Entrevista a Roberto Viciano Pastor, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de València

Seguimos completando nuestro espacio de entrevistas a académicos españoles sobre cuestiones de interés para sus respectivos campos de estudio dentro de las Ciencias Sociales. En esta ocasión, hemos tenido el placer de entrevistar a Roberto Viciano Pastor, catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de València, titular de la Cátedra Jean Monnet sobre instituciones europeas y reconocido experto en los sistemas constitucionales latinoamericanos y en los procesos de cambio que éstos han experimentado en las últimas décadas.

 

 

Como académico especializado en la teoría democrática del poder constituyente, la primera pregunta se formula casi sola… ¿reforma constitucional o proceso constituyente en España?

-Como ya he defendido muchas veces, yo creo que sí es necesario hacer un proceso constituyente en nuestro país. En primer lugar, porque el sujeto constituyente ha cambiado después de muchos años de vigencia de la Constitución del 78, con lo que implica el relevo generacional, y en segundo lugar, porque es tan grande el número de cuestiones que hay que reformar en la Constitución española que en realidad no hay ningún título en el que no haya que retocar alguna cosa. Por lo tanto, parece mucho más razonable hacer una asamblea constituyente en la que se realice un replanteo desde el inicio del edificio constitucional y político que en su día nos dimos. Para eso, es verdad, se necesita que haya unos ciertos consensos sociales de cómo hacerlo y del marco de debate, sobre lo que, si se apuesta por esta vía y llegado el momento, habría necesariamente que trabajar desde el diálogo y el pluralismo.

 

En ese sentido, hay casi un unánime consenso en la academia española en cuanto a la necesidad de adaptar la Constitución a las nuevas realidades que proyectan sobre el texto problemas de diversa índole. ¿Cuáles cree que son los elementos constitucionales que precisan de un cambio más acusado?

-Creo que hay una serie de puntos centrales. El primero sería organizar mejor la parte referida a los derechos sociales y garantizar constitucionalmente mecanismos efectivos para su protección. En segundo lugar, habría que mejorar sustancialmente los instrumentos de participación popular en el proceso político, creando nuevos mecanismos y permitiendo que funcionen más eficientemente los que ya existen en la Constitución. En tercer lugar, creo que hay que reformar profundamente el Título VIII, es decir, todo el sistema de reparto del poder en el interior del Estado, desde las Comunidades Autónomas a los municipios, para establecer una nueva forma de articulación de la estructura territorial de España.

Asimismo, puede que también fuera conveniente que se planteara de manera democrática el debate en cuanto a la forma política del Estado, para saber si la gente desea la Monarquía o la República. Además, sería necesario blindar el mecanismo de reforma constitucional para evitar que ésta se realice sin el refrendo popular y adaptar la Constitución económica a los problemas que presenta la nueva realidad de este mundo globalizado y financiarizado.

 

 Desde que España entró en la Unión Europea, ésta se ha cernido sobre nuestro ordenamiento interno hasta límites insospechados, mutando buena parte de las previsiones que la propia Constitución recoge. ¿Cree que sería necesario un mejor y mayor encaje de la Unión en nuestro sistema constitucional?

 

-Como he defendido en muchas ocasiones, nuestra Constitución no alberga una referencia explícita a la integración de España en la Unión Europea, la cual se ha realizado mediante un mecanismo genérico previsto en la Constitución de 1978.  Por ello, nuestra Constitución no recoge unos mínimos principios constitucionales sobre la articulación entre el ordenamiento europeo y el nacional. También creo que también hace falta profundizar en un funcionamiento lo más democrático posible en el sistema constitucional nacional para obligar a los Gobiernos y Estados miembros a que introduzcan el debate de la democratización de la Unión Europea. Sin democratizar más los Estados miembros no será posible democratizar la Unión.

 

Un cambio constitucional conllevaría, posiblemente, el reconocimiento de nuevos derechos en la Constitución, a pesar de que la nuestra recoge ya de por sí un amplio catálogo si la comparamos con otras de nuestro entorno más cercano…

-Afortunadamente hay una constante aparición de nuevos derechos que son reconocidos en muchos países, o que son objeto de reconocimiento global a través de tratados internacionales que, en ocasiones, no están incorporados a los ordenamientos nacionales. Pero a mí me parece que mucho más relevante que hacer un listado donde describamos los derechos que hacen falta incorporar en la Constitución, sobre lo que podría generarse un cierto consenso, sería concretar los mecanismos de garantía efectiva de los mismos. Podemos tener magníficas listas de derechos fundamentales, pero si luego no hay procedimientos que permitan que esos derechos no tengan vigencia, se pueden convertir en papel mojado…una de las sensaciones e intuiciones, además, que tienen en gran parte los ciudadanos de a pie. Las reformas que se han realizado en cuestiones como el recurso de amparo u otras regresiones en el garantismo de nuestro sistema, han hecho que cada vez más el ciudadano tenga la impresión de que existe menos margen para la protección de sus derechos. Precisamente, la construcción del concepto de “relevancia constitucional” para referirse a si el Estado, en última instancia, tiene la obligación o no de entrar a proteger los derechos, implica que la preocupación no reside en la garantía de éstos, sino en las implicaciones que puedan tener para el sistema constitucional; perdiéndose así, en gran medida, su dimensión de protección subjetiva.

 

Usted es un reconocido especialista en los sistemas constitucionales latinoamericanos y en los cambios que han tenido lugar en su seno durante las últimas décadas. ¿Cuál cree que ha sido el mayor obstáculo para la consecución real de tales cambios?

-En América Latina existieron unos movimientos políticos y sociales muy interesantes que intentaron democratizar el Estado y producir políticas de redistribución de rentas. Lamentablemente, las fórmulas constitucionales que se dieron, y que llegaron a ser en determinados puntos muy novedosas, no han conseguido resolver el grave problema que aqueja a todos los sistemas constitucionales en América Latina, que es la falta de mecanismos jurisdiccionales efectivos de garantía del cumplimiento de la Constitución, debido a la falta de independencia de los órganos de control constitucional. Cuando los ciudadanos acuden a los órganos de control de constitucionalidad para protegerse frente al abuso de las instituciones del Estado, se dan cuenta de que tales órganos siguen estando colonizados por las mayorías políticas, sin que exista una independencia real. Algo que pasaba en el “viejo” constitucionalismo latinoamericano, que no se ha conseguido erradicar en el Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, y que está empezando a ocurrir también en el constitucionalismo europeo, que sí consiguió tener durante cierto tiempo un alto grado de efectividad en el funcionamiento de los instrumentos de garantía de la Constitución.

 

Uno de los constantes problemas constitucionales en América Latina lo constituye, asimismo, el intento de algunos gobernantes por suprimir las limitaciones de mandato que se les imponen desde las Constituciones. ¿Cree que son efectivas tales previsiones?

-Teóricamente, los que procedemos de sistemas parlamentarios tenemos una visión diferente respecto a lo negativo que puede ser el fenómeno de la reelección de los líderes políticos de los Estados, pues es algo frecuente en los modelos europeos. Pero creo que, aunque desde una perspectiva teórica no hay que demonizar esa posibilidad, la práctica política ha demostrado que no es conveniente, sobre todo en América Latina, que los dirigentes políticos se perpetúen en el poder porque eso conduce a la pérdida de sensibilidad democrática y cercanía con la gente. Ya sea en sistemas parlamentarios o en sistemas presidencialistas, me parece que desde la praxis, no desde la teoría pura, no es nada recomendable que exista la posibilidad de reelección indefinida por cuanto ésta conlleva, casi inevitablemente, un deterioro del sistema democrático.

 

 


 

Continuaremos 😉

1 Comment

  • Responder octubre 25, 2017

    VERONICA HINOJOSA

    Excelente ponencia de Roberto Viciano en Ecuador…Universidad Simon Bolívar.- Quito. TEMA “CRISIS DEL ESTADO SOCIAL EN EUROPA Y GENERACION DEL CONSTITUCIONALISMO SOCIAL EN AMERICA LATINA”

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