La Constitución, nuestro compromiso con el futuro: Escenarios y razones sobre la necesidad de un proceso constituyente en Nicaragua

 

Por Fidel Ernesto Narváez

Todo proceso de transformación social es la relación dialéctica entre, por un lado, un Poder instituyente, es decir, un poder implícito capaz de instituir en los ciudadanos nuevos imaginarios y representaciones colectivas que confrontan con el orden económico, político y social oficial, y, por otro lado, un Poder constituyente explícito que adapte la realidad jurídico-política material a la nueva voluntad social, operando cambios en la Constitución política entendida como ordenamiento general de las relaciones sociales y políticas.
El 15M y la mutación constitucional, Albert Noguera Fernández.

 

El presente artículo tiene como objetivo, siempre abierto a las proposiciones y demás razones, de plantear tres escenarios elementales dentro de los cuales transcurriría en el país centroamericano un proceso constituyente que pretenda, ante todo, romper la apatía política generalizada de una sociedad que necesita más que nunca la unidad de esfuerzos para la construcción del proyecto de país de las próximas décadas o años. Experiencias como las de los jóvenes y los movimientos sociales de Honduras y Guatemala demuestran que el sujeto constituyente centroamericano está cambiando, está tomando consciencia de saberse como sujeto que ha alcanzado la madurez política para solucionar, para exigir, para proponer visiones distintas de las generaciones que se vieron, inexorablemente, empujadas a resolver los problemas regionales a través de las insurrecciones armadas.

Antes de iniciar la argumentación se debe, a priori, tener en cuenta al menos tres escenarios básicos que son indispensables para poder formular al menos seis motivos pre-constituyentes en Nicaragua. El primero de ellos consiste en la implosión de la participación política juvenil en la construcción conjunta de un país que es inversamente proporcional a la participación demostrada, tanto directa como tácitamente, por la generación juvenil que llevó a cabo la revolución popular sandinista, y posteriormente, los programas sociales de los años ochenta, entiéndase jornadas de salud, campañas de alfabetización, producción colectiva y un sin número de acciones cooperadas demostradas a lo largo de una década.

La juventud de hoy se encuentra por debajo de las expectativas de construcción política que la juventud ochentera tuvo, y que dicho sea de paso le recrimina con una constante nostalgia por el pasado, con frases como: «la formación de antes era la montaña», «antes había más cultura que hoy», «antes había droga pero ahora está por todos lados», «ahora sólo viven con el teléfono», «ni quiera dios que a un compa le ibas a ofrecer dinero, había mística», entre otras soflamas populares que sólo denotan una cosa: se confía muy poco en que esta generación pueda igualar los logros sociales y las metas comunes de la generación anterior.  Entonces por un lado el sujeto constituyente es un sujeto nostálgico de momentos de albor político y esperanza altermundista, y por otro lado, el de la generación más joven es un sujeto constituyente acomodado a la gobernabilidad tecnocrática, ávido de consumo, de trabajo y migración, así como alejado de las discusiones teóricas y políticas necesarias para la construcción de una sociedad diferente a la actual, la más pobre de la América continental.

El segundo de los escenarios consiste en la conciencia generalizada de que el Estado en general, independientemente de los logros en materia socio-económica existentes, está administrado con una fuerte tendencia tecnócrata en temas económicos y políticos. Por un lado los agentes técnicos del gobierno y por otro la empresa privada representada en el COSEP, en otras palabras, el co-gobierno público privado manifestado una y otra vez desde el discurso de ambos entes[1], genera la sensación y no sólo la sensación, sino que en términos de realpolitik también la realidad, que la administración pública sólo puede ser eficiente mientras más elitizada se encuentre. Esto genera que las personas admitan de forma franca y abierta que los representantes públicos y privados del país son los únicos que pueden tomar las decisiones más trascendentales para el buen rumbo del país, incluso las decisiones partidarias, lo cual conlleva que las personas reconozcan que su capacidad para incidir, para cambiar, para participar, son escazas sino se insertan dentro de los lineamientos estatuidos por ambos cuerpos organizados.

Tanto la forma de jerarquía de poder que tiene el espectro público como el privado desencadena que Nicaragua se encuentre ante un duunvirato, un gobierno de dos, uno político y uno económico. Simplificando mucho podría decirse que uno al estilo Bruno Rizzi[2] de secretariado político vertical y otro al estilo James Burnham[3] de gerentes y ejecutivos empresariales. Eso sí, ambos con amplias nociones y prácticas de management, secundados por la misma población, pues de algo han servido las miles de horas de talleres, cursos y diplomados en emprendedurismo y eliminación de obstáculos y rentabilidad económica para oenegés, partidos, empresas, medios de comunicación, asociaciones y líderes comunitarios.

El tercero de los escenarios es el internacional. En materia internacional es donde la población percibe que se libra la verdadera batalla política que, en teoría y por razones del concepto de soberanía que se tiene bien aprendido, debería librarse entre actores políticos internos, una democracia de partidos al uso como en muchos sitios. No obstante, Nicaragua ha pasado a ser un país con demasiados intereses internacionales producto de las facilidades y la necesidad de inversión extranjera como por la migración y casi veinte años de flujos de ideas, de comercio y de política occidental que desde el triunfo político de los años noventa se normalizó. Esto ha procurado una minimalización de los asuntos internos, es decir, la gente desde adentro tiene cada vez menos espacio donde incidir y participar porque buena parte de los asuntos públicos se encuentran, por decirlo de algún modo, intervenidos desde afuera. Una intervención 3.0, nada de marines en Corinto ni de buques de guerra en San Juan del Norte ni generales prestando pleitesía a generales y enviados de Washington.

Ahora los asuntos internos dependen en buena medida de las negociaciones internacionales. El lobby en el senado, el concordato con la OEA para temas electorales, la estimulación geopolítica de la cooperación internacional con Japón, Taiwán, Rusia o China para infraestructura y asistencia militar, la NICA ACT, la estrategia de guerra no convencional, el tráfico internacional de drogas y la presencia de la DEA, la apuesta ciega por el turismo, los mercados de exportación y hasta la constante asociación del sujeto constituyente, el ciudadano normal, que afuera de Nicaragua todo es mejor y ejemplar, y por lo tanto, imitable. En definitiva, el elemento internacional ha dejado al sujeto constituyente en la imposibilidad de realizar cambios estructurales y sistémicos, lo ha relegado a lo doméstico, a lo esencial y simple-vital; una calle, un mercado, un parque, una feria, puntos porcentuales en el aumento salarial, un estadio y demás cambios que son, aunque sean muchos, domésticos.

El sujeto constituyente nicaragüense, después de más me media docena de procesos de reforma constitucional realizados desde la representación política y sin la sensación de una democracia militante, se encuentra con un discurso y una realidad que le toma poca importancia a la posibilidad real de que el sujeto constituyente de antes y actual, tanto el militante y el movilizado de los años ochenta como el apático políticamente de hoy, pueda tambalear los cimientos de una estructura constitucional que no tiene nada de propositiva, de incidencia y control efectivo de los poderes públicos, creadora de nuevos fundamentos ideológicos de país y región, de esperanzadora o arraigada a la cultura popular. Bien podría afirmarse que en Nicaragua podría vivirse sin Constitución, eso porque la relación material, e incluso sentimental, de la población con su carta magna, de la carta magna como expresión popular, es inexistente. Prueba de ello es que normalmente se suele escuchar de parte de la población, periodistas e incluso abogados, ante algunos actos de injusticia, que lo realizado de forma arbitraria está fuera de los márgenes del partido, de lo justo, de lo que manda Dios, del discurso del gobierno, etcétera, pero en muy pocas ocasiones se escucha un argumento con respaldo constitucional[4].

Estos tres escenarios son, a mi juicio, tres variables que de cara a un eventual proceso constituyente en Nicaragua, serán determinantes para reconocer si en realidad nos encontramos ante la oportunidad histórica de poder institucionalizar como sociedad madura y en paz, los fundamentos, las garantías, los principios y la organización jurídica de un Estado constitucional con algunos caracteres y logros revolucionarios permanentes. En definitiva, se trata de sistematizar los logros como sociedad tal como lo han hecho sociedades de nuestro entorno como Venezuela, Bolivia, Ecuador, que son las últimas que han utilizado la vía constituyente para reencausar los pactos sociales rotos.

El principal objetivo de un proceso constituyente en Nicaragua sería re-encantar y re-presentar al nuevo sujeto constituyente en y con la oportunidad de revitalizar el sentido por las instituciones y por su Constitución, es decir, de sentir que las instituciones realmente les sirven y a la vez son productos de su voluntad expresada en la participación. Debe tenerse en cuenta para analizar la necesidad de un proceso constituyente el desgaste y la opacidad que las viejas instituciones representan para un nuevo sujeto constituyente, vale  decir los jóvenes que son más de 50% de la población en Nicaragua. Entre dichas instituciones podrían enunciarse no solamente las propias de la administración del Estado, tales como la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral, los partidos políticos en general, sino también instituciones jurídicas que por su histórica ausencia en los asuntos políticos de la República de Nicaragua se les considera como inexistentes, tales como el plebiscito, el referéndum y en menor medida los cabildos municipales[5].

En conclusión, considero que Nicaragua tiene la oportunidad de empezar a plantear, entre muchos otros de los que están abajo enumerados, objetivos inmediatos que podrían servir como agenda de discusión pre-constituyente:

  1. Actualización de la Ley Electoral para aperturar la legislación en materia de derecho de partidos políticos, de creación, de disolución, de fusión y de financiación de los mismos.
  2. Revitalizar la fuerza constitucional de instituciones con largo historial de inoperatividad o de conflictividad coyuntural, entre otras; la Contraloría General de la República, la DIPRODEC (teniendo en cuenta que gran parte de las afectaciones de multinacionales y de los desórdenes en la regulación del mercado pasan por un estatuir un derecho del consumidor y de la competencia fortalecido[6]), los gobiernos autonómicos, etcétera.
  3. Incorporar en la Constitución una agenda económica soberana similar a la de países de la región con indicadores económicos y sociales en ascenso como Ecuador y Bolivia, en donde existan clausulas concretas de limitación de la riqueza y prescripciones constitucionales directas de redistribución de la misma, tales como la incorporación de un límite a la gran propiedad o a las propiedades ociosas.
  4. Destrabar la carga laboral de la Sala Constitucional y de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia a través de la incorporación de Juzgados Contenciosos Administrativos y de nuevos regímenes de control constitucional difuso.
  5. Revitalizar instituciones de participación con un largo recorrido de inaplicabilidad como el referéndum y el plebiscito para incentivar la participación, principalmente en temas de agenda social, municipalista y autonómica.
  6. Legislar por prescripciones constitucionales que integren la protección social y económica del Estado para las personas migrantes, que llevan décadas configurando a través de las remesas uno de los impulsos económicos del país y que se encuentran no sólo en la imposibilidad del voto sino en el anonimato constitucional. La experiencia similar de un país de migrantes como Ecuador podría servir de referente para este debate.

En conclusión, puede observarse que son muchas las razones por las cuales la discusión de una agenda o un recorrido constituyente planteado desde la antelación necesaria, la oportunidad histórica y la experiencia del recorrido constitucional de treinta años, podría llevar a resultados que coadyuven a la consolidación del proceso nicaragüense pero pensando en las nuevas generaciones, generaciones que en buena medida han estado al margen de valores y momentos históricos como los de reconciliación, revolución, democratización, pacificación y cuyos logros dependen que las nuevas generaciones se hagan cargo de la responsabilidad de Estado más o menos funcional que dentro de guerras, dictaduras, fenómenos naturales y crisis económicas, ha resistido. Eso sí, no sabemos hasta cuando a menos que nos comprometamos con el futuro.

 

 

[1] Véase también la cristalización del co-gobierno económico público privado en la Ley 935 de 12 de octubre de 2016, de asociación público privada.

[2] RIZZI, Bruno (1939) La bureaucratisation du monde: le collectivisme bureaucratique; Quo vadis America? Paris. Editions Hachette.

[3] BURNHAM, James (1967ga) La revolución de los directores. Buenos Aires. Editorial Sudamericana.

[4] Sobre el conocimiento y la lectura del texto constitucional en jóvenes nicaragüenses pueden consultarse las estadísticas contenidas en el siguiente enlace: https://institutobertacaceres.wordpress.com/2016/09/08/resultados-de-la-encuesta-realizada-con-motivo-del-dia-de-la-constitucion-de-nicaragua/

[5] BALTONADO, Mónica (2002). Democratizar la Democracia. El desafío de la participación ciudadana. Managua. Ediciones Graphic Print, 279 páginas.

[6] Puede observarse cómo se ha valorado por la Universidad de Yale en Estados Unidos la trayectoria jurídica de Ralph Nader, como uno de los principales teóricos del sistema de protección del consumidor norteamericano, otorgándole el Premio Gandhi de la Paz en este año 2017.

Fidel Ernesto Narváez Espinales

. Managua, Nicaragua. Licenciado en Derecho, Máster Oficial en Abogacía y Pensamiento Filosófico Contemporáneo por la Universidad de Valencia. Actualmente es candidato a Doctor en Derecho Constitucional. Trabaja como consultor jurídico en Nicaragua y España. Ámbitos de interés: Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, Derecho económico, Relaciones Internacionales y Geopolítica latinoamericana, Teoría del Estado y el Derecho, Jurisprudencia comparada, Filosofía del Derecho, Teología y Filosofía de la Liberación.

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