador civil de la ciudad de Barcelona.

 

Ante esta situación en Cataluña, el ejército optó por mantener la situación de facto ante el vacío de poder y la ausencia de órdenes desde Madrid, amparándose en la autoridad de la supuesta República Federal Española. Todo ello convierte este proceso en un hecho político no violento.

 

Las relaciones fueron tensándose entre el gobierno central y el catalán, motivando incluso la búsqueda de un himno alternativo al Segadors por considerarlo inadecuado: por su carácter violento y referencia expresa a la sublevación catalana contra Felipe IV y el Conde-Duque de Olivares del año 1640. El gobierno provisional de la Segunda República se encontraba además con el problema del intento de proclamación de la República vasca por parte de algunos alcaldes de Euskadi, situación que llevó al gobierno de Macià a una negociación desde un supuesto de debilidad, ya que la joven y amenazada Segunda República podría optar por hacer uso del ejército.

 

El autoproclamado gobierno catalán tuvo como objetivos fundamentales en la negociación con el poder central el reconocimiento de su autonomía y de la lengua catalana, con un gobierno del pueblo y para el pueblo (Ferrer, 1995). El gobierno provisional argumentaba que la situación en que de facto se encontraba Cataluña sobrepasaba lo acordado en el Pacto de San Sebastián (1930), dado que no surgía de la soberanía nacional (del conjunto del pueblo español) y que una parte integrante del Estado no podía decidir el modelo político a seguir por el conjunto del mismo; las autoridades catalanas daban por hecho que la Segunda República sería una república federal y no unitaria, algo aún del todo desconocido y que dependería de la constitución que surgiese de las Cortes constituyentes. A pesar de todo, el gobierno provisional de la República reconoció el derecho a la autonomía, aunque ésta tuviera que esperar a la aprobación de la constitución y de un estatuto de autonomía por parte de los catalanes y de las cortes republicanas.

 

El resultado de las negociaciones fue un paso atrás de Francesc Macià, quien tuvo que abolir la República catalana que él mismo había proclamado apenas tres días antes. El gobierno provisional republicano se comprometió a: oficializar el catalán mediante un decreto (dada la invalidez de las decisiones adoptadas por la recién extinta República de Cataluña), a conceder un estatuto de autonomía tras la aprobación de la constitución republicana, la cual dotaría a los catalanes de un amplio autogobierno a los catalanes, así como el compromiso de otorgar un régimen preautonómico mancomunal (como el que existía en la Restauración creada por Enric Prat de la Riba, suprimido por Miguel Primo de Rivera al inicio de la dictadura) sin capacidad legislativa y formada por las cuatro provincias catalanas. Otro tema abordado fue la denominación del futuro gobierno catalán, siendo el resultado el acuerdo en el empleo del término generalitat. De origen medieval y disuelto por el rey Felipe V, contaba además con la ventaja de no molestar a nadie al carecer de carácter estatista.

 

Autonomía para Cataluña: El Estatuto de Nuria (1932).

 

El 9 de diciembre de 1931 tiene lugar el nacimiento de la primera Constitución Española republicana que llegó a entrar en vigor. En ella se recogía que España estaba constituida en un Estado “integral”, no federal, y que reconocía el derecho a la autonomía de las regiones que lo deseasen, siempre y cuando la mayoría de su población estuviese de acuerdo. Con todo ello, en 1932 fue aprobado el Estatuto de autonomía para Cataluña el cual, entre otros aspectos, oficializaba el uso del catalán en la región junto con el español. El Estatuto de autonomía realizado en Cataluña recibió el título de Estatuto de Nuria por ser dicho valle pirenaico donde tuvo lugar su redacción (Albacete, 2006: 127). En él quedaba recogida una amplia autonomía: derecho a la autodeterminación, la ciudadanía catalana, el futuro ingreso de nuevos territorios a Cataluña, amplias competencias, etc. Esto generó problemas, ya que imposibilitó la aprobación del estatuto tal y como estaba planteado al constituir un caso flagrante de inconstitucionalidad. Intelectuales de la talla de Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset, así como los socialistas, se opusieron abiertamente a él. El estatuto emanado de Cortes españolas otorgaba a Cataluña una autonomía más amplia de la esperada en un principio, una realidad estrechamente relacionada con el fallido levantamiento contra el gobierno de la Segunda República protagonizado por el general José Sanjurjo (1932). Esta intentona dio impulso al gobierno republicano-socialista presidido por Manuel Azaña (1880-1940), que hasta entonces había encontrado una fuerte oposición incluso entre los partidos de la izquierda. Pese a ello, se presentaron numerosas enmiendas encaminadas a retrasar la aprobación del estatuto y la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) mostró una gran oposición a la concesión de autogobiernos, al considerarlo antiespañol.  En busca de una mejor integración en la realidad política del momento, la Liga Regionalista pasó a denominarse Liga Catalana. Tras el fallecimiento de Macià la presidencia de la generalitat recayó en manos de Lluís Companys.

 

El  Estatuto de Autonomía de Cataluña obtuvo la aprobación del 99’45% del total de votos emitidos, siendo el porcentaje de participación del 75% del censo electoral (el 2 de agosto del 1931). Fue, por tanto, un éxito de gran trascendencia para Cataluña. A su llegada a las Cortes Generales el Estatuto catalán se vio afectado por determinadas modificaciones al texto original, tras lo cual se produjo su aprobación el 9 de septiembre de 1932, curiosamente el mismo día de aprobación de la ambiciosa Reforma agraria de la Segunda República (Iñigo, 1010: 170 – 176).

 

El estatuto resultante establecía, entre otros aspectos, el carácter de lengua cooficial del catalán, la preeminencia de las leyes del Estado sobre las leyes catalanas, etc. El Estado mantenía competencias como las Fuerzas Armadas, la recaudación de impuestos (aunque la generalitat también tenía adquiría capacidades fiscales), la educación universitaria, no así la básica y preuniversitaria (aunque el Estado no renunciaba a su red educativa en Cataluña), y en obras públicas, aunque compartiendo esta competencia con la comunidad autónoma. La generalitat, por el presente estatut, se dotaba de un parlamento, un consejo ejecutivo y un presidente, así como competencias en justicia (destacando el tribunal de apelación denominado Tribunal de Casación). Podemos considerar la reforma territorial emprendida por Manuel Azaña como un éxito, ya que logró desactivar las demandadas del nacionalismo catalán. Sin embargo, no es menos cierto que el traspaso de poderes desde el Estado al nuevo gobierno autonómico generó muchas fricciones, algo por otra parte normal en cualquier proceso que conlleva la entrega de poderes.

 

 

El presidente del Consejo de Ministros de la República, Manuel Azaña, fue el encargado de acudir a Barcelona, donde fue recibido entre numerosas pruebas de afectos, entre ellas algunos gritos de “Viva España”. En su discurso, pronunciado en la Plaza de Sant Jaume; Azaña manifestó su convencimiento de que el reciente Estatuto de autonomía para Cataluña constituía un éxito tanto de los catalanes como del conjunto de los españoles, manifestando además su deseo de que Cataluña adquiriese la condición de baluarte de la República.

 

En noviembre de 1933 la CEDA resulta vencedora en las Elecciones Generales, pero el miedo a un gobierno de derechas liderando la República motivó que su presidente, Niceto Alcalá-Zamora, diera la presidencia del gobierno a Alejandro Lerroux (1864-1949), líder del Partido Radical, pero sustentado por el apoyo parlamentario de la CEDA, que no entraba en el gobierno. La CEDA mostraba abiertamente su oposición al reconocimiento de autonomías regionales considerando, por el contrario, que la Segunda República debía “españolizarse”. La oposición cedista a los autogobiernos se acentuó con la aprobación en Cataluña de la “Ley de Contratos de cultivos”, del 14 de abril de 1934, que fue llevada al Tribunal de Garantías Constitucionales y rechazada por esta institución. Ante esta situación, la respuesta de la generalitat fue la aprobación de nuevo de la misma ley, así como el mandato a los diputados de ERC de que abandonasen el Congreso de los Diputados. Advertimos, por tanto, en este ambiente político cada vez más enrarecido, el germen de la sublevación catalana que se producirá en Octubre de 1934. Una crisis que entronca además con una serie de factores a nivel nacional y que pondrán en jaque al sistema republicano imperante.

 

[1] Documental: 14 d’abril, Macià contra Companys

[2] Documental: 14 d’abril, Macià contra Companys

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